La Fiscalía investiga supuestos sobreprecios en obras y mantenimientos, así como anticipos ficticios de caja chica.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) ordenó este jueves la detención de una funcionaria del Poder Judicial, de apellido Esquivel, a quien investiga por los presuntos delitos de peculado, sobreprecio irregular y falsedad en la recepción de bienes y servicios contratados.
La investigada ocupa de manera interina el cargo de proveedora judicial. El Ministerio Público también investiga a un contratista privado de apellido Fallas, señalado como el proveedor que aparentemente recibió favorecimiento en contrataciones cuestionadas; la Fiscalía no ordenó su detención este jueves.
Como parte de las diligencias del caso 25-000239-1218-PE, las autoridades allanaron el Departamento de Proveeduría y la Dirección de Tecnologías de Información, ambas dependencias del Poder Judicial, con el objetivo de recabar información relacionada con las contrataciones investigadas.
La FAPTA informó que la causa analiza dos modalidades. La primera se relaciona con la presunta adquisición irregular y con supuestos sobreprecios en obras y mantenimientos mobiliarios; la segunda, con la posible sustracción directa de fondos mediante anticipos ficticios de caja chica.
El fiscal adjunto Miguel Ramírez afirmó que la investigación surgió a partir de una denuncia reciente, relacionada con hechos del año anterior y de este año, y destacó el papel de las auditorías en la detección de las presuntas irregularidades.
Hoy podemos decir que el Ministerio Público y el Poder Judicial tienen las alarmas necesarias para poder dar seguimiento a la corrupción interna”.
Ramírez sostuvo que el Ministerio Público mantiene una línea de investigación sobre presuntos actos de corrupción dentro de distintas instituciones públicas, incluido el Poder Judicial, y mencionó actuaciones previas relacionadas con jueces, fiscales y oficiales del Organismo de Investigación Judicial.
La Fiscalía indicó que tomará la declaración indagatoria a Esquivel y posteriormente solicitará medidas cautelares en su contra. La investigación continúa en trámite y las personas investigadas conservan su estado de inocencia mientras una sentencia firme no establezca lo contrario.