Un cálculo sobre la esperanza de vida, planteado en una comisión legislativa, sirve para revisar cómo hablamos de las personas mayores en el debate público.
Hace unos días, la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa examinó el préstamo que una asociación solidarista le otorgó a una magistrada de 66 años. En esa sesión, el diputado Antonio Barzuna expresó su preocupación por el posible efecto sobre los fondos públicos. Según el diputado, el crédito, a treinta años de plazo, terminaría de pagarse cuando la magistrada cumpla 96, y como la esperanza de vida en Costa Rica ronda los 82, si ella falleciera antes, el saldo lo cubriría la póliza del INS y, por esa vía, los costarricenses.
No pretendo pronunciarme sobre si el préstamo se otorgó correctamente ni sobre la reelección en curso. Para eso existen instancias, y no es el tema de esta columna. Me interesa el uso de la edad dentro del argumento, porque es un razonamiento que se escucha con frecuencia en el país y que casi nunca se examina.
La Organización Mundial de la Salud entiende por edadismo los estereotipos, los prejuicios y la discriminación que se dirigen a las personas por su edad. En su Informe mundial sobre el edadismo, elaborado en 2021 con otras agencias de Naciones Unidas, estima que la mitad de la población del planeta tiene actitudes edadistas hacia las personas mayores. Buena parte de ellas pasa inadvertida, porque suele presentarse como sentido común.
Conviene detenerse en la cifra. Cuando se dice que la esperanza de vida es de alrededor de 82 años, se está hablando de un promedio calculado al nacer. El INEC la estimó en 80,91 años para 2024. Ese indicador resulta útil para planificar pensiones o servicios de salud, pero no anticipa cuánto vivirá una persona en particular, y menos una que ya superó los 65. Para las mujeres que llegan a esa edad, el mismo INEC calcula en promedio unos 21,6 años adicionales, lo que sitúa la referencia cerca de los 87. El cálculo de los 96 años se construyó, por tanto, con un parámetro que no corresponde a la edad de la persona.
A esto se suma algo que la gerontología repite desde hace décadas: la vejez es la etapa de la vida con mayores diferencias entre personas. Dos mujeres de 66 años pueden tener condiciones de salud y de autonomía muy distintas. Por eso hablamos de edad cronológica y de edad fisiológica, y por eso aplicar un promedio poblacional a alguien con nombre y apellido termina diciendo poco sobre esa persona.
El otro elemento del argumento es la idea de que, al final, todos pagaríamos. Esa imagen de la persona mayor como un costo que la sociedad absorbe aparece en muchas discusiones. La encontramos cuando se habla de las pensiones como si fueran un simple gasto, cuando se cotizaron durante años, y también cuando la atención en salud de la población mayor se presenta como una carga. En ese marco, la persona deja de verse como titular de derechos.
En la resolución 2024-017686, la Sala Constitucional conoció el caso de un asegurado de 76 años al que el INS le había aumentado la prima de su póliza de gastos médicos con base únicamente en su edad. La Sala lo consideró discriminatorio y ordenó revalorar la prima con criterios técnicos y médicos. La lección de aquel fallo sirve también aquí: la edad sola no justifica tratar a alguien de manera distinta, y tampoco debería bastar en el debate público para presentar a una persona como un riesgo para los demás.
Si se acepta que un crédito de largo plazo se vuelve cuestionable porque quien lo recibe tiene 66 años, la misma lógica se puede extender a cualquier persona jubilada que pida un préstamo para su vivienda. Muchas personas mayores ya se topan con esa barrera en bancos y aseguradoras, a menudo sin que nadie revise si los límites de edad que se les aplican son razonables. La OMS llama a esto edadismo institucional.
Costa Rica tiene compromisos claros en la dirección contraria. La Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, Ley 7935, rige desde 1999, y el país ratificó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que establece la igualdad y la no discriminación por razones de edad como principio general.
El asunto tiene también consecuencias en la salud. El informe de Naciones Unidas vincula el edadismo con peor salud física y mental, con más aislamiento y con una esperanza de vida menor. Quienes interiorizan una imagen negativa de la vejez tienden a cuidarse menos y a retirarse antes de la vida comunitaria. Lo que se dice en espacios con autoridad, como una comisión legislativa, pesa en esa imagen colectiva más de lo que solemos admitir.
Nada de lo anterior limita el control político. Es legítimo preguntar si una persona recibió condiciones diferentes a las de otras en su misma situación, tenga la edad que tenga. Esa pregunta puede plantearse revisando las reglas que se aplicaron y comparándolas con otros casos. Lo que conviene evitar es que la expectativa de vida de una persona concreta se convierta en parte del argumento.
El INEC proyecta que la proporción de personas de 65 años y más se duplicará en los próximos veinte años. Vamos a discutir cada vez más asuntos que involucran a personas mayores, en la Asamblea y fuera de ella, y nos toca aprender a hacerlo sin usar la edad como prueba de nada.
