El rechazo de la Ley de Armonización Eléctrica no cierra la discusión sobre el futuro del sector; abre una nueva partida en la que el oficialismo y la oposición deberán decidir cómo administrar sus opciones y hasta dónde están dispuestos a negociar.
Antes de iniciar el actual período constitucional, las jefaturas de fracción de las fuerzas políticas que hoy integran la Asamblea Legislativa señalaron que existían condiciones para construir acuerdos a partir de mínimos compartidos. El rechazo en segundo debate de la Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional —expediente 23.414— muestra la distancia entre reconocer la necesidad de negociar y encontrar una fórmula política capaz de concretar una reforma: el proyecto no alcanzó los 38 votos requeridos y fue archivado.
En una partida de cartas, la clave no consiste en acumular opciones, sino en encontrar la combinación que permita alcanzar el objetivo. La discusión sobre la reforma del sector eléctrico plantea un dilema semejante: tanto el Poder Ejecutivo como las fracciones opositoras disponen de distintas cartas, pero ninguna garantiza por sí sola un resultado favorable.
Las cartas del Poder Ejecutivo y la fracción del PPSO
La primera carta sería impulsar una reforma cuya aprobación requiera solo 29 votos. La presidenta anunció que buscará revivir la propuesta mediante una nueva iniciativa para reactivar el plan de armonización eléctrica y defendió una vía de apertura eléctrica que pueda aprobarse con 29 votos bajo esa mayoría legislativa. Esa ruta reduciría la dependencia de acuerdos con otras fracciones, pues el Ejecutivo podría reunir los votos necesarios para aprobar una futura iniciativa. Sin embargo, la tramitación seguiría siendo compleja: se mantendrían el derecho de enmienda, la presentación de mociones y los demás recursos propios del procedimiento legislativo. La posibilidad de un referéndum —que no está confirmada ni descartada— debe analizarse como una variable con sus propios requisitos, desgaste político y costo de oportunidad para la agenda del Gobierno (pienso particularmente en los proyectos de finanzas públicas).
La segunda opción sería construir primero un acuerdo sectorial. El Ejecutivo y las autoridades políticas de la Asamblea podrían liderar o facilitar un diálogo con actores institucionales, técnicos, productivos y sociales para identificar objetivos compartidos y acordar posibles reformas. Ese consenso podría llegar después al Parlamento con mayor respaldo y legitimidad, sin sustituir las competencias constitucionales de los diputados ni suponer que todas las fracciones lo respaldarían automáticamente.
La tercera carta consistiría en dividir la reforma en varios proyectos y avanzar primero con aquellos de menor complejidad política o con mayores posibilidades de acuerdo. Esto permitiría procurar avances graduales, pero exigiría coordinación y coherencia normativa. De lo contrario, la fragmentación de la reforma o el incumplimiento de acuerdos políticos podría frustrar el proceso; la falta de confianza mutua haría todavía más difícil esta alternativa.
Las cartas de la oposición
La primera carta de ese bloque sería mantener agendas separadas. Primero hay que considerar la posición de la diputada del PUSC, Abril Gordienko, quien, a diferencia de las otras fracciones opositoras, votó a favor de la reforma. Por otra parte, aunque el PLN, el Frente Amplio y la Coalición Agenda Ciudadana coinciden en rechazar la propuesta del Ejecutivo en los términos planteados, esa coincidencia no implica que compartan una misma visión del modelo eléctrico, ya que, de manera separada, el Frente Amplio presentó dos iniciativas al respecto y el PLN propuso su propio paquete de alternativas.
Así, cada fuerza puede continuar impulsando sus propias soluciones y preservar sus diferencias ideológicas. Mantener agendas separadas permite conservar autonomía, pero dificulta articular una alternativa opositora común.
La segunda carta sería construir una propuesta de mínimos entre el PLN, el Frente Amplio y la Coalición Agenda Ciudadana. Un acuerdo permitiría presentar una alternativa conjunta, centrada en los puntos de convergencia sin exigir consenso sobre todo el modelo eléctrico. Sin embargo, la propuesta tendría que superar diferencias internas y conseguir apoyos adicionales; en las condiciones políticas actuales, el respaldo del oficialismo parece difícil de alcanzar.
La tercera carta consistiría en coordinar acciones para frenar las iniciativas del Ejecutivo, aunque las fracciones mantengan propuestas distintas. Esta estrategia podría limitar la capacidad del Gobierno para impulsar su agenda, pero también tendría un costo político para quienes la adopten, especialmente si el bloqueo no se acompaña de alternativas capaces de atender los problemas del sector.
No todas las cartas conducen al mismo resultado
La analogía tiene un límite: en las cartas, las reglas no son muy flexibles; en la política legislativa, las mayorías exigidas, los procedimientos, los tiempos de discusión y la capacidad de negociar condicionan qué opciones son viables. Por ello, la pregunta no es quién acumula más cartas ni quién impide que avance su adversario, sino qué combinación de acuerdos, respaldo legislativo y viabilidad técnica puede producir resultados.
Si al inicio del período constitucional existía la expectativa de que los mínimos compartidos facilitarían los acuerdos, el reto es convertir esa aspiración en un método: identificar puntos de convergencia antes de que las diferencias se vuelvan obstáculos y distinguir los objetivos esenciales de los instrumentos negociables.
Quizá sea necesario considerar, lo manifiesto respetuosamente, un proceso de diálogo multisectorial con compromisos, objetivos y plazos previamente establecidos, que legitime y nutra el proceso formal de toma de decisiones posterior; que incluya, en la medida de lo posible, las preocupaciones prioritarias de los diferentes actores sociales, políticos y económicos, así como el reconocimiento de los ganadores y perdedores de una posible reforma —y que establezca mecanismos para mitigar los efectos de esa dinámica—; y que, solo luego de ese proceso —para no pasar cuatro años más sin resultados—, vuelva al Congreso una iniciativa que permita avanzar hacia un sistema eléctrico sostenible, eficiente y competitivo para Costa Rica.