El 25 de octubre de 1949, dos semanas antes de que se promulgara la Constitución que todavía nos rige, la Junta Fundadora de la Segunda República firmó el decreto-ley que creó el Colegio de Microbiólogos. Respondía a la convicción que había dado origen a la Caja Costarricense de Seguro Social y a las Garantías Sociales: hay bienes que el país decidió proteger entre todos, porque ninguna persona puede protegerlos sola. Ese modelo, que ya existía para profesiones como la medicina y el derecho, se consolidó entonces y, por sus resultados, se replicó después en colegios más jóvenes, nacidos del mismo pacto social.
La salud es el primero de ellos. Quien entrega una muestra de sangre no puede revisar la calibración de un equipo, la calidad de un reactivo ni la competencia de quien firma el resultado. Por eso el país hizo un pacto: el Estado delega en los colegios la verificación de la idoneidad profesional, los profesionales aceptan someterse a ese control y lo financian, y la población recibe a cambio una garantía que no tiene que pagar ni comprobar. La Ley General de Salud lo establece: solo pueden ejercer las profesiones de la salud quienes estén incorporados a su colegio.
El proyecto de ley 25.747 propone deshacer ese pacto y reemplazarlo por decisiones individuales.
Un pacto no funciona a la carta
Un pacto social vale porque nadie puede retirarse de él cuando le incomoda. Si cada patrono decidiera si asegura a sus trabajadores, la seguridad social se desmoronaría en pocos años.
Con la colegiatura ocurre lo mismo. La Sala Constitucional ha dicho que el fin de un colegio profesional no es defender a sus agremiados, sino a la colectividad (voto 2004-07783). Si la colegiatura se vuelve voluntaria, quedarán dentro del sistema quienes acepten ser fiscalizados y fuera quienes prefieran no serlo. El control llegará justamente a quien menos lo necesita.
Dos clases de pacientes
El proyecto reconoce que la microbiología es una profesión de riesgo y la mantiene con colegiatura obligatoria, pero exceptúa de esa obligación a todos los funcionarios públicos, con el argumento de que su disciplina le corresponde al patrono. El resultado serían dos clases de pacientes: los de un laboratorio privado, protegidos por la fiscalización profesional, y los del sistema público, sin ella.
La Sala Constitucional ya resolvió este punto en el voto 5483-95: trabajar para el Estado no excluye la colegiatura obligatoria cuando los destinatarios del acto profesional son los ciudadanos en general. La Sala también ha reconocido que ambas vías disciplinarias coexisten (voto 2023-009355). Un patrono puede despedir; solo el colegio puede suspender el ejercicio de la profesión.
Lo que el país recibe de ese pacto
Entre marzo de 2025 y febrero de 2026, la Fiscalía de nuestro Colegio realizó 1.470 visitas de inspección, emitió 1.413 documentos oficiales y mantuvo el registro de 717 establecimientos activos. Nada de eso aparece en el presupuesto nacional: lo pagan los microbiólogos con sus cuotas, como una contribución solidaria a la salud de personas que nunca conocerán.
La norma de habilitación de laboratorios clínicos (Decreto 44840-S) exige la autorización del Colegio para quien dirige un laboratorio y para todo su personal técnico. Y en febrero de 2025, la misma Asamblea Legislativa aprobó la Ley Nacional de Sangre (Ley 10649), que exige que los bancos de sangre sean regentados por un microbiólogo incorporado a su colegio. Resulta difícil reafirmar el pacto en una ley y desmontarlo en la siguiente.
Lo que consta en el expediente
¿Podemos pensar en serio que un ente del Gobierno asumirá con eficiencia la fiscalización que hoy realizan por su cuenta los 33 colegios agrupados en la Federación de Colegios Profesionales, que reúnen a más de 320.000 profesionales? El proyecto no ofrece ninguna evidencia de que ese tema, indispensable antes de proponer cualquier cambio, esté resuelto. Las instituciones consultadas apuntan a lo contrario.
La Contraloría General de la República, en su oficio DFOE-GOB-0446 del 22 de octubre, concluyó que el modelo de colegiatura voluntaria es «insuficiente» en las actividades ligadas al control y aseguramiento de recursos e información pública. Recordó que ciertas actuaciones profesionales cumplen una función de «generación de confianza sobre información utilizada para la toma de decisiones», y advirtió que la prohibición absoluta de exigir requisitos del artículo 4 y la eliminación de la supervisión del artículo 7 dejarían sin efecto la salvedad que el propio proyecto promete en su artículo 5.
Un resultado de laboratorio es exactamente eso: información de la que depende una decisión clínica. Sobre el registro del MEIC, la Contraloría señaló que no tiene estimación de costo ni fuente de financiamiento, y que el registro que ese ministerio ya administra arrastra auditorías con disposiciones pendientes.
El Poder Judicial fue igual de concreto. La Corte Plena acordó por unanimidad que el proyecto afecta su organización y funcionamiento, lo que obliga a aprobarlo con al menos 38 votos. Sin colegiatura obligatoria, la Corte perdería los avisos que hoy recibe sobre profesionales sancionados y tendría que crear sus propios mecanismos para verificar títulos e idoneidad. La magistrada Julia Varela lo resumió así: «La sola tenencia de un título universitario no acredita por sí misma actualización técnica permanente ni apego ético».
Los colegios no rehuimos la discusión. Rendimos cuentas, nos modernizamos y estamos dispuestos a revisar lo necesario, como los timbres que existen solo en algunos colegios. Pero revisar las cláusulas de un pacto no es lo mismo que romperlo.
Una sociedad que decide junta
Desde 1949, Costa Rica se ha distinguido por sostener entre todos instituciones que no todos usan cada día. Cambiar esos acuerdos por elecciones individuales no da más libertad: quita capacidad de protegernos como sociedad. La pregunta para la Asamblea es si seguiremos siendo una comunidad con compromisos colectivos o un conjunto de individuos que contratan, cada uno por su cuenta, la confianza que antes compartíamos. En salud, la respuesta no debería admitir dudas.
