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Imagen principal del artículo: Derechos, dignidad y democracia: una conversación que Costa Rica no puede posponer
Foto: Hello Cdd20 vía Pixabay

Derechos, dignidad y democracia: una conversación que Costa Rica no puede posponer

Hay silencios que resultan más peligrosos que cualquier discurso político.

Mientras el país se debate sobre inseguridad, empleo, cifras económicas y disputas políticas, cada vez hablamos menos sobre aquello que debería sostener cualquier proyecto democrático: los derechos fundamentales.

Tal vez porque asumimos que siempre estarán ahí. Tal vez porque creemos que las libertades conquistadas por generaciones anteriores ya no necesitan defensa. Tal vez porque es más fácil discutir sobre síntomas que preguntarnos por las causas.

Sin embargo, la Constitución Política nos recuerda que la democracia no se sostiene únicamente mediante elecciones. Se sostiene mediante principios.

El artículo 28 establece que nadie puede ser perseguido por la manifestación de sus opiniones. El artículo 29 garantiza la libertad de comunicar pensamientos y publicarlos sin censura previa. El artículo 33 reconoce que toda persona es igual ante la ley y que ninguna puede ser objeto de discriminación contraria a la dignidad humana.

Tres artículos, tres principios, tres pilares sin los cuales la democracia deja de ser algo real para convertirse únicamente, en una palabra. Las preguntas son inevitables: ¿qué estamos haciendo con ellos? ¿Qué ocurre en una sociedad donde cada vez más personas sienten temor de expresar lo que piensan? ¿Qué ocurre cuando informar parece convertirse en una actividad cada vez más incómoda? ¿Qué ocurre cuando se comienza a decidir quién merece derechos y quién no?

La libertad de expresión no existe para proteger los discursos cómodos, existe precisamente para proteger aquello que incomoda, cuestiona y desafía.

Una democracia sana necesita ciudadanos que pregunten, periodistas que investiguen, personas dispuestas a señalar errores, necesita críticas, necesita debates, necesita desacuerdo.

Por eso la muerte del periodista Camilo Rodríguez no debería limitarse a una noticia más dentro del ciclo informativo. Independientemente de las circunstancias que rodeen el hecho, toda pérdida de un periodista obliga a una reflexión colectiva. Porque detrás de cada periodista existe algo más importante que una profesión: existe el derecho de una sociedad a ser informada, existe la convicción de que las preguntas incómodas sigan siendo necesarias, existe aquella idea de que la verdad no puede depender de la conveniencia política de nadie.

Pero la conversación no termina en la libertad de expresión: también termina alcanzando nuestra idea de dignidad humana.

Y aquí es donde la discusión nacional comienza a mostrar sus contradicciones más profundas. Cada vez escuchamos más propuestas para construir centros penitenciarios, endurecer penas y aumentar mecanismos de control. La promesa es siempre la misma: “más castigo traerá más seguridad.”

Sin embargo, pocas veces nos detenemos a preguntarnos por qué seguimos produciendo las condiciones que alimentan la violencia.

Recortan oportunidades educativas y después nos sorprendemos por el aumento de la exclusión, debilitamos espacios de desarrollo social y luego nos preguntamos por qué más personas terminan atrapadas en dinámicas de criminalidad.

Invertimos millones en concreto y telas naranjas mientras descuidamos las herramientas que históricamente han demostrado transformar vidas: la educación, la cultura, el deporte, la comunidad y las oportunidades reales de movilidad social. Están construyendo más espacios de encierro mientras reducen los espacios de esperanza.

Y, aun así, nos cuesta reconocer la contradicción.

El artículo 33 no protege únicamente a quienes generan simpatía pública. Protege a quienes se encuentran en condena, a quiénes han cometido errores y a quienes no tienen una voz capaz de defenderlos.

Porque la dignidad humana no se otorga, no se concede, no se pierde y no depende de la popularidad de una persona ni de la aprobación de una mayoría. Es inherente a la condición humana.

Cuando olvidamos todo esto, el problema deja de ser jurídico, se convierte en un problema democrático, porque una sociedad que deja de proteger la dignidad de unos terminará encontrando razones para dejar de proteger la de otros.

Así comienza el deterioro, no ocurre de golpe, no ocurre en una sola decisión ni en una sola administración. Ocurre cuando nos acostumbramos.

Cuando una sociedad acepta que la educación puede esperar, que la dignidad humana puede relativizarse y que la libertad de informar puede verse amenazada, el deterioro democrático ya ha comenzado. No ocurrió de golpe, ocurre lentamente, derecho por derecho, institución por institución, silencio por silencio.

Y, cuando finalmente decidimos mirar hacia atrás, descubrimos que aquello que creíamos garantizado nunca dejó de necesitar defensa.