Mediante la presente iniciativa, se pretende introducir varias reformas a la Ley orgánica del ambiente con la finalidad de fortalecer y consolidar los mecanismos jurídicos para hacer una realidad la participación del pueblo en la toma de decisiones que afectan el ambiente en sus comunidades, en cumplimiento del principio estipulado en el párrafo primero del artículo 9 de la Constitución Política.