A quienes crecimos en Costa Rica en los años noventa nos tocó dar una certeza por sentada: este país era ese refugio donde la democracia parecía intocable. Veíamos en las noticias cómo caían gobiernos en la región o cómo salían tanques a las calles, mientras nos consolábamos pensando que nuestro mayor conflicto era un debate encendido entre los partidos del bipartidismo. Pero el mundo cambió, y la forma en que caen las democracias también.
En ciencia política hablamos de retroceso democrático o autoritarismo legal. En sencillo: hoy los autoritarios ya no necesitan golpes de Estado ni militares cerrando parlamentos. Las democracias contemporáneas se vacían despacio, desde adentro, usando las mismas leyes del sistema para quitarle fuerza. Y casi siempre, el primer blanco es el mismo: la Asamblea Legislativa.
Por eso, cuando vemos lo que pasa en Cuesta de Moras, incluidos gritos, curules golpeadas, la orden de quitarle carteles a la oposición y propuestas para recortar los debates, la primera reacción suele ser apagar la pantalla y decir: “¡Qué circo!”. Ese es el error más peligroso que podemos cometer. Lo que parecen berrinches de oficina son, en realidad, las mismas señales con las que otros países empezaron a perder su vida republicana.
El desorden en el plenario no es mala educación casual. Responde a un libreto continuo desde Casa Presidencial. Durante el gobierno de Rodrigo Chaves y en estos meses de Laura Fernández, se instaló la idea de que revisar leyes, hacer control político o pedir cuentas es simplemente “obstruccionismo” o ganas de “no dejar gobernar”. Sumemos los ataques a la Contraloría, las presiones a la Sala Constitucional y las comisiones para interpelar a ciudadanos que marchan por la educación. El mensaje de fondo es claro: las instituciones y los frenos al poder estorban. Cuando el poder convence a la gente de que fiscalizar es un pecado, se vuelve fácil aplaudir cualquier censura.
Miremos lo que ocurrió a finales de octubre con las curules. Con 29 votos —del oficialismo de Pueblo Soberano y dos del PLN—, se aprobó una moción para prohibir de forma tajante cualquier cartel, hoja o mensaje en los escritorios legislativos, salvo las banderas del país y de los partidos. ¿La justificación oficial? Cuidar los muebles: dijeron que la goma daña el cuero, que arreglar cada curul cuesta $600 y que urgía guardar la “solemnidad”. Remataron diciendo que no había censura porque las diputaciones aún tenían el micrófono.
A primera vista suena razonable: nadie quiere malgastar plata arreglando sillas. Pero el fondo es otro. Una curul no es un pupitre cualquiera; es un espacio de representación política. Poner un cartel reclamando por recortes a la educación, apoyando a los agricultores o denunciando un problema social ante las cámaras que transmiten en vivo ha sido la única herramienta visible para una minoría cuando el oficialismo de turno no le da la palabra o le pasa la aplanadora. Si el problema real fuera el cuero, bastaba con vetar pegamentos fuertes o cobrar el arreglo. Prohibir todo mensaje de golpe no es cuidar escritorios: es maquillar el plenario para simular que nadie está inconforme.
Esa mordaza llegó junto a intentos directos de reformar el Reglamento legislativo. Con proyectos como el expediente 25.762, el oficialismo busca eliminar las mociones de reiteración, quitar el recurso de revisión y recortar de tajo el tiempo para hablar en comisiones y en el plenario. Nos lo venden como una fórmula para acabar con el filibusterismo y hacer un Congreso “eficiente”.
Pero el Congreso no es una fábrica de leyes al por mayor. Su trabajo principal no es sacar proyectos en serie para inflar números, sino discutir, negociar y corregir los errores o abusos que cualquier gobierno intente colar a la carrera. La deliberación a veces cansa y parece lenta, pero es el costo necesario para evitar leyes con huecos que terminamos pagando todos.
Este libreto no es un invento tico; ya lo hemos visto:
- Hungría: Viktor Orbán usó normas de “orden y decoro” para prohibir pancartas e imponer multas a la oposición; tras callar al parlamento, tomó el control de los jueces y la prensa.
- Polonia: el oficialismo recortó los tiempos de debate a las minorías acusándolas de entorpecer la gestión y llegó a votar presupuestos a puerta cerrada; luego arremetió contra la independencia judicial.
- El Salvador: Nayib Bukele deslegitimó a los legisladores tachándolos de parásitos y presionó al Congreso militarizándolo en 2020. Al ganar la mayoría, destituyó de inmediato a los magistrados constitucionales y al fiscal general, reduciendo la Asamblea a un trámite sin debate real.
La ventaja en Costa Rica es que aún tenemos frenos institucionales. El principal es la Sala Constitucional, que lleva décadas resolviendo que, en una democracia, la mayoría no tiene derecho a aplastar a la minoría y que debatir y proponer enmiendas son derechos sagrados. Por eso, llevar la censura de carteles y estos recortes de debate al tribunal constitucional es el camino legal correcto.
Pero no nos engañemos: las leyes y las cortes no se defienden solas. Duran lo que dure la gente dispuesta a respaldarlas.
Las democracias casi nunca se pierden de un solo golpe; se desgastan de a pocos. Se debilitan cuando normalizamos el insulto en la Asamblea Legislativa como si fuera entretenimiento. Se apagan cuando aceptamos que silenciar a un representante vale menos que el cuero de un mueble. Y se rompen cuando creemos el cuento de que la prisa ejecutiva vale más que el control y la rendición de cuentas.
No podemos seguir mirando para otro lado. Nos corresponde exigirles a las diputaciones que no aflojen en la defensa de los contrapesos, respaldar a las instituciones que están poniendo el pecho ante los ataques del poder y hablar de esto sin miedo con la familia, con el vecindario y en el trabajo. Discutir, cuestionar y frenar los abusos no atrasa al país: es la única garantía para que Costa Rica siga siendo de todas las personas. El retroceso ya está en marcha; nos toca a nosotros ponerle un alto antes de que sea demasiado tarde.
