Hay una idea que todavía sobrevive en parte de la cultura policial: no usar el cinturón de seguridad para poder salir más rápido de la patrulla si aparece una amenaza. El razonamiento parte de riesgos reales, como una emboscada, un enfrentamiento o la necesidad de reaccionar en segundos. Sin embargo, conduce a una contradicción difícil de defender: renunciar durante todo el recorrido a una protección comprobada para estar preparado ante una situación excepcional que quizá nunca ocurra.
En Costa Rica, esa lógica incluso llegó a formalizarse. El Reglamento para Uso de Vehículos del Ministerio de Seguridad Pública exceptúa del uso del cinturón a determinados oficiales cuando su utilización pueda colocarlos en una situación de riesgo o desventaja. La disposición se reformó en 2010 y continúa vigente. La actual Ley de Tránsito entró en vigor en 2012 y estableció como regla el uso del cinturón por conductores y ocupantes. Desde entonces, el reglamento recibió varias reformas, incluso para adecuarlo a la propia Ley 9078, pero esa excepción permaneció intacta. Más de quince años después, parece razonable preguntarse si no llegó el momento de revisarla.
La discusión tampoco termina en la libertad individual. La Sala Constitucional reconoció que el uso obligatorio del cinturón protege la vida, la salud y la seguridad vial. Los siniestros de tránsito generan discapacidad e incapacidades laborales y requieren atención médica y rehabilitación que representan costos millonarios para el INS y la CCSS y, por ende, para Costa Rica. Viajar sin cinturón no es una decisión cuyas consecuencias recaigan únicamente sobre quien asume el riesgo.
El problema también es de probabilidades. En Estados Unidos, los incidentes de tránsito llegaron a ser, durante 13 años consecutivos, la principal causa de muerte de policías en servicio. Datos federales citados por la Asociación Internacional de Jefes de Policía señalan que, entre 1980 y 2008, al menos el 42% de los oficiales fallecidos en choques no utilizaba cinturón. En 2025 se registraron 34 muertes policiales relacionadas con el tránsito y cinco fallecimientos por armas de fuego clasificados específicamente como emboscadas. No todas las muertes viales pueden atribuirse a la falta de uso del cinturón, pero la comparación ayuda a dimensionar el riesgo cotidiano de la carretera.
En Costa Rica no he encontrado una estadística pública consolidada que permita comparar cuántos policías fallecen en siniestros viales y cuántos en enfrentamientos, ataques o emboscadas. Esa ausencia de información también merece atención. Sí sabemos que el problema vial existe institucionalmente: el propio Ministerio de Seguridad Pública puso en marcha un curso de manejo de vehículos policiales para disminuir accidentes con unidades oficiales y fomentar una cultura preventiva.
El error está en plantear el asunto como si hubiera que escoger entre seguridad táctica y seguridad vial. No hay que escoger. Un policía puede viajar sujeto y estar preparado para abandonar rápidamente el vehículo cuando sea necesario. La respuesta profesional debería ser entrenar el uso y la liberación del cinturón hasta convertirlos en una maniobra natural. Un cinturón puede soltarse rápidamente con entrenamiento; un cuerpo sin sujeción, en cambio, queda sometido por completo a las fuerzas de un choque o un vuelco.
La seguridad operativa se fortalece sumando protecciones: cinturón, chaleco, conducción defensiva, entrenamiento y buenos procedimientos. Un funcionario gravemente lesionado antes de llegar a una emergencia ya no puede proteger a nadie.
Al lector le propongo un ejercicio sencillo. Durante los próximos días, cuando vea una patrulla en circulación, observe discretamente cuántos de sus ocupantes llevan puesto el cinturón. No se trata de señalar personas ni instituciones, sino de comprobar hasta qué punto una medida básica de seguridad forma realmente parte de la cultura policial cotidiana.
Prepararse para la amenaza que podría aparecer nunca debería aumentar el riesgo frente a la que acompaña al policía todos los días: la carretera.
