La presente iniciativa, según su exposición de motivos, tiene como objetivo la reducción de las personas funcionarias públicas que tengan acceso al uso de vehículos discrecionales, como una forma de disminuir el gasto público. En este sentido se reduciría de 122 vehículos de uso discrecional a solo 31, siendo que los restantes 91 vehículos se trasladarán a uso semi discrecional. De esta manera los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Supremo de Elecciones al igual que los presidentes ejecutivos de las instituciones autónomas, ya no tendrían asignados vehículos de uso discrecional, sino vehículos de uso semi discrecional. Finalmente impone la iniciativa la obligatoriedad para los vehículos de uso semi discrecional de portar placas de acuerdo con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 236 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial. Ley Nº 9078 del 4 de octubre de 2012.