El proyecto de ley 25.880, presentado por la diputada Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, plantea que los graduados en Medicina que reprueben el examen de incorporación puedan optar por cursos de nivelación organizados por el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, en coordinación con la Caja Costarricense de Seguro Social y el Ministerio de Salud.
La intención declarada es ofrecer una alternativa a quienes, después de concluir sus estudios universitarios, no consiguen superar el Examen de Conocimientos Médicos de Costa Rica (ECOM-CR). La propuesta contempla formación teórica, práctica y evaluaciones. No se trata, por tanto, de entregar incorporaciones automáticas. Pero el hecho de exigir evaluaciones no resuelve la objeción principal: ¿por qué debe encargarse el Colegio de Médicos de completar una formación académica que correspondía proporcionar a las universidades?
Me preocupa que estemos discutiendo cómo resolver la situación de los graduados que reprueban, sin prestar suficiente atención a las razones por las cuales tantos llegan a esa condición.
Durante las dos convocatorias del ECOM-CR realizadas en 2026, más de la mitad de los aspirantes no logró aprobar. Las diferencias entre instituciones universitarias son igualmente preocupantes. No son cifras que permitan condenar a una universidad ni desacreditar individualmente a sus graduados, pero tampoco deberían pasar inadvertidas para las autoridades responsables de la educación superior.
Una facultad de Medicina no se limita a impartir asignaturas y extender diplomas. Asume la responsabilidad de formar profesionales que, eventualmente, tendrán en sus manos la salud de otras personas. Cuando sus egresados presentan dificultades recurrentes para demostrar los conocimientos indispensables para ejercer, corresponde revisar qué está ocurriendo durante esos años de formación.
El Colegio de Médicos y Cirujanos no sustituye esa responsabilidad
Nuestra institución tiene una trayectoria histórica de compromiso con el ejercicio profesional y la actualización científica de sus agremiados. La educación médica continua constituye una parte fundamental de esa labor. Los médicos incorporados debemos mantener nuestros conocimientos actualizados, revisar nuestras prácticas y responder a los avances de una ciencia que cambia constantemente. El Colegio promueve y avala actividades académicas precisamente con ese propósito.
Pero hay una diferencia sustancial entre la educación continua de un profesional habilitado y la corrección de deficiencias académicas de quien todavía aspira a incorporarse.
Los estudios universitarios tienen responsables claramente identificables. Son las universidades las que establecen sus planes de estudio, contratan profesores, organizan las prácticas clínicas, aplican evaluaciones y, finalmente, determinan cuándo un estudiante reúne las condiciones académicas para graduarse. No encuentro justificación para que, una vez entregado el título, se pretenda trasladar al Colegio la obligación de subsanar las insuficiencias de esa formación.
Costa Rica dispone de una estructura institucional que también debe responder por la calidad de su educación superior. Conare cumple funciones de coordinación en el ámbito universitario estatal; Conesup tiene competencias respecto de las instituciones privadas; y Sinaes desarrolla los procesos de acreditación oficial de calidad. Estas entidades tienen responsabilidades diferentes, pero todas forman parte del marco institucional en el que debe examinarse la formación universitaria.
El Colegio puede contribuir a identificar los conocimientos en los que los aspirantes presentan dificultades. Los resultados de las evaluaciones constituyen información valiosa para las universidades, que deberían utilizarlos para revisar sus programas y ofrecer el apoyo académico que corresponda.
No es una cuestión menor. Si determinados contenidos clínicos presentan dificultades recurrentes entre egresados de una misma institución, sería necesario investigar cómo se están impartiendo y evaluando. Si los problemas se concentran en ciertas áreas de formación, deben estudiarse las condiciones en que los alumnos realizan sus prácticas. Y si los resultados se repiten durante varias convocatorias, la revisión no debería limitarse a recomendar que los graduados estudien más para el siguiente examen.
Debemos preguntarnos también qué responsabilidad asume una universidad frente a sus propios graduados.
Estudiar Medicina supone años de dedicación y, particularmente en las instituciones privadas, una inversión económica considerable. Los estudiantes confían en que la formación recibida les permitirá desarrollar las competencias propias de la profesión. Cuando esa expectativa no se cumple, limitar la explicación a las deficiencias individuales del aspirante resulta insuficiente.
El examen no puede atribuir por sí solo responsabilidades académicas, pero sus resultados sí justifican que las instituciones formadoras rindan cuentas sobre la preparación de sus egresados.
Me parece lamentable que una diputada de la República formule una propuesta legislativa que, en lugar de abordar estas responsabilidades, pretenda trasladar al Colegio de Médicos una función correctiva que corresponde primordialmente a las universidades. El proyecto evidencia una comprensión insuficiente de la organización del sistema de formación y habilitación profesional.
Una iniciativa de esta naturaleza debería partir de una evaluación rigurosa de las causas del problema. No basta con identificar a un grupo de graduados que encuentra dificultades para incorporarse y diseñar un procedimiento alternativo. Estamos ante una profesión regulada por razones que tienen relación directa con la protección de la vida humana.
Habría sido pertinente conocer primero qué hicieron las universidades ante los resultados del ECOM-CR, cuáles revisaron sus programas académicos, qué medidas de apoyo ofrecen a sus graduados y cuáles son los mecanismos de supervisión que se están aplicando. Esa información permitiría discutir una reforma con conocimiento de sus implicaciones.
Como médico, no considero que un examen deba estar exento de revisión. Sería contrario al propio pensamiento científico sostener que un instrumento de evaluación no puede contener deficiencias. El ECOM-CR debe demostrar su validez, su pertinencia clínica y la consistencia de sus resultados. Si requiere modificaciones, deben hacerse sobre bases técnicas.
Lo que cuestiono es que se pretenda resolver un problema de formación académica modificando las responsabilidades del organismo encargado de verificar la idoneidad profesional.
El conocimiento médico no es una exigencia abstracta. Se manifiesta cuando debemos reconocer una emergencia, decidir si un paciente requiere hospitalización, interpretar resultados de laboratorio o identificar un tratamiento que podría producir complicaciones graves. La preparación insuficiente tiene consecuencias que no se limitan a la trayectoria laboral del graduado.
De ahí que la incorporación profesional deba mantenerse sujeta a criterios rigurosos, cualquiera que sea el mecanismo utilizado para verificar las competencias. Los programas de nivelación pueden tener utilidad académica, pero corresponde preguntarse quién debe ofrecerlos y con qué responsabilidades. La aprobación de una ley no elimina esa discusión.
Quizás sea momento de que las autoridades universitarias, los organismos de supervisión y las propias facultades de Medicina expliquen públicamente qué interpretación hacen de los resultados del ECOM-CR. Sería una discusión provechosa para los estudiantes, para quienes ya se graduaron y para los pacientes que algún día recibirán su atención.
La Asamblea Legislativa tiene la oportunidad de examinar un problema que merece atención, pero debería hacerlo comenzando por sus causas.
Cuando un número tan importante de graduados no consigue superar una evaluación de conocimientos, lo primero que debemos investigar es la formación que recibieron.
Las universidades no pueden quedar al margen de esa responsabilidad. Tampoco corresponde al Colegio de Médicos convertirse en el encargado de remediar todas las deficiencias que eventualmente se produzcan durante la enseñanza universitaria.
Antes de buscar nuevas vías para incorporar médicos, deberíamos exigir respuestas sobre la calidad de la formación que están recibiendo.
Esa es la discusión que considero pendiente. Y sus consecuencias nos afectan a todos, porque cualquiera de nosotros, en algún momento, terminará confiando su salud a uno de esos profesionales.
