Costa Rica tiene una crisis de residuos, pero también tiene una extraordinaria oportunidad económica que estamos enterrando todos los días. No se trata solamente de encontrar dónde colocar la basura cuando se llena un relleno sanitario, sino de construir un modelo en el que prevenir, separar, reparar, compostar, reciclar y valorizar resulte más atractivo que desechar.
Este fue el centro del foro Retos país en el manejo de desechos y la creación de incentivos, celebrado el 29 de octubre en la Asamblea Legislativa, a propósito del expediente 24.678, que propone crear un régimen especial de incentivos para las actividades productivas de valorización de residuos.
Fue una conversación que reunió a representantes del sector empresarial, gobiernos locales, especialistas y liderazgos políticos. Me quedo especialmente con las conclusiones de quienes participaron, porque permiten identificar no solo las dificultades, sino también las oportunidades para cambiar de rumbo.
Cuatro obstáculos para dejar de enterrar oportunidades
Adrián Castro, vicepresidente de la Cámara de Empresas Gestoras de Residuos (Cangesa), fue contundente: actualmente, en Costa Rica resulta más caro valorizar que enterrar. Identificó cuatro obstáculos que explican esta situación.
Primero, la logística: recolectar cantidades pequeñas y dispersas en un territorio montañoso eleva los costos. Segundo, la calidad de la separación: cuando los materiales llegan contaminados, una parte importante termina siendo rechazada. Tercero, los precios: el valor de las materias primas recuperadas fluctúa en los mercados internacionales, lo que afecta la rentabilidad de quienes las gestionan. Cuarto, la competencia desleal: existen operadores que certifican tratamientos sin contar con la capacidad real para realizarlos.
Su planteamiento fue más allá de los incentivos fiscales. Propuso fortalecer la trazabilidad, fiscalizar a los gestores, establecer metas obligatorias de recuperación y generar señales económicas que hagan competitiva la valorización.
La educación ciudadana es indispensable, pero no podemos seguir responsabilizando exclusivamente a las familias. De poco sirve separar cuidadosamente los residuos si después no existen sistemas de recolección diferenciada, gestores fortalecidos y mercados capaces de aprovecharlos.
Mucha legislación, poco cumplimiento
Elsie Álvarez, directora de Fundellantas, presentó un ejemplo que ilustra perfectamente nuestras contradicciones: el reencauche de llantas.
Una llanta que todavía puede rodar miles de kilómetros adicionales mediante el reencauche no debería convertirse prematuramente en residuo. Repararla significa aprovechar materiales, conservar empleos industriales y reducir costos.
Costa Rica cuenta con normativa que promueve estas prácticas, incluso en las compras públicas. Sin embargo, como señaló Elsie, una cosa es tener legislación y otra muy distinta hacerla cumplir.
Su ejemplo de la Municipalidad de San José fue revelador: mediante una gestión técnica de las llantas y el reencauche, el municipio consiguió ahorros que pudo reinvertir en una unidad móvil de rescate.
No siempre necesitamos inventar nuevas soluciones. A veces basta con cumplir lo que ya establecimos y administrar correctamente nuestros recursos.
Una alcaldesa que se atreve a innovar
Jacqueline Segura, alcaldesa de Santa Bárbara de Heredia, decidió abrir las puertas a una propuesta innovadora para transformar residuos orgánicos mediante larvas de mosca soldado negra. La iniciativa se desarrolla con el programa TEBU de cooperación internacional y, como piloto, utiliza residuos provenientes de comedores escolares para producir insumos aprovechables. Iniciado en julio, el piloto ya había procesado aproximadamente ocho toneladas de residuos al momento del foro.
Lo interesante no es solamente la tecnología basada en la naturaleza, sino la disposición de una municipalidad pequeña, con recursos limitados, a explorar soluciones diferentes. La alcaldesa explicó que la propuesta había sido presentada a varias municipalidades, pero Santa Bárbara fue la que decidió dar el paso.
Ese liderazgo merece reconocimiento. Innovar implica asumir riesgos, construir alianzas, aprender y comprender que los gobiernos locales no tienen por qué resolver solos todos los problemas.
¿Son más baratos los rellenos sanitarios?
Esa es una pregunta clave.
Sí, en el corto plazo. No necesariamente en el largo.
Adrián Castro explicó que un relleno sanitario puede habilitarse mucho más rápidamente y con inversiones considerablemente menores que una planta de transformación de residuos. Esa diferencia económica explica, en parte, por qué continuamos apostando por el enterramiento.
Pero Claudia Dobles planteó una pregunta fundamental: ¿estamos contabilizando todos los costos?
¿Qué pasa con los impactos en la salud, los olores, la contaminación, la pérdida de valor de las propiedades vecinas y las consecuencias ambientales? ¿Cuánto cuesta transportar materiales cada vez más lejos? ¿Cuánto valor económico estamos desperdiciando?
La comparación cambia cuando ampliamos el horizonte y dejamos de mirar únicamente la tarifa por tonelada. Una solución aparentemente barata puede resultar carísima cuando sus costos ambientales y sociales se trasladan a las comunidades y a las futuras generaciones.
Tampoco se trata de eliminar por completo los rellenos sanitarios, porque siempre habrá materiales y rechazos que necesiten disposición final. El objetivo debe ser reducir progresivamente lo que llega a ellos y recuperar todo el valor posible antes de enterrar o incinerar.
Los incentivos son inversión, no solamente renuncia fiscal
Kattia Cambronero, exdiputada que acogió e impulsó la iniciativa legislativa surgida de la propuesta ciudadana que presenté, recordó que nuestro modelo de gestión de residuos ha funcionado durante décadas reaccionando a las crisis: se llena un relleno y buscamos otro.
Su propuesta es cambiar la lógica económica para convertir los residuos en oportunidades de inversión, negocios y empleos verdes.
En un país con dificultades fiscales, los incentivos pueden despertar resistencia. Pero una exoneración bien diseñada no debe evaluarse únicamente por los impuestos que temporalmente dejan de recaudarse, sino también por la inversión que moviliza, los empleos que genera, los costos públicos que evita y la actividad económica que hace posible.
Por supuesto, deben existir condiciones, controles y resultados verificables. Incentivar no significa regalar recursos, sino orientar la economía hacia actividades que producen beneficios colectivos.
Cambronero también insistió en que el proyecto de ley es apenas una parte de un ecosistema mucho más amplio. Necesitamos mejorar la gobernanza, reducir trámites, desarrollar mercados y reconocer el potencial productivo de los materiales que hoy desechamos.
Que la conversación incómoda continúe
El cierre de Claudia Dobles dejó un compromiso concreto: el expediente 24.678 ya cuenta con dictamen favorable de mayoría de la Comisión de Ambiente y debe avanzar hacia el plenario legislativo.
La diputada anunció que solicitará al Poder Ejecutivo su convocatoria durante las sesiones extraordinarias y que, mientras tanto, se podrán trabajar propuestas para mejorar el texto y facilitar su avance en el siguiente período ordinario.
También se comprometió a continuar generando espacios de diálogo para encontrar soluciones.
Celebro ese compromiso porque necesitamos conversaciones incómodas, capaces de cuestionar intereses, reconocer contradicciones y confrontar la distancia entre nuestras aspiraciones ambientales y nuestras decisiones económicas.
Tenemos legislación, conocimiento, empresas, tecnologías, gobiernos locales innovadores y personas comprometidas. Lo que necesitamos es articular esas capacidades para construir un sistema en el que aprovechar los materiales sea un buen negocio y desperdiciarlos deje de ser la opción más sencilla.