La iniciativa busca permitir que el programa utilice sus recursos para inversiones en infraestructura y equipo sin someterlas al límite de crecimiento del gasto.
Diputaciones del Frente Amplio (FA) y del Partido Liberación Nacional (PLN) presentaron un proyecto de ley, tramitado bajo el expediente 25.831, para excluir al Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA) de la aplicación de la regla fiscal.
La iniciativa, impulsada por el diputado frenteamplista Antonio Trejos Mazariegos, pretende facilitar que el PIMA pueda utilizar sus recursos para inversiones en infraestructura, equipo y mantenimiento sin quedar sujeto al límite de crecimiento del gasto establecido en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
El proyecto consta de un artículo único que adicionaría al PIMA a la lista de instituciones exceptuadas de la regla fiscal contenida en el artículo 6 del Título IV de la Ley 9635.
Programa administra Cenada, Refrina y mercado regional
El PIMA es un ente público descentralizado creado mediante la Ley 6142 de 1977. Entre sus funciones se encuentra la administración del Centro Nacional de Abastecimiento y Distribución de Alimentos (Cenada), la Red Frigorífica Nacional (Refrina) y el Mercado Regional Mayorista de la Región Chorotega.
Un criterio de la Procuraduría General de la República de 2023 determinó que el PIMA forma parte de la Administración Pública descentralizada y que sus competencias están vinculadas con el fomento de la producción agropecuaria mediante espacios destinados a la comercialización y almacenamiento de alimentos.
La institución obtiene parte de sus recursos mediante cánones por el uso de sus instalaciones y otros servicios vinculados con sus funciones.
Según datos del Ministerio de Hacienda incluidos en la exposición de motivos, el PIMA presupuestó al 31 de marzo de 2026 un gasto corriente de ₡5.275,22 millones, frente a ₡4.991,03 millones en su presupuesto ordinario de 2025.
Eso representa un crecimiento de aproximadamente 5,69%, frente al máximo de 5,81% permitido por la regla fiscal para 2026. Según los proponentes, esa diferencia dejaba a la institución un margen de alrededor de ₡5,8 millones antes de alcanzar el límite permitido.
Proyecto apunta a proteger inversiones
La exposición de motivos cita además el Informe de Gestión del Sector Agropecuario, según el cual el PIMA ejecutó ₡5.034,07 millones de un presupuesto de ₡5.384,63 millones durante 2024, equivalente a una ejecución del 93,5%.
Según el Banco de Proyectos de Inversión Pública del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), durante ese mismo año la institución ejecutó ₡173,61 millones en proyectos de inversión financiados con recursos propios, incluidos trabajos de mantenimiento de infraestructura y equipos del Cenada y del mercado regional de la Región Chorotega.
El proyecto también señala que el presupuesto de la República para 2027 contempla una transferencia de capital de ₡1.500 millones para avanzar en la construcción de un almacén frigorífico de Refrina en la región Pacífico Central.
Los proponentes argumentan que la aplicación de la regla fiscal al gasto de capital puede limitar la capacidad del PIMA para presupuestar y ejecutar inversiones de este tipo, así como los recursos necesarios posteriormente para su operación y mantenimiento.
La discusión cobra especial importancia porque, cuando la deuda del Gobierno Central alcanza el umbral previsto en la Ley 9635, la regla fiscal pasa a limitar no solo el crecimiento del gasto corriente, sino también el gasto total.
Ministro de Agricultura también pidió excluir al PIMA
El ministro de Agricultura y Ganadería, Juan Gabriel Ramírez Guillén, se manifestó a favor de retirar al PIMA de la regla fiscal durante una comparecencia realizada el pasado 23 de septiembre ante la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios.
Ramírez aseguró que la institución es financieramente autosostenible y señaló:
El PIMA hay que fortalecerlo, hay que sacarlo de la regla fiscal, ojalá”.
El jerarca agregó que el programa dispone de recursos propios que le permitirían trabajar y ampliar sus operaciones.
Exclusión no eliminaría controles presupuestarios
Según la exposición de motivos, la reforma propuesta no eliminaría los controles ordinarios sobre el manejo de los recursos públicos.
El PIMA continuaría sujeto a las normas correspondientes para la formulación, aprobación, ejecución y liquidación de sus presupuestos, así como a los mecanismos de fiscalización aplicables a las instituciones públicas. El cambio planteado consiste en excluir al programa del límite de crecimiento del gasto establecido en el Título IV de la Ley 9635.
La iniciativa fue firmada por Antonio Trejos Mazariegos, Vianey Mora Vega, Edgardo Araya Sibaja, José María Villalta Flórez-Estrada, Sigrid Segura Artavia, María Eugenia Román Mora y Joselyn Sáenz Núñez, del Frente Amplio, así como por Diana Murillo Murillo y Salvador Padilla Villanueva, del Partido Liberación Nacional.
El proyecto fue presentado el 8 de octubre y deberá ser asignado a una comisión legislativa para iniciar su trámite.