Propone medidas que involucran al productor, buscando la internalización de las externalidades ambientales, en la línea en la que lo plantea la OCDE. Además, se incluyen sanciones para los productores que no cumplan y para las personas funcionarias públicas, cuyas omisiones injustificadas imposibiliten el cumplimiento de la Ley para la Gestión Integrada de Residuos, mediante las reformas y las adhesiones que se someten a la consideración de las personas diputadas.