Diputada cuestionó adjudicaciones millonarias a empresas vinculadas con compradores de bonos de campaña de Laura Fernández y planteó dudas sobre posibles casos de tráfico de influencias y concusión.
La diputada de la Coalición Agenda Ciudadana, Claudia Dobles Camargo, cuestionó este miércoles las contrataciones estatales otorgadas a empresas relacionadas con financistas de la campaña electoral de la presidenta Laura Fernández Delgado, y acusó al oficialismo de intentar desviar la atención de situaciones que, a su criterio, ameritan explicaciones por parte de las autoridades.
En su intervención de control político ante el plenario legislativo, Dobles centró sus críticas en la adjudicación de un contrato de aproximadamente ₡6500 millones para la compra de 40 ambulancias a un consorcio integrado por la empresa SGSV, vinculada con dos compradores de bonos de campaña del Partido Pueblo Soberano (PPSO). La legisladora también hizo referencia a otras contrataciones públicas y planteó interrogantes sobre posibles conductas delictivas.
Es tan descarado que es vulgar, es absolutamente vulgar".
La congresista cuestionó que la empresa SGSV, que no registra antecedentes de venta de ambulancias a instituciones públicas costarricenses, resultara beneficiada mediante una contratación de emergencia del Cuerpo de Bomberos, institución adscrita al Instituto Nacional de Seguros (INS), sin que se realizara un concurso público abierto.
El contrato, adjudicado el 28 de setiembre, corresponde a la compra de 40 ambulancias por $13,88 millones. Según informó La Nación, Bomberos invitó únicamente al consorcio conformado por SGSV y Bem Estar a presentar una oferta formal, aunque previamente había consultado a otras dos empresas costarricenses que ofrecían precios inferiores.
Una de esas compañías, Comercializadora Técnica Industrial del Oeste (Cotisa), presentó una propuesta aproximadamente $2,3 millones más barata que la del consorcio adjudicatario. Bomberos justificó la selección en la urgencia de adquirir las ambulancias y en el menor plazo de entrega ofrecido por las empresas elegidas.
La institución también defendió la experiencia del consorcio, al señalar que Bem Estar acreditó ventas de ambulancias a entidades gubernamentales brasileñas. Según Bomberos, la experiencia previa en Costa Rica no constituía un requisito indispensable para participar en el procedimiento.
Financistas de campaña vinculados con la empresa
Los cuestionamientos de Dobles surgieron después de que La Nación revelara este miércoles que dos personas vinculadas con SGSV compraron bonos de la campaña electoral de Laura Fernández.
Se trata de Cristian Rodríguez Villalobos y Hermmoth Rothe Paniagua, quienes adquirieron bonos por ₡43 millones y ₡9 millones, respectivamente, de acuerdo con los registros presentados por el PPSO ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Rodríguez figura como representante legal de SGSV en documentación de contratación pública y se identifica como director regional de ventas de la compañía para Centroamérica. Por su parte, Rothe aparece como fiscal de la sociedad desde 2015. Ambos también figuran en comunicaciones relacionadas con la contratación de las ambulancias.
Dobles utilizó estos antecedentes para cuestionar las relaciones entre el financiamiento electoral y las adjudicaciones estatales:
¡Qué buen negocio hicieron! Al parecer, ser financista de campaña del partido Pueblo Soberano da buenos réditos".
La diputada también recordó la participación de SGSV en otros negocios con el Estado, entre ellos el contrato para el suministro de tobilleras electrónicas al Ministerio de Justicia y Paz, mediante un consorcio en el que participa la empresa estatal Radiográfica Costarricense (Racsa).
Asimismo, mencionó el fallido proyecto del marchamo digital del INS, cuya contratación con SGSV habría sido promovida durante la administración anterior. La expresidenta ejecutiva de la institución, Mónica Araya Esquivel, declaró ante la Fiscalía haber recibido presiones para concretar ese negocio, según informaciones publicadas por La Nación.
A partir de esos antecedentes, Dobles planteó una interrogante sobre las actuaciones de las autoridades estatales:
Entonces, cuando uno ve lo de la empresa brasileña, habría que preguntarse: ¿esto es llana ineptitud de parte del INS o es tráfico de influencias?".
La legisladora también cuestionó los vínculos entre un exgerente de una empresa relacionada con el negocio de las ambulancias, el ministro de la Presidencia y un posible proyecto de relleno sanitario. Según afirmó, esa persona también habría participado en el financiamiento de la campaña de Fernández.
En ese caso, Dobles preguntó si las actuaciones respondían a incapacidad o a una eventual concusión, delito que, en términos generales, consiste en que un funcionario público abuse de su cargo para exigir o hacer que se le entregue un beneficio indebido.
Críticas a los ministros de Seguridad y Justicia
Dobles inició su discurso cuestionando también las actuaciones recientes de los ministros de Seguridad Pública y de Justicia, a quienes acusó de protagonizar controversias que, a su juicio, distraen a la ciudadanía de otros asuntos relacionados con la administración pública.
En particular, criticó al titular de Justicia por bromear sobre la posibilidad de encarcelar a integrantes de la oposición y al ministro de Seguridad por sus posiciones frente a las manifestaciones estudiantiles contra los recortes presupuestarios en educación.
El ministro de Justicia, en sus sueños autocráticos, lo que sale es bromeando con que quiere meter a parte de la oposición en la cárcel. Me honra a mí también con que me piense tanto el ministro de Justicia, cuando debería tener tanto trabajito por hacer".
También hizo referencia al caso de un funcionario de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) involucrado en un incidente relacionado con la custodia de dos personas investigadas por las autoridades, así como a cuestionamientos sobre el financiamiento electoral del oficialismo y posibles vínculos con personas requeridas por delitos de lavado de dinero.
Para Dobles, estas controversias deben examinarse en conjunto con las decisiones adoptadas por las instituciones públicas y las relaciones entre empresas contratistas y personas que aportaron recursos a las campañas electorales.
La diputada cerró su intervención insistiendo en que corresponde cuestionar si las actuaciones de las autoridades responden a errores administrativos o a otro tipo de conductas.
¿Es incompetencia o es complacencia? ¿Es complicidad o es incapacidad?
