El Índice de Cumplimiento para la Mejora Pública 2026 determinó que las instituciones ejecutan, en promedio, seis de cada 10 acciones solicitadas por la Contraloría.
La Contraloría General de la República (CGR) presentó este jueves el Índice de Cumplimiento para la Mejora Pública 2026 (ICM-2026), que encontró dificultades en las instituciones públicas para ejecutar dentro de los plazos las disposiciones y órdenes emitidas por el órgano contralor.
El estudio evaluó 81 instituciones, 166 informes y 722 productos de fiscalización. El índice analiza, entre otros aspectos, la eficacia, eficiencia, estrategia, gestión de datos, cultura y liderazgo con que las instituciones atienden las acciones requeridas por la CGR.
Según los resultados, las instituciones ejecutaron en promedio seis de cada 10 acciones de mejora, mientras que las cuatro restantes quedaron pendientes. La Contraloría indicó que el nivel general de eficacia se mantiene en un nivel intermedio, igual que en 2025.
Además, según el informe cinco de cada 10 instituciones evaluadas necesitaron más de 100 días adicionales para implementar las mejoras requeridas. La proporción de instituciones ubicadas en los niveles básico e inicial de eficiencia aumentó de 26,60% en 2025 a 35,80% en 2026.
La Contraloría señaló que las demoras mantienen pendientes correcciones en áreas como educación, salud, pensiones, protección social, seguridad, transporte y ambiente, lo que posterga los beneficios que deberían generar las medidas para la ciudadanía.
El informe también determinó que la proporción de instituciones ubicadas en los niveles avanzado y optimizado de eficacia bajó de 48,94% a 44,44% entre 2025 y 2026. Para el ente contralor, esto refleja dificultades para convertir las disposiciones y órdenes en mejoras concretas de la gestión pública.
En materia de buenas prácticas, el informe advierte que siete de cada 10 instituciones presentan niveles bajos o medios en estrategia y gestión de datos, mientras que ocho de cada 10 muestran rezagos en cultura y liderazgo. Las instituciones clasificadas en el nivel optimizado aplican todas las prácticas evaluadas, mientras que las ubicadas en los niveles inicial y básico aplican, en promedio, cuatro de cada 10.
La CGR calculó que los procesos de fiscalización evaluados generaron ₡597 mil millones en beneficios para la Hacienda Pública. Según el informe, por cada colón invertido en esos procesos se obtuvieron ₡7,66 en beneficios mediante ahorros, recaudación, recuperación de activos, mitigación de riesgos y otros resultados.
La Contraloría concluyó que los retrasos no representan únicamente un problema administrativo, pues pueden prolongar dificultades relacionadas con la atención de pacientes, el mantenimiento de infraestructura pública, la entrega de ayudas sociales y el uso adecuado de recursos públicos.
