La iniciativa de Kattia Ulate busca que la ley proteja expresamente a personas que reciben amenazas para cobrar deudas que no contrajeron.
La diputada del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Kattia María Ulate Alvarado, presentó un proyecto de ley (expediente 25.841) que propone incluir expresamente a terceras personas entre las posibles víctimas del delito de extorsión cobratoria.
La iniciativa reforma únicamente el primer párrafo del artículo 214 bis del Código Penal. Actualmente, la norma sanciona a quien utilice amenazas o intimidación, personalmente, por medio de terceros o mediante cualquier medio de comunicación, para obligar a una persona deudora o a sus familiares a pagar una deuda.
El proyecto agregaría a las terceras personas entre quienes pueden ser objeto de esas amenazas o intimidaciones. De aprobarse, la pena base continuaría siendo de cuatro a ocho años de prisión.
La reforma tampoco modificaría las agravantes vigentes. La pena seguiría siendo de cinco a diez años cuando, entre otros supuestos, la amenaza se dirija contra una persona menor de edad, adulta mayor o en condición de vulnerabilidad; participen dos o más personas; exista agresión física o psicológica; se utilicen armas; o se causen daños a la propiedad.
Cuando los hechos califiquen como delincuencia organizada, la pena continuaría siendo de ocho a 15 años.
Según la exposición de motivos, la modificación pretende adaptar el delito a situaciones documentadas en los préstamos conocidos como “gota a gota”, en las que las amenazas utilizadas para cobrar una deuda pueden dirigirse contra personas que no recibieron el dinero ni asumieron la obligación.
El proyecto señala:
En estos supuestos, la persona tercera se convierte directamente en destinataria de la amenaza o intimidación como mecanismo de presión, para obtener el cumplimiento de una obligación ajena”.
Ulate indicó que esas amenazas pueden alcanzar a amistades, personas incluidas como referencias e incluso a quienes los cobradores identifican mediante redes sociales.
Tras presentar la iniciativa, la diputada afirmó:
No es justo que una persona tenga que vivir con miedo, recibir amenazas o poner en riesgo su tranquilidad por una deuda que ni siquiera es suya. No podemos permitir que estas prácticas sigan afectando a personas ajenas a una obligación crediticia. Con este proyecto queremos que nuestra legislación reconozca expresamente a quienes también pueden convertirse en víctimas de extorsión cobratoria”.
Exposición de motivos cita 3.251 registros desde 2023
La exposición de motivos cita datos de la Unidad de Análisis Criminal del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), con corte a setiembre de 2026.
Según esos datos, entre enero de 2023 y agosto de 2026 se registraron 3.251 hechos de extorsión bajo la modalidad “gota a gota”: 882 en 2023, 844 en 2024, 919 en 2025 y 606 durante los primeros ocho meses de 2026.
San José concentra una parte importante de los registros. Entre los cantones con mayores cifras figuran San José, con 562; Desamparados, con 291; Cartago, con 287; Alajuela, con 149; Heredia, con 140; y Goicoechea, con 131.
Los datos citados por el proyecto muestran además presencia del fenómeno fuera de la Gran Área Metropolitana.
Informe de Naciones Unidas documentó violencia en cobros
La iniciativa cita además el estudio Esquemas de préstamos con prácticas ilegales: el fenómeno gota a gota en Costa Rica, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) y publicado en setiembre de 2025.
El estudio documentó que, ante el incumplimiento de pago, algunas redes recurren a mecanismos como refinanciar la deuda, revenderla a otras redes criminales o ejercer intimidación psicológica, amenazas, hurto de bienes y violencia física.
La investigación también señaló que las denuncias por extorsión cobratoria relacionadas con estos préstamos sumaron 2.018 casos entre 2023 y 2024 y tuvieron presencia en todas las provincias del país.
Por su parte, la exposición de motivos del proyecto señala que también se han presentado situaciones en las que personas que no solicitaron el préstamo reciben amenazas por aparecer como referencias o por haber sido localizadas mediante redes sociales.
El proyecto no define quién debe considerarse “tercera persona” ni aporta datos sobre cuántos de los 3.251 registros citados por el OIJ involucraron directamente a personas ajenas a la deuda.
La iniciativa fue presentada el 15 de octubre y permanece pendiente de asignación a una comisión legislativa para iniciar su trámite.