La vida de Navi Pillay, destacada jurista sudafricana, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2026 y doctora en Derecho por la Universidad de Harvard, merece ser conocida, especialmente en estos tiempos en que tanto se habla de justicia, democracia e independencia judicial.
Pillay creció en una Sudáfrica marcada por el apartheid, un sistema de discriminación racial que le permitió conocer desde muy joven las injusticias que pueden cometerse cuando el poder se ejerce sin respeto por la dignidad humana. Lejos de permanecer indiferente, dedicó su vida a la defensa de los derechos humanos hasta llegar a ocupar importantes responsabilidades como jueza de tribunales internacionales y alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Hay un aspecto de su formación académica que me parece particularmente interesante. En 1988 obtuvo su doctorado en Derecho en la Universidad de Harvard con una tesis titulada The Political Role of the South African Judiciary (El papel político del Poder Judicial sudafricano). Su investigación abordaba una cuestión que conserva enorme actualidad: la relación entre los tribunales, el poder político y el papel que desempeñan los jueces dentro de una sociedad.
Esta temática nos lleva a plantearnos una pregunta fundamental: ¿qué sucede con los derechos de las personas cuando los jueces pierden su independencia o cuando la justicia termina sometida a los intereses de quienes ejercen el poder?
Su trayectoria adquiere especial significado en la Costa Rica de hoy, donde nuestro Poder Judicial atraviesa momentos difíciles, en medio de cuestionamientos, tensiones institucionales y un clima de confrontación que debería preocuparnos a todos, independientemente de nuestras simpatías políticas.
Por supuesto, defender al Poder Judicial no significa cerrar los ojos ante sus errores. Como cualquier institución pública, debe mejorar, actuar con transparencia, rendir cuentas y fortalecer cada día la confianza de los ciudadanos. Sin embargo, también debemos tener presente que una cosa es ejercer la crítica legítima y otra muy distinta es desacreditar o debilitar una institución que cumple una función esencial en nuestra democracia.
Los jueces no están para complacer a los gobiernos, a los grupos de poder ni a la opinión pública. Su responsabilidad es aplicar el derecho, proteger las libertades y garantizar que nadie, por poderoso que sea, esté por encima de la Constitución y de las leyes.
La historia de Navi Pillay nos recuerda que la independencia judicial no es un asunto que interese únicamente a los abogados o a quienes trabajan en los tribunales. Es una garantía que nos pertenece a todos, porque cualquier ciudadano puede necesitar, algún día, que un juez independiente proteja sus derechos frente a una injusticia.
Su trayectoria también nos recuerda algo que no deberíamos perder de vista: la justicia debe mantenerse independiente, incluso en los momentos de mayor tensión política. Costa Rica ha construido buena parte de su tradición democrática sobre el respeto a sus instituciones, y preservar ese legado exige tanto un Poder Judicial responsable y consciente de sus deberes como el respeto de los demás poderes a su independencia.
Al final, lo que está en juego no es la defensa de una institución por sí misma, sino la confianza de todos los ciudadanos en que sus derechos serán protegidos, sin importar quién ejerza el poder.