En Costa Rica acostumbramos a hablar del Poder Judicial como si existiera únicamente para perseguir delitos, dictar sentencias penales y llenar cárceles. En un país golpeado por el avance del narcotráfico y del crimen organizado, esa preocupación por la seguridad es comprensible, pero reducir la justicia a su dimensión punitiva nos deja mirando solo una parte del problema. En democracia, los tribunales también son el último refugio de la ciudadanía cuando el poder político, económico o administrativo le da la espalda.
El Poder Judicial no es solo una maquinaria de castigo. Es un contrapeso republicano, sí, pero también algo mucho más concreto: la diferencia entre tener o no tener defensa, salud, agua limpia, salario, pensión alimentaria o protección frente a la violencia.
La justicia en la vida cotidiana
Cuando una persona trabajadora es despedida por estar embarazada o por exigir el salario que le corresponde y no puede pagar un abogado privado, la Defensa Pública Laboral le permite enfrentar en mejores condiciones a su patrono. Cuando una persona enferma necesita un tratamiento que la Caja le niega por razones presupuestarias, muchas veces ha sido la Sala Constitucional la que ha recordado que la vida no puede depender únicamente de una hoja de cálculo. Cuando una comunidad recibe agua contaminada o un pueblo originario ve amenazado su territorio, los tribunales pueden convertirse en el espacio donde esa dignidad encuentra voz.
Por eso conviene ampliar la mirada. Justicia no es solo prisión preventiva ni condena penal. Justicia también es el medicamento que llega a tiempo, el expediente laboral que protege a quien no tiene poder, la pensión que sostiene a una familia, la tutela ambiental que defiende un río y el amparo que le recuerda al Estado que ninguna autoridad está por encima de la ciudadanía.
Reconocer las deudas sin maquillarlas
Ahora bien, defender al Poder Judicial no significa idealizarlo ni negar sus fallas. Sería políticamente ingenuo y éticamente irresponsable. La ciudadanía tiene razones legítimas para sentirse frustrada: la mora judicial es una herida profunda, los procesos se alargan, los despachos se saturan y muchas personas sienten que pedir justicia es entrar en un laberinto lento, costoso y emocionalmente agotador.
También hay distorsiones difíciles de defender. Resulta cuestionable que una parte considerable del tiempo judicial se destine al cobro de deudas comerciales de bancos y empresas, mientras asuntos humanos urgentes esperan turno. Y es especialmente doloroso que, pese a la abundancia de leyes contra la violencia de género, tantas causas se queden en etapas preliminares, atrapadas entre la falta de peritajes, los trámites revictimizantes y el desgaste de las víctimas.
A eso se suma una gobernanza judicial que necesita modernizarse. No es razonable que la cúpula judicial cargue con tareas administrativas que le restan tiempo a su función principal. La justicia costarricense requiere rendición de cuentas, evaluación seria, mejor gestión y una reforma institucional pensada desde quienes usan el sistema, no desde quienes ya saben moverse dentro de él.
La trampa del recorte fácil
El enojo ciudadano está siendo canalizado de forma peligrosa. Desde el poder político se señalan defectos reales del sistema judicial, pero no siempre para corregirlos, sino para justificar recortes presupuestarios, presión institucional y ataques a la independencia de los tribunales. Esa estrategia funciona porque parte de una verdad: la justicia debe mejorar. La trampa está en vender su debilitamiento como si fuera eficiencia.
Recortar a ciegas el presupuesto judicial no reduce la mora ni produce mejores sentencias. En la práctica, puede significar menos fiscales, menos peritajes, menos investigación criminal, menos protección para víctimas y testigos y menos capacidad para enfrentar al narcotráfico como lo que es: una amenaza organizada, económica y territorial que se aprovecha de instituciones débiles. También implica menos respuesta en materias laborales, familiares, ambientales o constitucionales. Quien termina pagando la factura no suele ser el magistrado, sino la persona común que necesita que el Estado le responda.
En una democracia, la independencia judicial no es un privilegio corporativo: es una garantía ciudadana. Si los jueces dependen de la voluntad del Gobierno de turno, si los presupuestos se usan como castigo o si el desprestigio público se convierte en herramienta de control, el equilibrio republicano se rompe lentamente, sin necesidad de golpes espectaculares.
Bisturí para reformar, no hacha para destruir
La discusión seria no debería plantearse como una falsa escogencia entre defender todo como está o demoler la institucionalidad. Quienes creemos en la democracia debemos sostener dos verdades al mismo tiempo: el Poder Judicial necesita cambios profundos y, precisamente por eso, debe contar con autonomía, recursos suficientes y controles democráticos adecuados.
Hace falta reformar con bisturí: simplificar procedimientos, medir resultados, profesionalizar la gestión, priorizar a las víctimas y sacar de los tribunales aquello que no debería consumir energía judicial. Pero gobernar con hacha —recortar, intimidar, desacreditar— solo favorece al crimen organizado, a los poderes económicos abusivos y a quienes quisieran gobernar sin contrapesos. Si el país quiere enfrentar seriamente al narco, necesita una justicia robusta, independiente y capaz de investigar redes complejas sin renunciar al Estado de derecho.
Defender la justicia no es defender sus defectos. Es exigirle más porque importa demasiado. Cuando se debilita al Poder Judicial, no se castiga a una élite lejana: se deja más sola a la persona trabajadora despedida, al enfermo sin tratamiento, a la mujer que denuncia violencia, a la comunidad sin agua limpia, al ciudadano que necesita límites frente al poder y al país que intenta contener al crimen organizado. Reformar la justicia es urgente; destruirla sería imperdonable.