La iniciativa de Robert Barrantes castigaría la persecución o el bloqueo intencional de otro vehículo o de un peatón cuando interfiera en su desplazamiento y genere un riesgo concreto para su vida o integridad física.
El diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Robert Junior Barrantes Camacho, presentó un proyecto de ley (expediente 25.844) que propone incorporar la denominada “intimidación vial” como una infracción administrativa categoría A en la Ley de Tránsito.
Las infracciones de esa categoría tienen actualmente una multa de ₡362.839,14 y, una vez firme la sanción, acumulan seis puntos en el expediente de la persona conductora.
El articulado define la intimidación vial como la conducta de quien conduce un vehículo automotor o asistido y, mediante la persecución o el bloqueo intencional y directo de otro vehículo o de un peatón, interfiere en su desplazamiento y genera un riesgo concreto para la vida o la integridad física de una o más personas.
La reforma incorporaría esa conducta al artículo 143 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, siempre que los hechos no estén sancionados por otra disposición de esa misma ley.
El proyecto también propone que las campañas de educación vial incorporen contenidos sobre prevención de la intimidación vial, gestión responsable de los conflictos y respeto entre las personas usuarias de las vías públicas.
El vacío que busca cubrir
Según la exposición de motivos, el ordenamiento jurídico ya contiene figuras aplicables a determinados conflictos viales, pero existe un supuesto que podría quedar sin una respuesta administrativa claramente delimitada: utilizar un vehículo para perseguir o bloquear a otra persona, interferir en su desplazamiento y generar un riesgo concreto para su vida o integridad física.
El texto presenta ese comportamiento como una conducta que puede aparecer en etapas tempranas del escalamiento de un conflicto en carretera.
La iniciativa señala que correspondería a la autoridad competente acreditar los elementos que configuran la infracción y motivar su decisión, con respeto al derecho de defensa y las demás garantías aplicables.
Además, establece que la aplicación de la norma deberá sustentarse en hechos verificables y no únicamente en una apreciación subjetiva sobre el comportamiento de la persona conductora.
Proyecto cita enfrentamientos recientes
La exposición de motivos menciona varios episodios recientes de confrontaciones en carretera, aunque no aporta estadísticas sobre la cantidad de denuncias o incidentes de intimidación vial en el país.
Entre los casos citados figura una discusión entre conductores ocurrida en Escazú en agosto de 2026 que terminó en una agresión y requirió la intervención de la Policía Municipal, así como un enfrentamiento entre conductores reportado en Curridabat en diciembre de 2025.
El proyecto también menciona un caso ocurrido en Cartago en mayo de 2026, cuando una discusión posterior a una colisión entre dos vehículos terminó con un disparo y la muerte de uno de los conductores.
La exposición de motivos recuerda además que, en 2024, profesionales en psicología advirtieron sobre la relación entre el caos vial y el aumento de la agresividad en carretera.
El proyecto fue presentado el 15 de octubre y permanece pendiente de asignación a una comisión legislativa para iniciar su trámite.