El informe señala además que el país carece de un comité interinstitucional para coordinar las mejoras y no aplica un enfoque que integrara trámites según acontecimientos de la vida de las personas.
Costa Rica figuró entre los cuatro países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que, a noviembre de 2024, no contaban con una estrategia de alcance gubernamental en ejecución para mejorar los servicios administrativos públicos.
El dato consta en el informe Serving Citizens 2026: Delivering Better Public Administrative Services, publicado el 24 de setiembre. La OCDE entiende por estos servicios los procedimientos que las personas realizan para acceder a bienes o prestaciones públicas, cumplir obligaciones legales o ejercer derechos, como obtener documentos de identidad, registrar un nacimiento, presentar impuestos o solicitar permisos.
Un 87% de los países de la OCDE con datos disponibles, 26 de 30, sí tenía una estrategia gubernamental para reformar esos servicios. De ellos, 15 contaban con una estrategia dedicada específicamente a su mejoramiento y otros 11 incorporaban el tema dentro de planes más amplios, como estrategias de gobierno digital o de reforma de la Administración Pública. Costa Rica, Hungría, Italia y Suecia aparecieron en el grupo de cuatro países sin una estrategia de ese tipo.
La OCDE recopiló la información mediante una encuesta a funcionarios públicos entre noviembre de 2024 y julio de 2025, pero pidió a los países reportar su situación con corte a noviembre de 2024, con el propósito de establecer una línea base para evaluar posteriormente la aplicación de sus recomendaciones.
El organismo destacó, al mismo tiempo, que Costa Rica concentra en instituciones nacionales 11 de los 12 servicios administrativos analizados. El Tribunal Supremo de Elecciones atiende la identificación y el registro civil; la Caja Costarricense de Seguro Social, la inscripción al seguro de salud; el Ministerio de Hacienda, los asuntos tributarios; y la Dirección General de Migración y Extranjería, los servicios migratorios.
Según la OCDE, esa concentración permite mantener procedimientos uniformes y aprovechar economías de escala, mientras las municipalidades conservan competencias relacionadas con asuntos territoriales, como permisos de uso de suelo, patentes comerciales y determinados tributos locales. El organismo aclaró que ningún grado de centralización constituye por sí mismo un modelo superior, pues cada esquema presenta ventajas y desafíos.
El informe también registró que Costa Rica no tenía un comité interinstitucional encargado de supervisar el mejoramiento de los servicios administrativos públicos. La OCDE considera importantes estos mecanismos porque permiten coordinar instituciones, desarrollar estrategias comunes, monitorear su ejecución y simplificar trámites que involucran a varias entidades.
En materia de capacidades institucionales, Costa Rica reportó que algunas instituciones evaluaban por separado las brechas de conocimientos y habilidades de sus funcionarios para diseñar y prestar servicios, pero indicó que no ofrecía capacitación en diseño centrado en las personas. En contraste, 25 de los 31 países de la OCDE analizados sí ofrecían algún tipo de formación en esa materia, aunque en la mayoría de ellos tenía carácter voluntario.
El país tampoco aplicaba el denominado enfoque de “eventos de vida”, mediante el cual las instituciones agrupan o integran trámites alrededor de situaciones concretas de las personas, como tener un hijo, casarse, comprar una propiedad, iniciar una empresa, jubilarse, perder el empleo u obtener una licencia de conducir. La OCDE promueve ese sistema para reducir la necesidad de que los usuarios identifiquen por separado las instituciones y requisitos relacionados con un mismo acontecimiento.
Costa Rica sí reportó encuestas sobre la experiencia de los usuarios en instituciones individuales, aunque no una medición nacional que abarcara servicios de múltiples entidades. Además, el informe consignó que el país no publicaba un reporte nacional o institucional de desempeño de estos servicios, ni un tablero público o bases descargables con esos indicadores.
La OCDE recomendó a los gobiernos profundizar la digitalización e integración de trámites, reforzar la coordinación entre instituciones, desarrollar las capacidades de los funcionarios para diseñar servicios alrededor de las necesidades de las personas y utilizar la satisfacción de los usuarios como uno de los principales indicadores para medir resultados.