Hay decisiones legislativas que retratan con más claridad que cualquier discurso las prioridades de quienes las toman. Este miércoles, seis diputadas de la Comisión de la Mujer votaron a favor de excluir la anticoncepción de emergencia de los servicios mínimos expresamente contemplados en un proyecto de ley para garantizar la atención a víctimas de violación sexual. Solo Vianey Mora Vega, del Frente Amplio, votó en contra. Entre quienes respaldaron el texto estuvieron cuatro diputadas oficialistas y dos liberacionistas, Karen Alfaro Jiménez y Andrea Valverde Palavicini.
Una mujer que acaba de sufrir una violación necesita atención oportuna, información médica y garantías para tomar decisiones sobre su propio cuerpo. No necesita que una institución debilite las disposiciones que buscan protegerla. La modificación aprobada elimina la mención expresa de la anticoncepción de emergencia en el proyecto y deja abierta la posibilidad de reincorporarla más adelante. Pero una promesa de corregir después no borra la responsabilidad de haber votado a favor hoy.
Tras la controversia, Karen Alfaro se pronunció en nombre de ambas diputadas liberacionistas y defendió su posición señalando que la votación no prohibió la anticoncepción de emergencia ni modificó su acceso vigente. Andrea Valverde también argumentó que el medicamento ya forma parte del protocolo actual de atención. Ambas defendieron la continuidad del acceso y expresaron su disposición a revisar el texto.
Sin embargo, su justificación no resuelve el cuestionamiento de fondo. Que un medicamento esté contemplado en un protocolo vigente no vuelve innecesario que una ley lo reconozca expresamente entre las garantías mínimas de atención. El proyecto busca dar respaldo legal a la atención integral de las víctimas; por eso, retirar esa referencia no es un detalle irrelevante. No hace falta prohibir un derecho para debilitar su reconocimiento institucional. Si las diputadas consideran que la anticoncepción de emergencia debe continuar disponible, su compromiso debería traducirse en acciones para garantizar su incorporación expresa al proyecto, no únicamente en declaraciones sobre la continuidad del acceso actual.
La evidencia médica tampoco es un asunto secundario que pueda dejarse a criterio de las convicciones individuales. La Organización Mundial de la Salud señala que las píldoras anticonceptivas de emergencia actúan principalmente al retrasar o impedir la ovulación, no interrumpen un embarazo establecido y no requieren una prueba de embarazo previa para administrarse. Si la discusión legislativa pretende garantizar una atención integral, ¿por qué retirar expresamente una herramienta médica relevante para las víctimas? Cualquier propuesta que condicione su suministro a una prueba previa debe evaluarse con criterios médicos y considerando los tiempos de atención, especialmente cuando se trata de una víctima que necesita asistencia urgente.
La contradicción política también merece atención. Karen Alfaro Jiménez y Andrea Valverde Palavicini han construido parte de su trayectoria pública alrededor de la participación y los derechos de las mujeres. Esa trayectoria no las obliga a respaldar automáticamente cualquier propuesta legislativa, pero sí hace legítimo contrastar sus principios declarados con sus decisiones concretas. El compromiso con los derechos de las mujeres no puede limitarse a las declaraciones públicas ni convertirse en una identidad política que se invoque cuando resulta conveniente. También debe sostenerse cuando toca defender garantías que afectan la autonomía reproductiva y la atención de víctimas de violencia sexual.
En el caso de Karen Alfaro, su pronunciamiento en nombre de ambas diputadas permite conocer su postura, pero también pone sobre la mesa una responsabilidad compartida. En el caso de Andrea Valverde, su trayectoria de más de veinte años en Liberación Nacional y su paso por la presidencia provincial del Movimiento de Mujeres del partido hacen igualmente pertinente examinar las consecuencias de su voto. No se trata de exigirles una posición determinada por ser mujeres ni de descalificar sus trayectorias, sino de recordar que ninguna trayectoria política puede funcionar como escudo frente al escrutinio de las propias decisiones.
Ambas representan a un partido que se presenta como oposición. Eso no significa que deban oponerse automáticamente a toda iniciativa oficialista, pero sí que tienen la responsabilidad de examinar con independencia sus consecuencias, especialmente cuando están en juego derechos fundamentales. ¿Qué están dispuestas a hacer para garantizar que la protección de las mujeres no quede subordinada a acuerdos políticos ni a decisiones que debiliten las garantías que el propio proyecto pretende establecer? La respuesta debe medirse en actuaciones concretas, no en declaraciones generales sobre sus principios.
Una coincidencia con el oficialismo no convierte automáticamente a nadie en parte de él. Pero cuando dos diputadas de oposición respaldan una modificación de esta naturaleza, la responsabilidad política no termina con la explicación posterior. Deben asumir las consecuencias de su voto y actuar para que el proyecto no avance dejando fuera una garantía relevante para las víctimas. La identidad partidaria no sustituye la rendición de cuentas y una trayectoria política no puede funcionar como escudo frente a las consecuencias de las decisiones legislativas.
El problema, además, trasciende a las víctimas de violación. La anticoncepción de emergencia también importa para quienes mantienen relaciones sexuales consentidas y enfrentan una falla anticonceptiva o una circunstancia inesperada. La autonomía reproductiva no debería depender de que la vida de una persona se ajuste a las convicciones de quienes ocupan una curul. Las instituciones públicas deben responder a las necesidades de una sociedad plural, no convertir una visión particular de la sexualidad en el criterio que determine qué garantías merecen protección.
Conviene aclarar que esta votación no prohíbe la anticoncepción de emergencia en Costa Rica. Se trata de una modificación a un proyecto que sigue su trámite legislativo. Las diputadas oficialistas anunciaron que buscarían reincorporar el medicamento bajo la condición de una prueba previa de embarazo, pero esa condición no quedó incorporada en el texto aprobado. El debate sigue abierto y todavía es posible corregir la redacción. Por eso, el siguiente paso importa tanto como la votación que originó esta controversia.
Costa Rica no puede llamar protección integral a una propuesta que retira una garantía expresa de atención a víctimas de violencia sexual. Karen Alfaro Jiménez y Andrea Valverde Palavicini deben rendir cuentas sobre lo que harán para corregir esta situación y garantizar que la anticoncepción de emergencia quede expresamente contemplada en el proyecto. Si su defensa de los derechos de las mujeres es un compromiso real, deben demostrarlo con acciones legislativas concretas, no con discursos que defiendan la continuidad del acceso mientras respaldan la eliminación de una garantía expresa. El momento de demostrar esa coherencia es ahora, cuando todavía pueden actuar para corregir lo aprobado.