Laura Fernández recientemente hizo la sugerencia irresponsable y entreguista de que operaciones terrestres de Estados Unidos en suelo tico “le harían muy bien” a la seguridad de Costa Rica. Resulta particularmente llamativo que tanto el gobierno actual como el anterior, después de tantas promesas incumplidas en materia de seguridad, decidan que la mejor vía sea poner nuestro país en manos del actual mandatario estadounidense, criminal convicto, transgresor por antonomasia del derecho internacional y, para colmo, amigo íntimo de Jeffrey Epstein.
Esta propuesta se sostiene, de manera muy endeble, en el argumento de combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Si bien la Constitución Política aclara en su artículo 121, inciso 5, que le compete únicamente a la Asamblea Legislativa autorizar el ingreso de tropas extranjeras, la pregunta más acuciante aquí es la siguiente:
¿Qué acciones ha tomado el gobierno para combatir la inseguridad que, debido a su poca eficacia, ameriten ahora operaciones terrestres de una potencia militar extranjera? Hagamos un repaso.
El gobierno, tanto actual como anterior, ha aplicado asfixiantes recortes presupuestarios que golpean el funcionamiento de instituciones como el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía General de la República. Solo en este mes de septiembre de 2026 se anunció otro recorte de ₡10.552,5 millones en medio de una crisis de seguridad.
En 2023, el gobierno de Rodrigo Chaves ordenó retirar al Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) de Bahía Drake, a sabiendas de que es una de las rutas marítimas más vulnerables a la permeación del narcotráfico. No fue hasta tres años después que esta decisión se revirtió.
Pudiéramos extender cierta clemencia si estos recortes se tradujeran en mayores inversiones en materia de educación, vivienda o protección de la infancia. Pero, lastimosamente, ninguna de las tres categorías mencionadas fue exenta del tijerazo neoliberal.
Este año, un recorte de ₡30.000 millones a los recursos del Fondo de Subsidio para la Vivienda (FOSUVI) estima dejar a 2.400 familias sin bono de vivienda. El primer presupuesto extraordinario de 2026 incluyó un tijerazo de ₡40.000 millones que iba destinado a los CEN-CINAI. Con la educación, en su debate sempiterno del 8% del PIB para la educación y la parte que le corresponde al FEES, el gobierno recientemente propuso un recorte de ₡19.229 millones para 2027.
¿Por qué, después de tanta insistencia durante sus campañas en luchar contra el crimen organizado, el único logro del gobierno en esta materia ha sido romper el récord anual de homicidios año tras año? ¿Cómo se pretende aportar soluciones reales cuando la actual mandataria y el expresidente Rodrigo Chaves se han dedicado, sistemáticamente, a socavar cualquier programa de bienestar social y las instituciones de seguridad?
Es inadmisible pensar que la misma potencia militar con un historial abyecto de saqueo, destrucción y explotación, que una vez fue expulsada con valentía de esta tierra, ahora sea considerada como la solución a los problemas que competen, única y exclusivamente, a los costarricenses resolver.
¿Incompetencia profunda o sabotaje intencional para impulsar la narrativa de que necesitamos la presencia extranjera? Difícil saber. ¿Cómo se puede justificar la presencia militar extranjera si simultáneamente se debilitan las capacidades estatales propias? Es inaudito pensar que los fracasos de este gobierno nos lleven a considerar una opción que únicamente puede catalogarse como traición a la patria.