La reunión ministerial de OLACDE aprobó acuerdos sobre electrificación, inteligencia artificial, juventudes y economía circular. Organizaciones civiles reclamaron una ruta explícita para reducir petróleo y gas.
La XI Semana de la Energía de América Latina y el Caribe concluyó con cuatro decisiones ministeriales y una declaración conjunta para impulsar la electrificación, la inteligencia artificial y otras iniciativas regionales. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil cuestionaron que los nuevos acuerdos no establezcan una estrategia explícita para reducir progresivamente la dependencia del petróleo y el gas ni incorporen la crisis climática como uno de sus ejes centrales.
El encuentro se celebró del 6 al 9 de octubre en Santo Domingo, República Dominicana, bajo la organización de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (OLACDE). Según la organización, la actividad reunió a más de 3000 personas y 200 panelistas, con discusiones sobre seguridad energética, inversiones y cooperación regional.
Durante la LVI Reunión de Ministros, celebrada el 8 y 9 de octubre con delegaciones de los 27 países miembros, se aprobaron cuatro decisiones oficiales y una declaración sobre subsidios energéticos. Los documentos pueden consultarse en el repositorio de decisiones ministeriales de OLACDE.
Estas resoluciones orientan el trabajo regional, pero no modifican automáticamente las leyes de cada país.
OLACDE presentó las decisiones como parte de una agenda orientada a fortalecer la transición energética regional, incorporar nuevas tecnologías y mejorar la eficiencia de los sistemas. Las organizaciones civiles participantes, sin embargo, sostienen que el paquete deja sin resolver un punto central: cómo reducir progresivamente la dependencia regional de los combustibles fósiles.
Los principales acuerdos energéticos
La decisión sobre electrificación de los consumos finales (LVI-D-587) busca promover que actividades que actualmente utilizan combustibles incorporen electricidad, acompañada de sistemas de almacenamiento y una gestión más eficiente de la demanda.
Las organizaciones consultadas sostienen que una mayor electrificación podría reducir la necesidad de nueva infraestructura de gas natural, pero consideran necesario acompañar ese proceso con medidas explícitas para disminuir el consumo de combustibles fósiles.
La coordinadora de la Línea de Energía Limpia de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Verónica Méndez, señaló:
América Latina y el Caribe siguen dependiendo de los combustibles fósiles, especialmente del gas, bajo el argumento de garantizar la seguridad energética. Consideramos fundamental cuestionar esta narrativa y ampliar la discusión hacia alternativas como la autogeneración, la eficiencia energética y la reducción del consumo”.
Otra decisión, Inteligencia artificial: la energía del futuro (LVI-D-586), contempla un diagnóstico regional sobre los efectos de esta tecnología en los sistemas eléctricos, incluida la demanda energética asociada con los centros de datos, así como la creación de un grupo técnico para promover su uso ético, seguro y eficiente.
Los países también acordaron crear un Consejo Regional de Juventudes en Energía (LVI-D-588), destinado a incorporar a las nuevas generaciones en las discusiones sobre política energética.
La cuarta decisión, sobre economía circular (LVI-D-589), aborda la gestión de tecnologías como paneles solares y baterías, el aprovechamiento de residuos industriales y proyectos vinculados con captura de carbono.
Además, los gobiernos emitieron una declaración sobre focalización de subsidios energéticos, orientada a mejorar los mecanismos para dirigir los apoyos públicos hacia sectores vulnerables sin comprometer las finanzas estatales.
Cuestionamientos por la ausencia de una hoja de ruta para reducir petróleo y gas
Aunque las organizaciones valoraron algunos de los avances, señalaron que ninguna de las cuatro decisiones de 2026 está dedicada específicamente a reducir progresivamente el consumo de petróleo y gas.
Las agrupaciones recordaron que OLACDE ha promovido en años recientes iniciativas de integración gasífera regional y cuestionaron que no exista este año una hoja de ruta equivalente para disminuir progresivamente la dependencia de ese combustible.
También expresaron preocupación por los posibles impactos ambientales y sociales asociados con la extracción de minerales destinados a fabricar baterías.
Asimismo, pidieron que las reformas a los subsidios energéticos consideren los apoyos a los combustibles fósiles y, al mismo tiempo, protejan a los hogares de menores ingresos frente a eventuales aumentos en los costos de la energía.
Sociedad civil solicita mayor participación
Paralelamente, el 8 de octubre se celebró el encuentro “De Santa Marta a Santo Domingo: por una transición energética justa y popular”.
Según las organizaciones convocantes, participaron 25 representantes de 20 organizaciones de nueve países: República Dominicana, Brasil, México, Argentina, Costa Rica, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela.
Las agrupaciones solicitaron crear un espacio permanente de participación de la sociedad civil dentro de OLACDE, similar al Consejo Empresarial establecido en 2023 y al Consejo Regional de Juventudes aprobado este año.
La vocera de la Red del Gran Caribe Libre de Fósiles, Carolina Sánchez Naranjo, explicó:
La sociedad civil no fue a la Semana de la Energía a oponerse, sino a sumar. Conocemos los territorios, sabemos lo que funciona en las comunidades y queremos ayudar a que las políticas energéticas se diseñen, se decidan y se implementen con la gente”.
Entre las experiencias que las organizaciones consideran relevantes mencionaron las microrredes solares comunitarias y pequeñas centrales hidroeléctricas administradas localmente, por sus aportes al acceso a la electricidad y a la capacidad de respuesta ante emergencias.
Finalmente, solicitaron que la crisis climática y la reducción progresiva del uso de combustibles fósiles formen parte de las próximas reuniones ministeriales, junto con la electrificación, la eficiencia energética y la participación de las comunidades en las decisiones del sector.