En las últimas semanas han comenzado a circular en Costa Rica mensajes que deberían preocuparnos profundamente, independientemente de la religión que profesemos. Algunas publicaciones llegan a afirmar que quienes promuevan el islam deberían ser encarcelados, mientras otras presentan a esta religión como incompatible con nuestra sociedad o nuestra identidad.
Se puede discutir sobre religión, criticar el islam, el cristianismo, el judaísmo, el hinduismo, el ateísmo o cualquier sistema de ideas. Esa posibilidad forma parte precisamente de una sociedad democrática. Lo que resulta muy diferente es transformar la crítica a determinadas ideas, prácticas o instituciones en una condena colectiva contra millones de seres humanos por la religión que profesan.
Ahí comienza la islamofobia y el problema no concierne únicamente a los musulmanes. Hoy son los musulmanes; mañana puede ser cualquier minoría.
La historia ofrece suficientes ejemplos de los peligros que aparecen cuando una sociedad comienza a dividir a sus habitantes entre quienes supuestamente pertenecen legítimamente a la nación y quienes representan una amenaza por sus creencias, origen étnico, cultura o forma de vida.
El mecanismo suele repetirse: primero se construye un estereotipo. Después, se presenta a todo un grupo como responsable de determinadas conductas realizadas por algunos de sus integrantes. Posteriormente, se generaliza la sospecha. Finalmente, aparecen quienes consideran justificable restringir derechos, expulsar, perseguir o incluso utilizar la violencia contra esas personas.
Hoy ese mecanismo puede dirigirse contra los musulmanes. Mañana puede utilizarse contra judíos, cristianos evangélicos, católicos, ateos, personas pertenecientes a nuevas expresiones religiosas o cualquier grupo convertido circunstancialmente en chivo expiatorio.
Por eso, combatir la islamofobia no significa otorgarle al islam una protección especial frente a la crítica. Significa defender un principio muchísimo más amplio: ningún ser humano debe ser perseguido, discriminado o convertido en sospechoso exclusivamente por sus creencias religiosas.
Las Naciones Unidas han advertido precisamente que el odio antimusulmán puede traducirse en discriminación, estigmatización, agresiones contra las personas y ataques contra lugares de culto. La organización insiste, además, en un principio fundamental: el terrorismo y el extremismo violento no deben atribuirse indiscriminadamente a ninguna religión, nacionalidad, civilización o grupo étnico.
La Constitución costarricense también protege a los musulmanes. En Costa Rica existe, además, una cuestión jurídica que no debería prestarse a confusión.
Nuestra Constitución establece en su artículo 75:
La Religión Católica, Apostólica, Romana, es la del Estado, el cual contribuye a su mantenimiento, sin impedir el libre ejercicio en la República de otros cultos que no se opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres”.
De acuerdo con la Procuraduría General de la República, Costa Rica mantiene constitucionalmente una religión oficial, pero esa confesionalidad no autoriza al Estado ni a ninguna autoridad a perseguir otras religiones. Todo lo contrario: la misma norma constitucional protege expresamente su libre ejercicio.
La jurisprudencia constitucional costarricense ha ido todavía más lejos. La Sala Constitucional ha señalado que el libre ejercicio de la religión constituye un valor constitucional de enorme relevancia y que la libertad religiosa debe entenderse junto con la libertad de conciencia, pensamiento y opinión y con el principio de tolerancia derivado de la dignidad humana.
Costa Rica también está obligada por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuyo artículo 12 reconoce la libertad de conciencia y religión, incluido el derecho de conservar, cambiar, profesar y divulgar las propias creencias individual o colectivamente, en público o en privado.
Consecuentemente, ser musulmán en Costa Rica no constituye una concesión que una mayoría pueda otorgar o retirar. Es el ejercicio de un derecho fundamental.
Esto es válido igualmente para cualquier otro credo religioso, para una persona sin religión o para cualquier otra convicción protegida por nuestro sistema democrático.
Existe, además, otro fenómeno preocupante: la importación acrítica de discursos políticos surgidos en otros países.
Europa atraviesa desde hace años tensiones relacionadas con inmigración, desigualdad, integración cultural, terrorismo, conflictos internacionales y polarización política. En ese contexto han crecido movimientos de extrema derecha y organizaciones ultranacionalistas que utilizan frecuentemente la inmigración y la presencia musulmana como elementos de movilización política.
Esto no significa negar problemas reales. Existen organizaciones terroristas que se han proclamado islamistas y han cometido crímenes atroces. Coexisten también problemas de integración, extremismo religioso y conflictos culturales que deben estudiarse, discutirse y enfrentarse democráticamente.
Negar esos fenómenos sería intelectualmente irresponsable. Sin embargo, resulta igualmente irresponsable hacer responsables de ellos a aproximadamente dos mil millones de musulmanes que viven en sociedades, culturas, países y circunstancias completamente diferentes. La propia presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas señalaba en marzo de 2026 que combatir la islamofobia no significa justificar a organizaciones como ISIS, Boko Haram, Al-Shabaab o los talibanes, sino precisamente evitar que sus acciones sean utilizadas para representar a toda la población musulmana mundial.
Los datos europeos demuestran que el problema de la discriminación no es imaginario. La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea informó que aproximadamente uno de cada dos musulmanes entrevistados había sufrido racismo o discriminación, con particular incidencia en ámbitos como el empleo y la vivienda.
El caso británico de 2024 constituye una advertencia particularmente importante.
Después del asesinato de tres niñas en Southport comenzaron a circular informaciones falsas en redes sociales que afirmaban que el atacante era un solicitante de asilo musulmán. Una investigación parlamentaria británica documentó posteriormente que aquellas afirmaciones eran infundadas y alcanzaron una difusión enorme en las plataformas digitales.
Durante los disturbios posteriores fueron atacadas mezquitas y establecimientos vinculados con solicitantes de asilo. Activistas conocidos de extrema derecha promovieron o participaron en algunas de aquellas movilizaciones. El propio Gobierno británico describió aquellos ataques contra musulmanes, mezquitas y otras minorías como violencia de extrema derecha.
El ejemplo demuestra hasta dónde puede conducir una asociación falsa repetida suficientes veces: musulmán se convierte en inmigrante; inmigrante, en delincuente; delincuente, en terrorista; y, finalmente, cualquier persona perteneciente al grupo termina considerada colectivamente culpable.
Ese mecanismo es extraordinariamente peligroso.
Algo semejante debe evitarse cuando ocurren protestas estudiantiles, movilizaciones sociales o disturbios en ciudades europeas.
Una manifestación puede ser legítima. Dentro de ella pueden producirse actos delictivos. Quien cometa un delito debe responder individualmente ante la justicia, independientemente de que sea musulmán, cristiano, judío, ateo o no profese religión alguna.
Lo que una democracia no puede aceptar es sustituir la responsabilidad individual por una culpabilidad religiosa colectiva.
En Europa, organismos como el Consejo de Europa han advertido sobre el crecimiento de discursos políticos que presentan a inmigrantes y musulmanes como amenazas para la seguridad o la identidad nacional, así como sobre la utilización de conflictos internacionales por movimientos extremistas para alimentar el odio contra comunidades enteras.
Las legítimas discusiones sobre inmigración, seguridad, integración cultural o delincuencia deben resolverse mediante datos, legislación y políticas públicas.
Nunca mediante la demonización de una religión.
El fascismo siempre necesita un enemigo: ahora es el islam y los musulmanes.
Existe, además, una lección histórica que conviene recordar: las ideologías autoritarias necesitan simplificar sociedades complejas. Para ello, identifican enemigos internos responsables de problemas económicos, sociales o políticos que poseen causas muchísimo más amplias.
El fascismo europeo hizo del antisemitismo uno de sus instrumentos más terribles. Otros movimientos autoritarios han perseguido cristianos, musulmanes, ateos, minorías étnicas, intelectuales, inmigrantes o disidentes políticos según el momento y el lugar.
El grupo cambia, el mecanismo permanece.
Por eso, quien hoy guarda silencio cuando escucha que deberían encarcelarse personas por “promover el islam” debería preguntarse qué ocurriría si mañana alguien exigiera prisión para quienes promuevan el evangelismo, el catolicismo, el judaísmo o el ateísmo.
Una democracia no puede funcionar de esa manera. Criticar una religión no es odiar a sus creyentes.
También debemos evitar el extremo contrario: combatir la islamofobia no significa prohibir la crítica al islam.
Las religiones son sistemas de ideas y, como tales, pueden analizarse, cuestionarse y debatirse. Se puede discutir sobre la situación de la mujer en determinadas sociedades musulmanas, sobre interpretaciones de la sharía, sobre fundamentalismo, secularización, libertad sexual, derechos humanos o cualquier otro asunto.
Exactamente igual que podemos discutir sobre la historia de la Iglesia católica, determinadas interpretaciones evangélicas, posiciones del judaísmo ortodoxo o cualquier otra tradición religiosa.
La frontera democrática es relativamente sencilla: las ideas pueden cuestionarse. Las personas conservan sus derechos.
Un ciudadano puede decir: “No comparto las enseñanzas del islam”; es completamente diferente afirmar: “Los musulmanes deberían ser encarcelados por promover su religión”.
Costa Rica debe escoger el camino de la convivencia. Nuestro país ha construido buena parte de su identidad contemporánea alrededor de la resolución pacífica de conflictos, el respeto institucional y los derechos fundamentales.
No somos inmunes al prejuicio. Por esta razón, debemos reaccionar antes de que discursos importados desde otros contextos normalicen entre nosotros una división que nuestra propia realidad social no justifica.
Un musulmán costarricense no es menos costarricense por ser musulmán, como tampoco lo es un judío, un evangélico, un católico, un budista o una persona sin religión.
Podemos discrepar profundamente entre nosotros y continuar compartiendo ciudadanía, instituciones y derechos. Esa es precisamente la esencia de una democracia pluralista.
La islamofobia constituye hoy el problema concreto que debemos enfrentar. Aun así, defender a los musulmanes contra la discriminación no es únicamente defender a los musulmanes: es defender también al cristiano que mañana podría convertirse en minoría, al judío frente al antisemitismo y al ateo frente a la persecución religiosa.
Se debe defender a cualquier ser humano frente al momento en que alguien pretenda convertir sus creencias en prueba de culpabilidad.
La libertad religiosa posee una característica esencial: o existe para todos, o tarde o temprano dejará de existir para cualquiera.
Cuando una sociedad acepta que el odio determine quién merece derechos, ya no está defendiendo su democracia.
Está comenzando a destruirla.