Autoridades municipales, policiales, judiciales y de salud acordaron elaborar un protocolo de actuación y analizar cambios a la Ley General de Salud, la Ley de Construcciones y el Código Municipal.
Autoridades municipales de Cartago, cuerpos policiales, el Ministerio Público y representantes del sector salud acordaron impulsar una reforma legal que permita intervenir y demoler con mayor rapidez inmuebles utilizados para actividades de narcotráfico.
El acuerdo surgió de una reunión convocada por la Municipalidad de Cartago para definir una estrategia interinstitucional frente a los denominados búnkeres. Las instituciones también acordaron elaborar un protocolo común para su intervención y establecer mecanismos permanentes de coordinación regional.
El alcalde de Cartago, Mario Redondo Poveda, explicó:
Estamos trabajando para establecer un protocolo de coordinación. Creemos que, en algún momento, será necesaria no solo para Cartago, sino para todo el país, una reforma legal que facilite la intervención en búnkeres, algo imprescindible y que hoy en día, en ocasiones, se vuelve complejo debido a las diferentes regulaciones existentes".
Entre las posibilidades planteadas figura crear un nuevo concepto de declaratoria de abandono o ruina que pueda vincularse con la declaratoria de inhabitabilidad emitida por las autoridades sanitarias y permita a las municipalidades utilizar un procedimiento más expedito para derribar determinadas estructuras.
Marcelo Solano Ortiz, jefe de la Policía Municipal de San José, explicó:
Buscamos construir un nuevo concepto de declaratoria de abandono o de ruina que sea compatible con la declaratoria de inhabitabilidad establecida por las autoridades sanitarias. Esto permitiría a las municipalidades derribar estructuras utilizadas por la criminalidad mediante un procedimiento sumario y más ágil. Este es uno de los principales objetivos de unir ambas experiencias”.
Las autoridades acordaron analizar eventuales reformas a la Ley General de Salud, la Ley de Construcciones y el Código Municipal. El planteamiento todavía deberá traducirse en una propuesta normativa antes de iniciar un eventual trámite legislativo.
Intervenir después de los allanamientos
Durante la reunión también se planteó la necesidad de actuar sobre los inmuebles después de los operativos policiales. Según las autoridades judiciales participantes, la falta de intervención sobre las estructuras puede permitir que actividades ilícitas vuelvan a instalarse en los mismos sitios.
El fiscal adjunto de Cartago, Joffrey Salas Fuentes, indicó que el Ministerio Público está dispuesto a coordinar acciones con las policías municipales, la Fuerza Pública y la Policía Judicial para concentrar recursos en zonas relacionadas con venta de drogas, homicidios y otros delitos.
Salas señaló:
Si bien es cierto que somos una institución principalmente represiva, nos preocupa la seguridad de los habitantes de Cartago, Turrialba, La Unión y Paraíso, que son los sectores donde brindamos la respectiva asesoría. El trabajo conjunto es el que nos puede conducir al éxito. Necesitamos la participación de la Policía Administrativa, la Policía Judicial, el Ministerio Público y las diferentes municipalidades, con el fin de concentrar la mayor cantidad de esfuerzos en las zonas donde se está delinquiendo, donde la población está siendo afectada y donde se registran homicidios y actividades relacionadas con la venta de drogas, delitos que suelen estar estrechamente vinculados".
Las instituciones identificaron entre los principales obstáculos los largos procedimientos administrativos, las limitaciones legales para ordenar demoliciones y la ausencia de procedimientos específicos para intervenir búnkeres.
El alcalde de la municipalidad de Oreamuno, Erick Jiménez Valverde, añadió:
Estoy convencido de que, a partir de estas reuniones, podremos establecer protocolos y normativas conjuntas que nos permitan actuar de una manera más coordinada y eficiente. Creo firmemente en la unión de esfuerzos y en que las instituciones, trabajando juntas, pueden alcanzar mejores resultados. Además, esta coordinación permitirá establecer procedimientos más uniformes, ya que uno de los principales problemas ha sido que cada municipalidad o institución actúa de manera independiente".
Buscan conectar cámaras municipales
La estrategia incluye además un proyecto para mejorar la coordinación de los sistemas de videovigilancia de las distintas municipalidades de Cartago.
El alcalde de Cartago señaló que se busca que las cámaras municipales puedan conectarse entre sí, utilicen tecnologías compatibles y faciliten el acceso a las imágenes por parte de la Policía de Control de Drogas (PCD), la Fuerza Pública y el Ministerio Público.
Redondo explicó:
Otro objetivo es afinar la estrategia en materia de videoprotección, procurando que los sistemas de vigilancia por cámaras de las diferentes municipalidades estén conectados, puedan interoperar, utilicen una misma tecnología y sean aprovechados de mejor manera por la Policía de Control de Drogas (PCD), la Fuerza Pública y el Ministerio Público".
La coordinación también contempla la participación del Ministerio de Educación Pública (MEP), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).