El lunes 16 de noviembre asesinaron al periodista Camilo Rodríguez en Santo Domingo de Heredia, a pocos metros de donde mataron a Parmenio Medina en 2001. Cuesta asimilar que, con veinticinco años de diferencia, los dos hayan sido asesinados tan cerca, en un país acostumbrado a mirar la violencia contra la prensa como si fuera asunto de otros. A la Fiscalía y al OIJ les corresponde esclarecer quién mató a Camilo y por qué. Desde el lunes, quien esté por cuestionar y criticar de manera directa al poder tiene un motivo más para preguntarse cuánto le puede costar… Ese miedo ya es un asunto político.
Creemos vivir en democracia porque votamos para elegir a quienes nos gobiernan y porque existe la división de poderes. Le rendiríamos más honor a esa palabra, que viene del griego demos (pueblo) y kratos (poder), si también nos preguntáramos qué puede hacer la gente frente a quien ganó las elecciones. Las democracias descansan sobre los derechos individuales y las libertades civiles, que ejercemos al publicar una denuncia pública, al emitir una opinión en redes sociales, al salir a marchar o al pedirle explicaciones a un funcionario público en la calle. En Costa Rica, el poder se vuelve contra el pueblo cuando pedir cuentas empieza a dar miedo.
El viejo bipartidismo entre Liberación Nacional y el PUSC se quebró con las elecciones de 2002, y el país pasó a hacer política con más partidos en disputa por la Presidencia y la Asamblea. Con el ascenso del chavismo, la confrontación se instaló como forma de ejercer el poder, hasta el punto de que hoy basta una crítica para que nos adjudiquen un bando y nos exijan defender todo lo que ese bando hace. Así hemos aprendido a decidir de antemano a quién creerle, incluso cuando lo que se discute es el asesinato de un periodista.
Esa forma de entender el desacuerdo quedó a la vista el 14 de setiembre, en Cartago, cuando Rodrigo Chaves le respondió con un pueril “lero, lero” a un ciudadano que le había hecho una pregunta. Cuando aplaudimos esa tontería infantil, aceptamos que un ministro trate como un estorbo a alguien a quien también representa. El próximo ciudadano que quiera una explicación recibe el mensaje de que pedirla puede costarle una humillación pública. Así le trasladamos a quien pide cuentas la incomodidad que viene con el cargo de quien debe rendirlas.
Por eso, es vital entender cómo el lenguaje cambia a quién estamos dispuestos a escuchar y a quién dejamos de reconocer como un igual. Cuando una autoridad ridiculiza a quien la cuestiona, la burla adquiere el peso del cargo público, y quienes la repiten en las redes o en la calle ayudan a convertirla en una forma aceptable de tratar a quien disiente. Así se nos hace normal medir la gravedad de una amenaza según quién la recibe, y ahí empieza la indiferencia ante daños que, si los sufriera alguien cercano, nos parecerían intolerables.
Laura Fernández calificó el asesinato de Camilo como “una mancha contra la libertad de expresión”. La incongruencia está en que, cinco días antes, había dicho que consideraba demandar al periodista que publicó reportajes sobre posibles irregularidades en una compra pública. Defender esa libertad también significa aceptar que un periodista pregunte cómo se usa el dinero público y que insista si el Gobierno esquiva la pregunta.
Camilo ejercía esa libertad al denunciar presuntos vínculos entre el narcotráfico y figuras políticas. También la ejercemos al preguntarle al Gobierno cómo va a medir los resultados de su política de seguridad después de inaugurar el CACCO con bombos y platillos. Puede decir cuántas personas están bajo custodia y explicar qué está haciendo para que las organizaciones criminales pierdan capacidad de reclutamiento en el barrio donde el narco puede ofrecerle a un muchacho el primer ingreso de su vida. ¿Puede ese muchacho terminar el colegio y conseguir un empleo digno antes de que ese dinero le parezca su única opción? Darle esa posibilidad lleva años de trabajo y nos toca seguir pidiendo cuentas mucho después de los aplausos de la inauguración.
El asesinato de Camilo deja pocas razones para el optimismo. La confrontación política se ha vuelto costumbre en un país donde el narcotráfico ha ganado terreno, la violencia persiste y el miedo pesa en decisiones tan cotidianas como a qué hora volvemos a casa o qué nos atrevemos a decir en público. Vivir en democracia exige que quienes gobiernan protejan nuestras libertades, desarticulen las redes criminales y abran oportunidades en las comunidades donde el narco recluta. Nos vamos deshumanizando cuando el dolor ajeno deja de conmovernos, hasta que las atrocidades que aprendemos a tolerar terminan por definir lo que en Costa Rica consideramos una vida normal.





