Hay una contradicción que no podemos seguir ignorando: mientras las organizaciones criminales han aprendido a operar sin fronteras, nuestros Estados enfrentan el desafío de fortalecer su coordinación y capacidad de respuesta.
El narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas, el lavado de activos y la extracción ilícita de minerales, comúnmente conocida como “minería ilegal”, no son fenómenos aislados. Son actividades que se conectan, se financian entre sí y aprovechan las debilidades institucionales, las diferencias normativas y las dificultades de coordinación entre países.
Esta realidad ocupó un lugar central en el discurso del presidente del Ecuador, Daniel Noboa Azin, durante el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Su intervención planteó una cuestión que merece especial atención regional: el crimen organizado dejó de ser exclusivamente un problema de seguridad interna para convertirse en una amenaza que compromete la estabilidad de los Estados de nuestra región, sus instituciones y las posibilidades de desarrollo de sociedades enteras. Frente a esa amenaza, la respuesta tampoco puede seguir siendo exclusivamente nacional.
Por ello, el presidente Noboa llevó a Naciones Unidas tres propuestas concretas.
La primera, establecer un mecanismo internacional que permita rastrear y congelar los flujos financieros ilícitos del crimen organizado transnacional. Detrás de cada estructura criminal existe una estructura económica que la sostiene. Perseguir a sus integrantes es necesario, pero desarticular sus fuentes de financiamiento resulta igualmente indispensable.
La segunda, crear una plataforma permanente de intercambio de información entre policías, fiscalías y unidades de inteligencia financiera. Una herramienta que permita a los Estados anticiparse a las amenazas y no limitarse a reaccionar.
La tercera, que la iniciativa ONU80 incorpore el crimen organizado transnacional como una prioridad de prevención de conflictos y dote a la Organización de la capacidad para apoyar a los Estados que lo soliciten.
Estas propuestas del mandatario ecuatoriano enriquecen una discusión que ya ocupa un lugar importante en nuestras agendas regionales: cómo fortalecer los mecanismos existentes y desarrollar nuevas herramientas que nos permitan responder juntos a amenazas compartidas.
Necesitamos construir mecanismos comunes para enfrentarlas. Existe, además, una dimensión del problema que con frecuencia queda relegada. La extracción ilícita de minerales, por ejemplo, no solamente destruye ecosistemas. También genera recursos para redes criminales y compromete la seguridad de las comunidades.
La pesca ilegal representa otra expresión de actividades que trascienden fronteras y requieren respuestas coordinadas.
El presidente Noboa incorporó ambos desafíos en su intervención, recordando que la protección del medioambiente también es una responsabilidad en materia de seguridad. Desde nuestra región, esta reflexión adquiere especial relevancia. La posición geográfica de nuestros países, la interconexión de las rutas comerciales y los desafíos compartidos frente al crimen organizado hacen indispensable una cooperación que se traduzca en acciones concretas.
Pero hay otro elemento del discurso presidencial en el que vale la pena detenerse: la seguridad no puede entenderse como un objetivo separado del desarrollo.
Una sociedad necesita seguridad para atraer inversiones, generar empleo, fortalecer sus instituciones y ofrecer oportunidades a sus jóvenes. Cuando el crimen organizado se instala en una comunidad, no solamente amenaza la vida de sus habitantes. También limita sus posibilidades de construir un futuro distinto.
Por eso, hablar de cooperación en seguridad significa también hablar de educación, inversión, oportunidades económicas y fortalecimiento institucional.
Que el presidente Daniel Noboa haya llevado esta reflexión a uno de los principales escenarios internacionales refleja la importancia que su Gobierno ha otorgado a una visión que, en Ecuador, se ha traducido en decisiones firmes, acciones concretas y avances que ya muestran los resultados de un trabajo sostenido. Su intervención ante Naciones Unidas expresa también la voluntad de compartir esa experiencia, fortalecer la cooperación internacional y contribuir a una respuesta conjunta frente a desafíos que ningún país puede enfrentar por sí solo.
América Latina y el Caribe tienen mucho que aportar a esta conversación. Nuestra región se ha distinguido históricamente por su vocación de paz, haciendo del diálogo y la solución pacífica de controversias entre Estados una parte fundamental de su identidad. Sin embargo, esa tradición de paz entre nuestras naciones convive hoy con los desafíos que plantea el crimen organizado transnacional. Conocemos sus consecuencias, pero también contamos con experiencias, capacidades y propuestas que pueden contribuir a una respuesta internacional más efectiva.
La cooperación debe entenderse como una responsabilidad compartida, construida desde el respeto a la soberanía de cada Estado y orientada hacia resultados que puedan medirse.
El mensaje que el presidente Daniel Noboa Azin llevó a Naciones Unidas plantea, en definitiva, un desafío que supera las diferencias geográficas y las agendas nacionales: seguir transformando la voluntad de cooperación en una capacidad cada vez mayor de acción colectiva. Porque, mientras los Estados discutimos cómo cooperar, las organizaciones criminales ya lo hacen.
Y, como recordó el presidente ecuatoriano al concluir su intervención ante Naciones Unidas:
Las mafias ya se coordinaron. Nos toca a nosotros hacerlo mejor”.