Un presupuesto nacional parece un documento frío, lleno de cifras que casi nadie lee. Y precisamente por eso es uno de los textos más reveladores que produce cualquier gobierno: los discursos dicen lo que conviene; los números muestran lo que se prioriza. Hoy, mientras la Asamblea Legislativa discute el presupuesto de 2027, vale la pena leerlo con calma y sin camiseta política.
El proyecto asciende a ₡12,4 billones, cerca de un 3% menos que el de este año, y alrededor del 40% está comprometido para pagar deuda, que ya supera el 60% del PIB. Nadie serio discute que las finanzas públicas necesitan orden. La pregunta no es si hay que ajustar, sino cómo y con qué criterio.
Hay aspectos en debate. Sobre educación, algunos sectores advierten una reducción importante, mientras Hacienda sostiene que se trata de una limpieza contable de partidas bloqueadas y no de una afectación a los servicios. El Poder Judicial verá recortes y congelamientos, y las entidades de vigilancia sísmica y meteorológica también recibirán menos. Del otro lado, el Ejecutivo explica que algunos aumentos, como los de la Presidencia, responden a necesidades técnicas, por ejemplo, personal para el trabajo legislativo. Ambas lecturas merecen ser escuchadas y contrastadas con cifras.
Hay un asunto que, a mi juicio, trasciende cualquier gobierno: la educación. Costa Rica construyó buena parte de su identidad apostando por ella. Fue lo que nos distinguió en la región y es una ventaja que se construye durante décadas, pero puede erosionarse en pocos años. Un país que escatima en sus aulas hoy no lo nota de inmediato; lo nota una generación después, en productividad, oportunidades y cohesión social. Por eso, cualquier ajuste que roce la educación debería someterse al escrutinio más exigente.
Y el derecho no es indiferente a esto, porque nuestra Constitución fijó pisos. El artículo 78 obliga a destinar a la educación estatal no menos del 8% del PIB y, desde 2014, ya no existe el transitorio que permitía quedar por debajo. El artículo 177 reserva al Poder Judicial no menos del 6% de los ingresos ordinarios, aunque también faculta al Ejecutivo a reducir partidas al preparar el proyecto. Sobre este punto hay una discusión legítima: el Gobierno afirma que el piso está cubierto con holgura y el Poder Judicial responde que ese porcentaje nació para una institución mucho más pequeña. Un piso, en todo caso, es un mínimo, nunca un techo.
A ello se suma el bloque internacional. Por el artículo 7 constitucional, los tratados de derechos humanos tienen rango superior a la ley. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales exige avanzar hasta el máximo de los recursos disponibles, y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad añade la obligación de consultar a las personas afectadas. El artículo 11, además, recuerda que quien administra fondos públicos debe rendir cuentas. Ajustar el gasto es legítimo; hacerlo sin justificación técnica, pública y verificable es lo que no supera la prueba jurídica.
Finalmente, una opinión personal que creo aplicable a cualquier administración: quien pide sacrificios debe empezar por casa. Si el país necesita apretarse el cinturón, los primeros en demostrarlo deberían ser las áreas de comunicación y la propia Casa Presidencial. Predicar con el ejemplo no es un gesto simbólico; es lo que da autoridad moral para exigirle austeridad a una escuela, a un hospital o a un juzgado. Un recorte que empieza por arriba se defiende solo; uno que empieza por abajo exige muchas explicaciones.
Los presupuestos se aprueban en el plenario, pero se pagan en las aulas, en los hospitales, en los juzgados y en las calles. Leerlos, preguntar y exigir cuentas no es oposición ni militancia. Es ciudadanía.