Reformar la Ley de la Defensoría de los Habitantes para autorizar al ombudsman costarricense a solicitar, mediante el Poder Ejecutivo, opiniones consultivas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre la conformidad de la legislación costarricense con la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y demás instrumentos internacionales en materia de derechos humanos vinculantes para el país.