El próximo 26 de setiembre cerrará la primera edición del “Bootcamp: Inteligencia Artificial para la Gobernanza Local”, un programa de formación continua municipal que la Incubadora de Liderazgos +Costa Rica (+CR) desarrolló junto con InnovaLab. A pocos días de finalizar un programa de diez sesiones con 150 autoridades y liderazgos de cuatro países, me queda claro un elemento que, al inicio del proceso, era más bien una hipótesis: el desafío de fondo no es si los gobiernos locales deben usar inteligencia artificial, sino si quienes los dirigen tienen el criterio para decidir cuándo hacerlo, cómo hacerlo y con qué límites.
El Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial 2025, elaborado por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile (CENIA) y la CEPAL, ubica a Costa Rica entre los países que aceleran su adopción de esta tecnología. Pero el mismo informe señala un desequilibrio concreto: cada vez más personas usan estas herramientas, pero muy pocas entienden cómo funcionan o para qué sirven en su campo de trabajo. Ese desequilibrio no es un dato abstracto en un informe regional. Lo vimos de cerca en las 178 postulaciones que recibimos para la convocatoria costarricense de este bootcamp.
De esas 178 personas, 119 fueron seleccionadas para representar a las siete provincias y a más de 50 cantones del país, de las cuales más de cuatro de cada diez provenían de zonas fuera de la Gran Área Metropolitana. La cohorte quedó prácticamente paritaria en términos de género y reunió a 29 partidos políticos distintos, además de un tercio de postulantes sin militancia partidaria. Más de la mitad indicó que era su primera vez en un cargo de elección popular. No es un grupo homogéneo ni cautivo de una sola corriente política: es una muestra amplia de quienes hoy toman decisiones en los municipios del país.
Entre esas mismas 178 personas costarricenses que postularon al programa, el 73% dijo usar herramientas de inteligencia artificial generativa, como ChatGPT, Gemini y Copilot, entre otras, al menos una vez por semana, ya sea en su vida personal o en el ejercicio de su cargo. Al mismo tiempo, el 65% reconoció tener conocimientos básicos o nulos sobre cómo funciona esa tecnología. El uso ya llegó a los municipios y a nuestras casas. La comprensión, no. Esa es exactamente la brecha que describe el índice regional, solo que aquí tiene nombres, cantones y partidos políticos concretos detrás.
Lo interesante es que estas mismas autoridades ya intuyen los riesgos, aunque no hayan recibido formación estructurada al respecto. Cuando les preguntamos qué riesgos éticos identifican en el uso de la IA en la gestión municipal, las respuestas más frecuentes fueron la privacidad de los datos personales, la brecha digital entre cantones y la pérdida del juicio humano en la toma de decisiones. No llegan en blanco a esta conversación. Llegan con preguntas correctas, pero sin las herramientas conceptuales para responderlas con solidez.
Ese es precisamente el objetivo que nos propusimos con InnovaLab: no formar personas expertas en tecnología e inteligencia artificial generativa, sino dotar a quienes gobiernan nuestras municipalidades y toman decisiones en nuestros concejos municipales de criterio propio para identificar aplicaciones concretas —análisis de datos, atención ciudadana, trámites digitales— y para reconocer cuándo la tecnología no debe sustituir el juicio político ni la rendición de cuentas.
Costa Rica tiene, según el mismo índice regional, un desempeño relativamente bueno frente a otros países de la región en la adopción de IA generativa. Pero el desempeño en adopción, sin un desempeño equivalente en formación, es, en el mejor de los casos, una ventaja temporal. Si algo demuestra este proceso de postulación es que la demanda de formación ya existe: no tuvimos que convencer a nadie de que el tema importa. Lo que falta es que más actores —Gobierno central, academia, sector privado y cooperación internacional— entiendan que la inversión prioritaria no es en licencias de software para las municipalidades, sino en las personas que decidirán cómo y cuándo usarlas.
La pregunta que deberíamos hacernos no es si la inteligencia artificial va a transformar la gestión municipal. Ya lo está haciendo, con o sin criterio de por medio. La pregunta es si vamos a dejar que esa transformación ocurra sin que quienes gobiernan cuenten con las herramientas para conducirla con responsabilidad democrática.