El proyecto busca introducir dos adiciones al Código Procesal Penal en el siguiente sentido: 1) Un segundo párrafo al artículo 38, para que en los delitos cometidos contra el ambiente toda persona esté legitimada para ejercer la acción civil, sin que pueda pedir ni recibir alguna indemnización para sí, salvo lo relativo al pago de costas procesales. 2) Un inciso e) al artículo 70, para que en el caso de delitos contra el ambiente, se considere víctima a cualquier persona.