Nogui Acosta cuestionó el conocimiento de los estudiantes que participaron en la movilización nacional.
El jefe de fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Nogui Acosta Jaén, cuestionó este martes a los estudiantes que participaron en la marcha nacional en defensa de la educación pública, al afirmar que desconocen cómo se financia y distribuye el Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Estatal (FEES), así como los recursos destinados a becas y sedes regionales.
Durante una intervención en el plenario legislativo, Acosta sostuvo que los manifestantes no tenían suficiente conocimiento sobre el manejo del presupuesto universitario y responsabilizó a las autoridades de las universidades públicas de promover la movilización sin explicar, a su juicio, cómo se administran los recursos.
Ni siquiera tienen una idea de cómo se financia el FEES".
El diputado también cuestionó que los estudiantes desconozcan, según afirmó, cuánto dinero reciben las universidades para financiar becas, cómo se distribuyen los fondos entre las sedes centrales y regionales y cuáles son las remuneraciones de las autoridades universitarias.
Acosta sostuvo que las rectorías utilizan las preocupaciones presupuestarias para movilizar a los estudiantes, en lugar de explicar las diferencias que existen en la asignación de recursos entre instituciones y regiones del país.
También señaló que el financiamiento universitario proviene de los impuestos pagados por la población costarricense y que, por tanto, las autoridades académicas deben rendir cuentas sobre su utilización.
El legislador cuestionó especialmente que algunas sedes regionales enfrenten dificultades financieras mientras las universidades mantienen recursos acumulados y estructuras administrativas en sus instalaciones centrales. A su juicio, estas diferencias evidencian problemas en la asignación presupuestaria que deben corregirse.
Durante su discurso, Acosta acusó a las autoridades universitarias de privilegiar a determinados sectores académicos y sostuvo que los estudiantes deberían conocer mejor los mecanismos de financiamiento y las decisiones que determinan el destino de los recursos públicos.
Cuestiona superávits y distribución del FEES
El jefe del oficialismo retomó los cuestionamientos que su fracción formuló durante los últimos días sobre los superávits de las universidades públicas, particularmente los del Tecnológico de Costa Rica (TEC).
Acosta afirmó que el TEC dispone de aproximadamente ₡11.000 millones en superávits y cuestionó que, pese a esa situación, su rectora, María Estrada Sánchez, haya advertido sobre la posibilidad de un cierre técnico del Centro Académico de Limón si no se reciben los recursos previstos para su funcionamiento.
El diputado sostuvo que la existencia de esos fondos debería llevar a revisar las prioridades institucionales y las posibilidades de financiar las necesidades de los centros regionales con recursos que ya se encuentran en poder de las universidades.
Sin embargo, el TEC explicó que el problema de su centro académico de Limón corresponde a una propuesta gubernamental para rebajar ₡492,9 millones destinados a financiar su funcionamiento durante los últimos meses de 2026. La institución sostiene que los recursos acumulados para inversiones y otros fines específicos no pueden utilizarse libremente para sustituir esas transferencias.
Acosta también cuestionó los porcentajes históricos utilizados para distribuir el FEES entre las universidades públicas y afirmó que los mecanismos existentes dificultan modificar las asignaciones para favorecer a instituciones con menores recursos.
El legislador mencionó particularmente a la Universidad de Costa Rica (UCR), a la que atribuyó resistencia frente a determinadas propuestas de redistribución. Asimismo, anunció que el oficialismo promoverá cambios legislativos relacionados con la forma en que se asignan los recursos universitarios, aunque no detalló un articulado ni identificó un expediente presentado.
La distribución del FEES ha sido objeto de negociaciones internas entre las universidades. En abril de 2026, el Consejo Nacional de Rectores (Conare) aprobó principios para avanzar hacia una distribución más equitativa, mediante cambios graduales que consideren las diferencias de financiamiento, cobertura territorial y necesidades de cada institución.
No obstante, para elaborar los presupuestos ordinarios de 2027, las universidades acordaron mantener las bases de distribución utilizadas en 2026, mientras continúan las discusiones sobre un nuevo esquema.
Marcha responde a recortes aprobados en comisión legislativa
Las declaraciones de Acosta se produjeron mientras miles de estudiantes, docentes, funcionarios universitarios y representantes de organizaciones sociales participaron en la movilización nacional, convocada para protestar contra las propuestas de reducción del presupuesto de la educación superior pública y otros servicios estatales.
La manifestación comenzó durante la mañana en la Fuente de la Hispanidad, en San Pedro de Montes de Oca, y avanzó hacia las inmediaciones de la Asamblea Legislativa, donde los participantes expresaron su rechazo a las medidas presupuestarias impulsadas por el Gobierno y los diputados oficialistas.
La convocatoria fue respaldada por los rectores de las cinco universidades públicas, quienes llamaron a participar de manera pacífica para defender el financiamiento de la educación superior y las oportunidades de acceso para estudiantes de distintas regiones del país.
La movilización ocurrió después de que la Comisión de Asuntos Hacendarios aprobara, durante la noche del lunes, dos mociones que reducen en conjunto aproximadamente ₡16.966 millones de los recursos previstos para las universidades públicas en el presupuesto nacional de 2027.
Una de ellas contempla una reducción de ₡8918 millones en transferencias destinadas a gastos de operación, mientras que la otra rebaja ₡8048 millones correspondientes a recursos del FEES cuya entrega había sido postergada.
Las universidades han advertido que esas reducciones podrían afectar las becas estudiantiles, la contratación de personal, la apertura de cupos, los proyectos de investigación y las actividades académicas en sus sedes regionales.
Además, el Gobierno propuso mantener el monto global del FEES de 2027 sin aumento nominal respecto al aprobado para 2026, equivalente a aproximadamente ₡593.484 millones. Conare rechazó esa propuesta al considerar que, sin un ajuste por inflación, se reduce la capacidad real de financiamiento de las instituciones.