El 14 de setiembre participé en la Faroleada en favor de la Democracia. Mientras caminábamos por el Parque Morazán, que fue parte muy importante de mi niñez, pensé en la rapidez con que nuestros antepasados comenzaron a organizar la vida independiente, democráticamente y unidos: la noticia de la declaración de Guatemala del 15 de setiembre de 1821 llegó a Cartago el 13 de octubre y, el 1.º de diciembre, los legados de los pueblos aprobaron nuestra primera Constitución, el Pacto de Concordia.
Entre las personas que participaron en la faroleada me impresionó un grupo de señoras que llevaba pancartas: «PRIVADOS DE LIBERTAD, NO DE DERECHOS», «NINGUNA CONDENA JUSTIFICA EL HAMBRE», «NO PEDIMOS PRIVILEGIOS, EXIGIMOS DERECHOS». Otra, de familias vinculadas al centro penitenciario de San Sebastián, pedía alimentación y atención médica. Sus palabras no deberían perderse entre las demás consignas de aquella noche.
Ya había recibido denuncias sobre la calidad y la cantidad de los alimentos servidos en prisión. Algunas personas me han dicho que hay internos que pierden peso porque las porciones son insuficientes, incluso las de arroz. No puedo dar por comprobada la situación de cada centro ni de cada persona a partir de esos testimonios. Precisamente por eso, corresponde a las autoridades investigar sin demora, escuchar a las personas privadas de libertad y a sus familias, revisar las raciones y el estado nutricional de quienes presentan pérdida de peso, y hacer públicos los resultados y las medidas correctivas.
El 23 de setiembre, pocos días después de nuestra “Faroleada en favor de la Democracia”, en la que recordamos nuestro nacimiento a esa democracia, la Conferencia Episcopal de Costa Rica dirigió un mensaje al país con motivo de la Semana de las Personas Privadas de Libertad y la fiesta de Nuestra Señora de las Mercedes. Lo tituló La dignidad no se pierde; la esperanza se construye. Sus primeras palabras contienen una exigencia moral que todos deberíamos escuchar: «Ninguna reja puede dejar a alguien fuera del amor de Dios ni volvernos indiferentes a su vida».
Vivimos una grave crisis de violencia homicida. Las víctimas, sus familias y las comunidades que padecen el miedo tienen derecho a exigir seguridad, justicia y reparación. Nos duelen los jóvenes que matan a otros jóvenes, las vidas truncadas por el sicariato y las personas ajenas a esos conflictos que mueren en medio de los tiroteos. El Estado debe prevenir los delitos, investigarlos y sancionar a sus responsables. También debe proteger a quienes están presos: su custodia le impone una responsabilidad directa sobre sus vidas.
¿Por qué privamos de libertad a quien delinque? La prisión protege a la sociedad y permite cumplir una pena impuesta conforme a la ley. También debe ofrecer una posibilidad real de asumir responsabilidades, estudiar, trabajar y prepararse para volver a vivir en comunidad. Castigar mediante el hambre, desatender una enfermedad o humillar a una persona no cumple ninguno de esos fines. Solo añade sufrimiento a la pena dictada por un juez.
El trato digno exige también evitar el escarnio público. Pienso en lo ocurrido con mi abogado, Cristian Arguedas, a quien se le dictó prisión preventiva y cuya imagen, con uniforme penitenciario, esposas y grilletes, fue difundida mientras se encontraba bajo custodia del Estado. Un amigo presentó un recurso de amparo para que se esclarezca cómo se obtuvo y divulgó esa fotografía y se examine la actuación de las autoridades. La prisión preventiva no es una condena; tampoco autoriza a presentar a una persona ante la opinión pública como si ya hubiera sido declarada culpable. Menos en un caso tan absurdo como el que produjo la arbitraria orden de detención preventiva de Cristian, que se extendió por varios días, sin ninguna prueba salvo la declaración de quien lo acusó sin fundamento.
Nuestra Constitución prohíbe los tratamientos crueles o degradantes. La tortura está prohibida por el derecho internacional y constituye un delito en Costa Rica. Conviene ser rigurosos: una denuncia de alimentación insuficiente debe investigarse; no basta, por sí sola, para afirmar que se ha cometido tortura. Pero tampoco hace falta esperar a que el daño sea tan evidente que no se requiera investigar. Una persona bajo custodia tiene derecho a alimentación adecuada, agua e higiene, atención de salud y trato respetuoso.
Los obispos expresan una convicción sencilla: «La privación de libertad no borra el valor de una vida». Por ello, piden atención oportuna a la salud física y mental, alimentación adecuada, higiene y seguridad. También recuerdan que la educación, la capacitación, el trabajo digno y el acompañamiento al salir de prisión ayudan a construir un futuro distinto. Nada de esto resta importancia al sufrimiento de las víctimas; una justicia capaz de protegerlas debe ser capaz también de respetar sus propias reglas.
Pido al Ministerio de Justicia que examine con urgencia las denuncias sobre alimentación y atención médica, informe de manera verificable lo que encuentre y corrija cualquier deficiencia. Pido que las personas privadas de libertad puedan comunicar sus necesidades sin temor y que sus familias reciban respuestas. La preocupación de aquellas señoras merece algo más que silencio.
Una democracia se prueba también donde pocos quieren mirar. La pena puede quitar la libertad; no puede quitar la dignidad. Si queremos una Costa Rica más segura y más justa, debemos cuidar ambas cosas.
Quiero terminar con un párrafo muy iluminador del mensaje de los señores obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica:
La dignidad humana permanece”.
El papa Francisco nos dejó una enseñanza que nos ayuda a mirar a cada persona con respeto:
Ser privado de la libertad no es lo mismo que el estar privado de la dignidad, no, no es lo mismo”.
La privación de libertad no borra el valor de una vida. Detrás de cada expediente hay una persona con nombre, una historia, seres queridos y capacidades; hay un futuro que no podemos dar por perdido. Por eso, como Iglesia, rechazamos toda forma de tortura, trato cruel, humillación o discriminación. Cuidar la seguridad y respetar la dignidad humana no son tareas opuestas: ambas son necesarias para una convivencia justa.