Reclamos cuestionan reserva sobre información, presupuestos y contrataciones de la DIS, Fuerza Élite y Consejo Nacional de Seguridad Pública.
La Sala Constitucional dio curso y acumuló cuatro acciones de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo 45870-MSP, mediante el cual el Poder Ejecutivo declaró secreto de Estado información vinculada con organismos de seguridad y extendió la reserva a ámbitos como contrataciones, adquisiciones, licitaciones y negociaciones realizadas con fondos públicos.
El tribunal admitió como expediente principal la acción presentada por el abogado Yashín Castrillo Fernández y acumuló otras tres promovidas por Carlos Eduardo Largaespada Baltodano; Dowglas Dayán Murillo Murillo; y un grupo de 15 diputaciones encabezado por Abril Gordienko López.
El Decreto Ejecutivo 45870-MSP, publicado el 10 de agosto en el alcance 104 de La Gaceta, declaró bajo secreto de Estado información relacionada con el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) y el grupo denominado Fuerza Élite, además de otras coordinaciones sobre seguridad y defensa dirigidas por la Presidencia de la República.
Las acciones acumuladas sostienen que el alcance de la reserva podría vulnerar los principios de legalidad, acceso a la información pública, publicidad, transparencia y rendición de cuentas. Los accionantes también cuestionan que la restricción alcance información presupuestaria y contractual y que el decreto no excluya expresamente de la reserva a organismos de fiscalización como la Contraloría General de la República, las auditorías internas, el Ministerio Público o la Asamblea Legislativa.
Los reclamos también plantean posibles afectaciones a las libertades de expresión y de prensa, debido a las restricciones para divulgar información que recaerían sobre personas funcionarias públicas, contratistas, consultores privados y otros sujetos. Asimismo, cuestionan el régimen previsto para sancionar el quebrantamiento del secreto y alegan que el Poder Ejecutivo habría ampliado mediante un decreto materias que, según su planteamiento, requieren regulación por ley.
Otro de los argumentos se dirige contra la reserva aplicada a los procedimientos de contratación pública. Según resumió la Sala al admitir las acciones, los accionantes cuestionan que la medida comprenda las distintas fases de las contrataciones, incluidas las ofertas y adjudicaciones, y consideran que eso dificultaría la fiscalización sobre el manejo de recursos públicos.
La Sala concedió 15 días de audiencia al procurador general de la República, al ministro de la Presidencia, al ministro de Seguridad Pública, a la contralora general de la República y a la defensora de los Habitantes para que se pronuncien sobre los cuestionamientos. También ordenó publicar durante tres días consecutivos el aviso sobre la interposición de la acción.
La resolución dejó expresamente establecido que la admisión de las acciones no suspende la vigencia general del Decreto 45870-MSP, debido a que las personas accionantes acudieron directamente ante el tribunal en defensa de intereses difusos relacionados con el manejo del gasto público.