Costa Rica debería prestar atención cuando un medio internacional como Deutsche Welle se pregunta si nuestra democracia está en riesgo. No porque debamos aceptar sin discusión cada interpretación que se haga desde el extranjero, sino porque una democracia madura también debe ser capaz de escuchar las advertencias, revisar sus instituciones y preguntarse dónde están sus propias debilidades. Hace unos meses, DW describió el creciente enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial como una situación excepcional para la tradicional estabilidad institucional costarricense.
La respuesta de la oposición no debería limitarse a denunciar al Gobierno ni a presentar cada conflicto como una amenaza definitiva contra la democracia. Si realmente considera que existen riesgos para el sistema institucional, tiene una responsabilidad mucho mayor: demostrar que puede ofrecer una alternativa, construir acuerdos y defender las instituciones sin convertirlas en instrumentos de una lucha partidaria.
La democracia costarricense no pertenece al Gobierno de Laura Fernández, ni a Rodrigo Chaves, ni a la oposición, ni al Poder Judicial. Pertenece a los ciudadanos. Por eso, nadie debería recibir un cheque en blanco, independientemente de la posición que ocupe.
Mirar hacia el Poder Judicial
Defender la independencia del Poder Judicial es indispensable. Pero independencia no significa ausencia de controles, rendición de cuentas o renovación. Una institución democrática también debe ser democrática en su funcionamiento interno. Costa Rica debería preguntarse seriamente si sus mecanismos de nombramiento, permanencia y renovación garantizan suficientemente la transparencia, la diversidad de criterios y la responsabilidad institucional. La Corte Suprema está integrada por 22 magistrados, cuyos períodos son de ocho años y pueden ser reelegidos por períodos iguales; precisamente por eso, la discusión sobre renovación y permanencia no debería considerarse un ataque contra la independencia judicial, sino parte del debate democrático sobre cómo fortalecerla.
No resulta saludable para ninguna institución pública que determinadas posiciones o círculos de poder puedan permanecer prácticamente intocables durante décadas. La independencia judicial debe proteger a los jueces de las presiones políticas; no debería convertirse en una excusa para evitar la evaluación, la renovación o la discusión pública sobre el funcionamiento de la justicia.
Pero esta reflexión debe aplicarse también al Poder Ejecutivo.
Rodrigo Chaves llegó al poder alterando profundamente el equilibrio político que había predominado durante décadas. Su estilo confrontativo y su capacidad para cuestionar las estructuras tradicionales modificaron la conversación política del país. Hoy, aunque ya no ocupa la Presidencia, continúa teniendo una posición central dentro del Gobierno como ministro de la Presidencia y de Hacienda.
Ese cambio fue suficientemente importante como para revelar algo que Costa Rica debería analizar con seriedad: ninguna estructura política debería considerarse dueña permanente del país. Pero romper una concentración de poder no significa haber construido automáticamente una democracia más fuerte. La verdadera prueba consiste en impedir que otra concentración de poder ocupe su lugar.
Por eso, la oposición tiene ahora una responsabilidad histórica. No necesita oponerse a todo lo que haga el Gobierno para demostrar que está cumpliendo su función. Debe oponerse cuando considere que una política perjudica al país, pero también debe ser capaz de respaldar aquello que considere correcto, aunque provenga del adversario político. Y, sobre todo, debe explicar qué propone hacer de manera diferente.
El contrapeso democrático no consiste en convertirse en obstáculo. Consiste en fiscalizar, cuestionar, investigar, proponer y, cuando sea posible, construir acuerdos. Una oposición responsable debería poder decir: no estamos de acuerdo con esta decisión y estas son nuestras razones; pero también debería poder decir: esta propuesta es positiva para Costa Rica y estamos dispuestos a apoyarla.
Eso exige abandonar una política basada exclusivamente en identidades partidarias.
Costa Rica no puede quedar atrapada entre quienes consideran que defender al Gobierno equivale a defender al país y quienes consideran que atacar al Gobierno equivale a defender la democracia. Ambas posiciones simplifican demasiado una realidad mucho más compleja.
Una democracia saludable necesita ciudadanos capaces de exigirles cuentas al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. Necesita medios de comunicación capaces de investigar. Necesita partidos capaces de competir. Necesita jueces independientes, pero también instituciones judiciales capaces de rendir cuentas. Y necesita una oposición que comprenda que su legitimidad no proviene únicamente de señalar los errores de quien gobierna, sino también de demostrar que está preparada para gobernar.
La crisis de confianza en la política costarricense tampoco comenzó con Rodrigo Chaves y no terminará con su salida del escenario político. Las estructuras tradicionales deben preguntarse qué hicieron para perder parte de la confianza ciudadana y qué deben cambiar para recuperarla. Pero tampoco debemos caer en el error de condenar a todos los servidores públicos por las actuaciones de algunos. La política necesita limpiarse desde dentro y recuperar la idea de que ocupar un cargo público es una responsabilidad, no un patrimonio personal o partidario.
Costa Rica ha construido durante décadas una reputación internacional basada en sus instituciones, su democracia, su educación y su tradición de paz. Precisamente por eso, no debería tener miedo de reformar aquello que ya no funciona suficientemente bien.
Defender la democracia no significa proteger a una institución de toda crítica. Tampoco significa entregar el poder absoluto a quien ganó una elección. Significa aceptar que todos los poderes tienen límites y que ninguna persona, partido, élite o institución puede considerarse indispensable para la República.
La pregunta que deberíamos hacernos no es quién controla el poder en Costa Rica.
La pregunta verdaderamente democrática es otra: ¿hemos construido instituciones suficientemente fuertes para impedir que alguien pueda controlarlo por completo?
Si queremos responder afirmativamente cuando el mundo vuelva a preguntarse por la democracia costarricense, no bastará con defender nuestra imagen internacional. Tendremos que demostrar, dentro del país, que la democracia funciona.
Y para que funcione, todos —Gobierno, oposición, Poder Judicial, partidos y ciudadanos— tendremos que hacer nuestra parte.