Asotranstur advierte que el cobro aumentaría los costos operativos de las empresas y solicita conocer los estudios técnicos que justifican su aplicación.
La Asociación de Transportistas de Turismo de Costa Rica (Asotranstur) manifestó este miércoles 11 de noviembre su rechazo al nuevo canon de regulación que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) aplicará a los servicios especiales de transporte, al considerar que representa una carga económica adicional para las empresas del sector.
La organización expresó su posición después de participar en una reunión convocada por Aresep el pasado 10 de noviembre, junto con representantes del transporte de trabajadores y estudiantes. Según lo informado por la autoridad reguladora, el cobro comenzará a aplicarse en 2027 al transporte especial de trabajadores y posteriormente se extenderá a las modalidades de estudiantes y turismo.
Asotranstur argumentó que las empresas de transporte turístico ya enfrentan elevados costos operativos, requisitos administrativos y el pago de un canon al Consejo de Transporte Público (CTP). La asociación advirtió que la incorporación de otra obligación económica podría afectar especialmente a las pequeñas y medianas empresas, con posibles consecuencias para el empleo y la continuidad de los servicios.
La agrupación también señaló que los costos adicionales podrían trasladarse a las tarifas que pagan las personas usuarias y turistas. Asimismo, expresó preocupación por la posibilidad de que algunas empresas abandonen la actividad formal ante las dificultades para cubrir sus obligaciones.
Solicitan estudios técnicos y revisión del cobro
La asociación aseguró que durante la reunión con Aresep no recibió aclaraciones satisfactorias sobre los estudios técnicos que respaldan el cálculo del canon, el procedimiento utilizado y su aprobación por parte de la Contraloría General de la República, conforme al artículo 82 de la Ley 7593.
Por esa razón, Asotranstur solicitó acreditar la aprobación del canon, divulgar los estudios técnicos y financieros que sustentan los montos y suspender su aplicación mientras se aclaran estos aspectos. También pidió evaluar el impacto económico de manera diferenciada, según la modalidad de transporte y el tamaño de las empresas, así como garantizar la participación del sector en el proceso.
La organización, presidida por José Daniel Calderón Cordero, aclaró que no se opone a la regulación de los servicios de transporte, pero considera necesario que cualquier cobro sea transparente, proporcional y esté debidamente justificado. Además, indicó que valorará eventuales acciones institucionales y legales para defender los intereses de sus asociados.
Aresep defiende legalidad del canon
Por su parte, Aresep defendió la legalidad del nuevo canon y explicó que su aplicación responde a las competencias establecidas en las leyes 7593 y 3503. La institución sostiene que el cobro permite financiar sus funciones de regulación, supervisión y control, y que los montos se determinan mediante una metodología institucional.
La autoridad reguladora indicó que, para el transporte especial de trabajadores, el canon se calculó considerando la capacidad de pasajeros de las unidades autorizadas. Según sus estimaciones, el monto será aproximadamente un 25% inferior al que actualmente pagan los operadores al CTP, aunque se trata de obligaciones distintas.
Aresep también informó que realizará una segunda reunión con representantes del sector para profundizar en los aspectos técnicos del canon y su metodología de cálculo. Asimismo, señaló que todavía analiza los mecanismos de recaudación y pago que utilizará para implementar el cobro.
