Una elección puede cambiar el equilibrio del poder sin cambiar al presidente. Eso acaba de ocurrir en Estados Unidos. El 3 de noviembre, los electores entregaron a los demócratas el control de ambas cámaras del Congreso y transformaron los dos últimos años de la presidencia de Donald Trump. La noticia importa más allá de Washington: cuando el poder se divide, la política comercial y exterior deja de ser una secuencia de decisiones ejecutivas y vuelve a ser, con toda su fricción, una negociación entre instituciones, partidos e intereses.
La conclusión no es que el comercio vaya a recuperar de pronto. Esa época no está a la vuelta de la esquina. La conclusión es más útil: en un mundo donde la seguridad, la industria y el acceso a los mercados se han mezclado, un país pequeño necesita saber qué quiere, quién puede ayudarlo a conseguirlo y qué está dispuesto a ofrecer. La diplomacia no es el arte de esperar que otros comprendan nuestra importancia. Es el trabajo paciente de volverla evidente.
Costa Rica debería tener presente esa diferencia mientras se aproxima la elección municipal del 6 de febrero de 2028. No porque los cantones deban permanecer al margen de las decisiones nacionales, sino porque la política comercial y exterior no puede convertirse en rehén de cada calendario electoral. Se decide en democracia, por supuesto, pero sus efectos exceden el mandato de un alcalde, una legislatura o un gobierno. Cada inversión que no llega, cada mercado que se cierra y cada regla que se adopta sin nuestra participación estrechan el margen de decisión del país.
La política internacional ha cambiado de idioma. Hoy se habla de seguridad económica, minerales críticos, resiliencia de las cadenas de suministro, subsidios, datos, inversión estratégica y control de tecnologías. Tras esas palabras hay una disputa concreta: quién produce, quién fija las condiciones y quién asume el costo de depender de otros. Costa Rica no necesita imitar a las grandes potencias ni fingir que dispone de sus recursos. Necesita escoger con precisión los ámbitos donde su participación resulta valiosa y actuar con la continuidad que esa elección exige.
El nuevo Congreso estadounidense obliga a leer con cuidado la relación bilateral. La Casa Blanca conserva instrumentos comerciales delegados por ley, entre ellos las secciones 232 y 301; el Congreso mantiene atribuciones sobre comercio, presupuesto y supervisión. Y, sin una nueva autorización de promoción comercial, no hay una vía rápida que garantice la aprobación legislativa de un acuerdo amplio. Para Costa Rica, ese reparto de poder exige una diplomacia que trabaje en más de una dirección: con la administración, con ambos partidos, con los comités pertinentes y con las empresas que conocen el valor de nuestras operaciones.
La exposición es tangible. Los dispositivos médicos representan el 48% de las exportaciones costarricenses de bienes. Ese dato puede leerse como una fortaleza productiva, pero también como una responsabilidad diplomática: cualquier discusión sobre aranceles, seguridad de suministros o reglas de origen puede afectar una parte decisiva de nuestra relación económica con Estados Unidos. El argumento costarricense debe ser verificable. No basta con decir que somos un socio confiable; hay que demostrar qué aporta nuestra producción a la seguridad de abastecimiento, a la innovación y al acceso de los pacientes a bienes esenciales.
Europa ofrece otro espacio para una estrategia de largo aliento. La Unión Europea procura reducir dependencias sin renunciar a una economía abierta. En marzo, la UE y los países del Acuerdo Transpacífico acordaron desarrollar áreas de cooperación en comercio digital, facilitación de inversiones y resiliencia de las cadenas de suministro. Para Costa Rica, ese diálogo no es una fotografía diplomática: es una oportunidad para participar en la elaboración de reglas que definirán mercados futuros. La pregunta no es si el país debe escoger entre Washington, Bruselas o Asia. La pregunta es qué propuesta concreta puede llevar a cada mesa y cómo convertirla en oportunidades de inversión, empleo y transferencia tecnológica.
Para hacerlo, la política comercial y exterior debe conversar mejor con la política económica interna. Cancillería, Comex, Procomer y las instituciones responsables de talento, infraestructura, energía y permisos tienen que operar sobre prioridades compartidas. También los gobiernos locales son parte de esa ecuación: las decisiones sobre suelo, movilidad, agua y servicios condicionan la posibilidad de atraer y sostener inversión. La competitividad no se firma en un tratado; se construye o se pierde en lugares concretos.
Esa coordinación requiere objetivos medibles, equipos técnicos estables y una evaluación honesta de costos y beneficios. Un acuerdo comercial no es un trofeo; una visita oficial no es una estrategia; una promesa de inversión no es todavía un resultado. El país debe poder explicar qué busca, qué ofrece, qué sectores se beneficiarán y qué ajustes serán necesarios. Esa claridad también es política: permite defender una decisión ante la ciudadanía y corregirla cuando los datos indiquen que no está dando fruto.
La elección municipal pasará. La geografía económica que ahora se está configurando seguirá allí. Costa Rica puede llegar a ella como espectadora que reacciona a decisiones ajenas o como interlocutora que prepara sus prioridades, organiza sus capacidades y propone soluciones. La diferencia no dependerá de nuestro tamaño, sino de la seriedad con que definamos el interés nacional y de la disciplina con que lo persigamos. En política comercial y exterior, el futuro no se hereda: se negocia.
