La iniciativa de Vianey Mora Vega plantea que el requisito se cumpla al concluir la primera especialidad y no se repita en otras especialidades ni subespecialidades.
La diputada del Frente Amplio (FA), Vianey Mora Vega, presentó un proyecto de ley (expediente 25.875) que busca que el servicio social obligatorio para médicos especialistas se cumpla una única vez, al finalizar la primera especialidad.
Con ese cumplimiento, la persona no tendría que repetirlo al concluir otras especialidades o subespecialidades, como ocurre actualmente.
Según la exposición de motivos, la propuesta busca reducir las barreras que desincentivan a los médicos a continuar su formación especializada o cursar una subespecialidad, y promover su permanencia en los servicios de salud y otras instituciones públicas.
Para realizar el cambio, la propuesta reforma la Ley del Servicio Social Obligatorio para Profesionales en Ciencias de la Salud (Ley 7559). Concretamente, modifica los artículos 1, 2, 4, 5, 7, 11, 12 y 13, y adiciona un artículo 8 bis y dos transitorios.
Qué propone
Además del servicio único, el texto propone otros cambios. Uno de ellos es que las plazas para médicos especialistas se definan con base en estudios técnicos de las instituciones públicas que prestan servicios asistenciales.
Esos estudios deberían considerar la población adscrita, las listas de espera, el equipamiento, la infraestructura y la capacidad resolutiva del establecimiento, entre otros criterios. La Comisión de Servicio Social Obligatorio excluiría las plazas que no cumplan los requisitos.
El servicio ya no se prestaría únicamente en el sistema nacional de salud, sino también en otras instituciones públicas que, según sus competencias legales, requieran profesionales en ciencias de la salud.
Además, la jefatura del Departamento de Medicina Legal del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se integraría a la Comisión de Servicio Social Obligatorio.
Por otro lado, el nuevo artículo 8 bis permitiría solicitar traslados por razones justificadas, como salud, discapacidad o responsabilidades familiares de cuido. La Comisión resolvería la solicitud en un plazo máximo de 20 días hábiles, sujeto a la disponibilidad de plazas y las necesidades del servicio.
Las instituciones responsables deberían incorporar en sus presupuestos los recursos necesarios para cumplir la ley, y la remuneración se regiría por el régimen salarial de la institución donde se nombre a la persona.
Uno de los transitorios establece que quienes ya hayan cumplido el servicio social obligatorio como especialistas no tendrían que repetirlo para otra especialidad o subespecialidad, independientemente de cuándo iniciaron o concluyeron su formación.
De aprobarse el proyecto, el Poder Ejecutivo tendría seis meses para adecuar el reglamento. La falta de adecuación no impediría aplicar la ley.
Los datos de la exposición de motivos
El proyecto parte de la limitación en la disponibilidad de especialistas en el sector público. Cita un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), según el cual 14 de 39 países de la región no cuentan con suficientes profesionales en enfermería y medicina. También menciona que el Ministerio de Salud señaló que muchos hospitales regionales no tienen suficientes especialistas para cubrir la demanda en épocas de alta afluencia.
En el Poder Judicial, la exposición de motivos indica que en 2024 había 76 especialistas en Medicina Legal y Forense en el país, de los cuales cerca del 60% trabajaba para esa institución. En psiquiatría forense, el buscador del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica registraba un solo profesional al 19 de octubre de 2026.
Según el texto, entre 2023 y 2025 se adjudicaron en promedio 210 plazas anuales de especialidades y subespecialidades en servicio social obligatorio, equivalentes al 6% de los profesionales que laboran para la seguridad social. En subespecialidades, las plazas pasaron de una en 2017 a un máximo de 16 en 2024 y fueron 15 en 2025.
El documento sostiene que el modelo vigente se diseñó casi exclusivamente en función de la CCSS. Entre el segundo semestre de 2022 y 2025, esa institución adjudicó 700 de 703 plazas de especialistas (99,6%). El Instituto Nacional de Seguros (INS) adjudicó dos, la Universidad de Costa Rica (UCR) una y el Poder Judicial ninguna.
En el caso del OIJ, la exposición de motivos explica que su Departamento de Medicina Legal no forma parte de la Comisión y por eso no puede adjudicar plazas. Sus profesionales deben recurrir a la dispensa para incorporarse al ejercicio de su especialidad.
El proyecto también señala que los traslados de profesionales en servicio social pasaron de cinco a diez entre el segundo semestre de 2023 y el primer semestre de 2024, sin un marco jurídico específico que los regule.
Posiciones del sector
La exposición de motivos recoge que el Sindicato Nacional de Médicos Especialistas advirtió sobre la salida de especialistas de la CCSS hacia el sector privado. El sindicato indicó que formar a un especialista puede requerir entre diez y 14 años.
Por su parte, el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica señaló que permitir el ingreso de profesionales sin los controles habituales no resuelve por sí solo la escasez, y que el problema debe abordarse con estrategias de retención del talento formado en el país.
La iniciativa cuenta con las firmas de los siete integrantes de la bancada del Frente Amplio. Tras su presentación el 28 de octubre, aguarda que se le asigne una comisión legislativa.
Debido a que la Asamblea Legislativa inicia el segundo periodo de sesiones extraordinarias el próximo 1 de noviembre, el proyecto debe ser convocado por el Poder Ejecutivo para iniciar su trámite correspondiente.