Hay una vieja manera de defenderse de la justicia sin necesidad de demostrar la propia inocencia: desacreditar primero al juez.
Si se consigue convencer a una parte de la ciudadanía de que fiscales, investigadores y jueces forman parte de una conspiración política; si cada investigación incómoda puede presentarse como persecución y cada resolución adversa como prueba de parcialidad, entonces llegará un momento en que ya no será necesario responder por los hechos. Bastará con atacar a quien los investiga. Costa Rica debería observar con enorme atención ese fenómeno.
Durante los últimos meses, las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial han alcanzado niveles de confrontación poco habituales. Desde el Gobierno se ha acusado a sectores judiciales de politización y persecución; desde organizaciones vinculadas a la judicatura se ha advertido, por el contrario, sobre ataques contra la independencia judicial. A ello se ha sumado una áspera disputa presupuestaria.
En medio de ese escenario aparece ahora un personaje incómodo: Guobin Tam Zhang, también conocido como Juan Carlos Tam Cheong.
Tam Zhang fue detenido con fines de extradición hacia Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y legitimación de capitales. Las acusaciones que pesan sobre él son graves y deberán probarse en las instancias correspondientes. Su responsabilidad penal no la determinan una fotografía, un periódico ni una columna de opinión. Pero las fotografías sí pueden plantear preguntas.
Tam Zhang estuvo presente en la celebración de la victoria electoral de Laura Fernández y Pueblo Soberano el pasado 1.º de febrero. Existe una fotografía suya junto a Pilar Cisneros. La madre de dos de sus hijos también estuvo en aquella celebración y aparece fotografiada con la actual presidenta.
Pilar Cisneros afirma no conocerlo. Laura Fernández también asegura que no lo conoce, que nunca se reunió con él y que ignora qué hacía aquella noche en la celebración.
Pueblo Soberano, por su parte, niega cualquier relación financiera con Tam Zhang y presentó una certificación de su Tesorería según la cual el detenido no realizó donaciones, transferencias ni adquirió certificados de cesión durante la campaña. Todo eso debe consignarse. Pero consignarlo no significa que las preguntas desaparezcan.
¿Cómo ingresó Tam Zhang a aquella celebración? ¿Quién lo invitó? ¿Qué relación, si alguna, mantenía con dirigentes, colaboradores o personas cercanas al partido? ¿Existieron aportes indirectos, intermediarios o relaciones económicas que no aparezcan como una contribución personal suya en la contabilidad partidaria? No conocemos todavía las respuestas. Y precisamente por eso necesitamos investigación.
El fiscal general anunció ahora la apertura de una investigación de oficio para determinar posibles vínculos políticos o eventuales formas de financiamiento electoral relacionadas con Tam Zhang. Esa investigación podrá concluir que no existió ningún vínculo ilícito. También podría descubrir irregularidades. Lo fundamental es que pueda realizarse con independencia y que sus conclusiones dependan de las pruebas, no de la conveniencia del Gobierno ni de sus adversarios.
Aquí aparece entonces la dimensión verdaderamente preocupante del asunto. Cuando un Gobierno mantiene una confrontación sostenida con las instituciones encargadas de investigar y juzgar, cada nuevo caso que alcanza su entorno político vuelve inevitable una pregunta democrática: ¿estamos discutiendo únicamente las deficiencias reales del sistema judicial o estamos construyendo, además, una narrativa destinada a desacreditar anticipadamente cualquier investigación que pueda resultar incómoda para el poder?
Son cosas radicalmente diferentes. El Poder Judicial puede y debe ser criticado. Ninguna institución democrática posee inmunidad frente al escrutinio ciudadano. La Fiscalía, el OIJ, los tribunales y la Corte Suprema deben rendir cuentas por sus errores, retrasos, decisiones y utilización de recursos públicos.
Pero una cosa es fiscalizar al Poder Judicial y otra convertirlo sistemáticamente en enemigo. Porque cuando se convence a una sociedad de que quien investiga al poder es necesariamente enemigo del pueblo, el gobernante obtiene una ventaja extraordinaria: cualquier expediente puede transformarse en persecución; cualquier fiscal, en conspirador; cualquier juez, en adversario político.
Y entonces la discusión deja de girar alrededor de las pruebas. Gira alrededor de quién controla el relato. Por eso el caso Tam Zhang importa mucho más allá de Tam Zhang.
Su presencia en una celebración electoral no demuestra financiamiento del narcotráfico. Una fotografía con una dirigente política tampoco demuestra complicidad criminal. Afirmarlo hoy sería sustituir la investigación por la sospecha y cometer precisamente el mismo pecado que criticamos: decidir primero la culpabilidad y buscar después cómo justificarla.
Pero negar la importancia de esas relaciones visibles sería igualmente irresponsable. Hay preguntas legítimas. Hay hechos que deben aclararse. Hay una investigación que apenas comienza.
Y existe, además, un contexto político en el cual las instituciones llamadas a investigar esos hechos llevan meses siendo cuestionadas desde el propio poder que eventualmente podría resultar investigado. Esa coincidencia merece vigilancia ciudadana.
Una democracia no se protege creyendo ciegamente en sus jueces. Tampoco creyendo ciegamente en sus gobernantes. Se protege garantizando que ninguno pueda impedir que el otro sea investigado cuando existan razones suficientes para hacerlo.
Quizá por eso la pregunta más importante que deja el caso Tam Zhang no sea todavía quién lo invitó aquella noche a celebrar la victoria. La pregunta verdaderamente inquietante es otra: ¿qué instituciones nos quedarán para averiguarlo si antes hemos conseguido que el país deje de confiar en quienes tienen la obligación de investigar?