Durante décadas, el debate sobre los bienes públicos en Costa Rica ha tendido a concentrarse en una métrica relativamente fácil de observar: cuánto dinero entra al presupuesto y cuánto se gasta.
Pero, desde la perspectiva de S-Lab, esa es precisamente la trampa de la caja visible: evaluar la eficacia de una institución por sus insumos, sin verificar suficientemente el mecanismo mediante el cual esos recursos se transforman en resultados.
Si la seguridad se deteriora, las listas de espera se prolongan, la infraestructura pierde capacidad o la educación pública no genera las competencias que demanda la economía, la respuesta suele concentrarse en una pregunta: ¿cuántos recursos adicionales necesita el Estado?
Hay otra pregunta que debería venir antes: ¿qué resultado está produciendo realmente cada unidad de recursos públicos utilizada?
Cuando la provisión pública es insuficiente, aparece un fenómeno económico que merece mayor atención: el ciudadano comienza a pagar nuevamente por soluciones privadas.
No necesariamente se trata de una segunda imposición en sentido estricto. En muchos casos, se trata de un costo adicional de transacción o de sustitución: una persona o empresa decide adquirir privadamente un servicio que el Estado provee de manera insuficiente o que no satisface plenamente su demanda.
La distinción es importante.
Pero también lo es el fenómeno económico que permanece detrás de ella.
Cuando el privado sustituye la insuficiencia pública
Pensemos en algunos ejemplos:
- Salud. Una familia paga impuestos y contribuciones sociales para financiar el sistema público. Si necesita atención oportuna y recurre, además, a consultas, exámenes, seguros o procedimientos privados, realiza un segundo desembolso para obtener una respuesta que considera necesaria.
- Seguridad. El ciudadano contribuye al financiamiento de la seguridad pública. Pero un condominio, una empresa o una comunidad puede contratar vigilancia, cámaras, controles de acceso o monitoreo privado para obtener un nivel adicional o diferente de protección. En este caso, la seguridad privada no es necesariamente el mismo bien que la seguridad nacional. Es una demanda privada por un nivel adicional de servicio. Pero, desde la perspectiva del ciudadano, existe igualmente una pregunta económica: ¿cuánto de ese gasto privado responde a una preferencia adicional y cuánto responde a una brecha en la provisión pública? Esa diferencia importa.
- Transporte e infraestructura. Cuando la congestión o la insuficiencia de infraestructura elevan los tiempos y costos de desplazamiento, las empresas pueden recurrir a transporte privado, rutas alternativas, peajes o soluciones logísticas propias.
- Educación. Las familias pueden complementar o sustituir la educación pública con instituciones privadas, tutorías y formación adicional cuando consideran que necesitan competencias que el sistema público no está proporcionando suficientemente.
En todos estos casos existe una decisión privada. Pero también puede existir un costo de sustitución generado por una brecha entre el servicio público esperado y el servicio efectivamente recibido.
El segundo pago que no aparece en la caja fiscal
Aquí está, a mi juicio, el problema económico central. El primer pago es visible. Los impuestos, las contribuciones sociales y otros ingresos públicos aparecen en las cuentas del Estado.
El segundo pago también existe, pero aparece en otra parte de la economía: en el presupuesto de la familia, en los costos de la empresa o en la inversión que debe realizar el sector privado para compensar una insuficiencia.
Por eso prefiero hablar de asimetría de visibilidad. El Estado registra cuánto recauda. La economía también debería preguntarse cuánto les cuesta a los ciudadanos y a las empresas compensar las brechas que permanecen después de esa recaudación.
La diferencia puede ser enorme. Una empresa que contrata seguridad privada no necesariamente está pagando dos veces por exactamente el mismo bien. Pero sí puede estar incurriendo en un costo adicional porque el nivel de seguridad pública disponible no coincide con el que necesita para operar.
La distinción entre ambos conceptos es económicamente relevante. No todo gasto privado posterior a un impuesto representa una falla estatal. Pero tampoco todo gasto privado adicional puede considerarse simplemente una preferencia individual desconectada de la calidad de los bienes públicos.
Ahí está la pregunta que debería validarse.
Del gasto público al valor generado
Desde S-Lab, el problema puede expresarse de otra manera.
La caja visible muestra el input: cuánto recauda el Estado y cuánto asigna a una institución.
Pero lo verdaderamente relevante es el mecanismo de transmisión: ¿cómo se convierte ese recurso en seguridad, salud, movilidad, educación o certidumbre?
Y, finalmente, está el outcome: ¿qué valor recibe realmente la sociedad? Cuando el outcome es insuficiente, aparece una respuesta descentralizada: las personas y las empresas buscan alternativas.
El mercado no necesariamente está reemplazando al Estado en términos absolutos. En algunos casos, está ofreciendo un bien complementario; en otros, está sustituyendo parcialmente una provisión pública insuficiente.
La consecuencia económica, sin embargo, puede ser similar: recursos privados que podrían haberse destinado a ahorro, inversión, innovación o consumo productivo terminan utilizándose para cubrir una necesidad que la sociedad esperaba resolver, al menos parcialmente, mediante la provisión pública.
Ese costo de oportunidad también debería formar parte de la evaluación de las políticas públicas.
El problema de los incentivos
Aquí aparece una segunda dimensión. En un mercado privado, cuando una empresa no genera el valor que sus clientes esperan, enfrenta una señal relativamente clara: pierde clientes, ingresos y, eventualmente, puede salir del mercado.
Las instituciones públicas funcionan bajo mecanismos diferentes. El fracaso de un servicio no necesariamente reduce de manera automática el presupuesto de la institución que lo produce. Una lista de espera más larga, una carretera que tarda años en completarse o un deterioro en determinados resultados educativos no necesariamente producen una reducción equivalente de los recursos asignados.
Esto genera una desconexión entre recursos utilizados y resultados verificables. Y esa desconexión es precisamente lo que S-Lab denomina la trampa de la caja visible: medir lo que entra al sistema es mucho más sencillo que validar lo que sale de él.
La verdadera pregunta
El debate no debería reducirse a Estado versus mercado.
Tampoco debería asumir que todo servicio privado es evidencia de fracaso estatal.
La pregunta más rigurosa es otra: ¿qué parte del gasto privado representa una preferencia adicional y qué parte representa el costo de compensar una insuficiencia pública?
Responderla exige algo que suele faltar en el debate: mecanismos de validación. Necesitamos poder observar la cadena completa: recursos públicos → mecanismo de provisión → resultado público → brecha → costo privado de sustitución → efecto económico.
Solo así podemos saber si una mayor recaudación o un mayor presupuesto están generando realmente más valor para la sociedad. Porque recaudar más no equivale necesariamente a producir más. Y gastar más tampoco.
La verdadera efectividad del Estado no debería medirse únicamente por el volumen de recursos que extrae de la economía ni por el tamaño de los presupuestos que administra.
Debería medirse por algo más difícil: la capacidad de transformar esos recursos en resultados que reduzcan, en lugar de aumentar, los costos que ciudadanos y empresas deben asumir para hacer funcionar sus vidas y sus actividades económicas.
Cuando el Estado no logra producir ese resultado, el ciudadano busca alternativas. No siempre porque quiera privatizar el servicio. Muchas veces, simplemente porque necesita que funcione. Y cuando necesita pagar nuevamente para obtenerlo, aparece un costo económico que la caja fiscal no muestra.
Ese es el costo de pagar dos veces que deberíamos aprender a medir.