El pasado 10 de octubre tuve más presente una frase que mi profesor repetía constantemente: la salud es política. Qué ciertas resultan sus palabras en una fecha como esta, el Día Mundial de la Salud Mental. Basta observar la situación política actual del país, donde cada día se toman decisiones que afectan a diferentes grupos poblacionales: recortes en CEN-Cinai, recortes en educación, recortes que afectan a personas con discapacidad, recortes en adultez mayor, recortes en cultura, recortes, recortes… Por otro lado, aumentan la incertidumbre, el costo de la canasta básica y de la vivienda, la jornada laboral —si se aprueba el 4x3— y la deshumanización.
¿Cómo pensar en la salud mental sin pensar en todo lo demás? Todo eso que nos rodea es también salud mental: las cargas sociales, económicas, de vivienda, trabajo y familia; el entorno en el que nos desenvolvemos; las oportunidades que tenemos. En una sociedad como la actual, donde el discurso violento y la falta de empatía son la norma, es necesario abrir espacios de escucha para reconocer al otro como igual, como humano. Poder retomar esa humanidad común que nos acompaña, donde nuestras dichas y desdichas se parecen más de lo que imaginamos.
Por ejemplo, las Américas son hoy la única región de la Organización Mundial de la Salud donde las muertes por suicidio han aumentado en las últimas dos décadas: un 17% desde el año 2000, con más de 100.000 vidas perdidas cada año. Y, aun así, los países de la región destinan una mediana de apenas el 3% de su gasto público en salud a la salud mental. No es una falla del destino; es una decisión presupuestaria.
Costa Rica no escapa a ese espejo. En 2025, 396 personas murieron por suicidio en el país, un 7% más que el año anterior; ocho de cada diez eran hombres. Ese mismo año hubo 4.016 intentos, con mayor incidencia entre adolescentes de 10 a 19 años, sobre todo mujeres. La Caja atendió más de un millón de consultas externas por diagnósticos de salud mental, cerca de 2.800 cada día, y las atenciones de emergencia por intentos de suicidio pasaron de 8.481 en 2020 a más de 12.000 en 2025. Para sostener esa demanda, la institución cuenta con 579 profesionales en psicología y psiquiatría. Detrás de cada cifra hay un nombre, una familia, una comunidad que intentó sostener lo que el sistema dejó caer.
Habrá quien lea estos datos como un asunto de voluntad individual, de resiliencia, de “echarle ganas”. Pero ¿qué resiliencia se le pide a una madre que dependía del CEN-Cinai para poder ir a trabajar cuando ese programa pierde ₡40.000 millones en un presupuesto extraordinario que, al mismo tiempo, traslada recursos a prensa y publicidad de Casa Presidencial? ¿Qué serenidad se le exige a una familia que espera un bono de vivienda cuando se le quitan ₡30.000 millones a ese fondo? ¿Qué futuro se le promete a una juventud cuya educación, de aprobarse lo propuesto, tendría ₡371.516 millones menos en 2027, un 13% menos que este año?
Ahí está, profe, la verdad de su frase. La salud es política porque se decide en las comisiones legislativas antes que en los consultorios. Porque el insomnio de quien no sabe si llegará a fin de mes, el agotamiento de quien trabajaría doce horas diarias durante cuatro días seguidos, la angustia de quien ve encogerse los espacios de cuido para sus hijos o sus padres no nacen únicamente en el cerebro: también responden a las condiciones de vida y terminan expresándose en el cuerpo. No es casual que Puntarenas, donde la pobreza y la violencia pesan más, concentre la tasa más alta de intentos de suicidio del país. Tampoco es casual que, aunque la pobreza por ingresos haya bajado al 15,2% de los hogares según la última Encuesta Nacional de Hogares, la pobreza multidimensional —la que mide carencias en educación, vivienda, salud, trabajo y protección social— siga sin cambios significativos.
Por ello, hablar de salud mental sin hablar de presupuesto, vivienda, salarios, jornadas, cuido y educación es pedirle a la gente que se sane sola en un entorno que la enferma. Es individualizar un malestar que es, en esencia, colectivo.
Y, sin embargo, lo colectivo es también el lugar de la esperanza. Si el malestar es compartido, la respuesta también puede serlo: escuchar sin prisa a la compañera de trabajo, preguntarle al vecino cómo está de verdad, sostener las organizaciones comunitarias, defender en voz alta lo público que nos cuida, exigir con memoria. Frente a un discurso que divide entre “nosotros” y “ellos”, que convierte la crítica en enemistad y el dolor ajeno en estadística, reconocer al otro como igual es casi un acto de resistencia.
En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, no quiero solo recordar que debemos cuidarnos. Quiero recordar que cuidarnos es una tarea política, que se decide en cada presupuesto, en cada ley, en cada silencio y en cada palabra. Que la salud mental no es un lujo para tiempos de calma, sino la medida de cuánto valoramos la vida de quienes habitan este país. Mi profesor tenía razón: la salud es política. Y, si lo es, entonces también está en nuestras manos.