Kattia Mora plantea eliminar la figura creada en 2022 y su órgano de coordinación, cuyo funcionamiento cuestiona la exposición de motivos.
La diputada Kattia Mora Montoya, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), presentó un proyecto de ley (expediente 25.851) para derogar la Ley 10.268, que creó el Distrito Cívico del Bicentenario de la República de Costa Rica y su consejo de coordinación.
La legislación, aprobada en 2022, estableció una zona especial de 264.392 metros cuadrados (26,4 hectáreas) en el distrito de El Carmen, San José, con el propósito de albergar, de acuerdo con su capacidad urbanística, la Casa Presidencial, los tres Poderes del Estado, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y la mayor cantidad posible de instituciones autónomas y órganos desconcentrados.
La ley también creó el Consejo del Distrito Cívico del Bicentenario, un ente público no estatal con personalidad jurídica propia, integrado por representantes de los tres Poderes de la República, el TSE, la Municipalidad de San José, instituciones autónomas ubicadas en el área, la Oficina de Patrimonio del Ministerio de Cultura, el Museo Nacional, el Museo del Jade y las universidades situadas dentro del distrito.
El Consejo debe elegir entre sus integrantes a una persona comisionada responsable de coordinar e implementar sus decisiones.
La iniciativa que dio origen a esta legislación fue presentada en marzo de 2020 por el entonces diputado Walter Muñoz Céspedes, con el respaldo de legisladores de distintas fracciones, mediante el expediente 21.837.
Cuestionamientos a la figura del distrito
La exposición de motivos del nuevo proyecto retoma las advertencias que el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) formuló durante la discusión de la ley original y sostiene que estas «terminaron por materializarse».
Entre las observaciones citadas figuran la indefinición territorial de la figura, la creación de una entidad pública no estatal para coordinar instituciones, la ausencia de estudios técnicos y financieros, los posibles gastos operativos de la nueva estructura, la eventual invasión de competencias municipales y la falta de un plazo definido para su funcionamiento.
Durante la discusión de la legislación original, Mideplán también advirtió que el texto no aclaraba si la figura modificaba los límites administrativos del distrito de El Carmen, que pasarían de unas 149 hectáreas a aproximadamente 26, o si se trataba de una denominación especial sin consecuencias sobre la división territorial.
Además, la exposición de motivos del expediente 25.851 sostiene que no existe información que demuestre que el Consejo opere actualmente o que haya funcionado desde su creación, por lo que considera que su justificación institucional no quedó suficientemente acreditada.
El proyecto aclara que una eventual derogación no impediría que las instituciones continúen promoviendo la recuperación y gestión del espacio urbano mediante los mecanismos ordinarios de planificación, coordinación interinstitucional y administración municipal.
Qué pasaría con los recursos
El artículo 2 de la propuesta establece que, si se aprueba la derogatoria, los recursos financieros, materiales, humanos y de cualquier otra naturaleza que hayan sido asignados o transferidos para cumplir la Ley 10.268 retornarían a las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, según corresponda, para su reasignación conforme al ordenamiento jurídico vigente.
Asimismo, las obligaciones y compromisos adquiridos válidamente serían asumidos por quienes los contrajeron, sin perjuicio de los derechos de terceros.
El proyecto fue presentado el 20 de octubre de 2026 y se encuentra en la etapa inicial de su trámite legislativo, pendiente de publicación en La Gaceta y de su estudio en comisión.