El pasado viernes 18 de septiembre de 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país alcanzó un acuerdo de seguridad con Dinamarca y Groenlandia. Según Trump, el pacto otorga a Washington “control permanente sobre la seguridad y todas las demás necesidades” de la isla, le permite expandir su presencia militar a voluntad y prohíbe que cualquier adversario —principalmente China o Rusia— instale bases, tenga presencia militar o realice inversiones sensibles sin la aprobación escrita de Estados Unidos. El acuerdo, dijo, no tendrá costo para el erario estadounidense y será de carácter indefinido.
Dinamarca y el Gobierno autónomo de Groenlandia confirmaron el pacto. Se espera que se firme la próxima semana durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Ambos gobiernos subrayaron que el acuerdo respeta la soberanía del Reino de Dinamarca y el derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación. En otras palabras: no hay transferencia de territorio. Groenlandia sigue siendo danesa sobre el papel.
Hasta aquí los hechos. Ahora viene lo interesante.
Lo que Trump consiguió no es una anexión. Es algo más sutil y, probablemente, más efectivo: un arrendamiento estratégico a perpetuidad. El acuerdo amplía y vuelve permanente un acceso militar que Estados Unidos ya tenía desde el tratado de 1951. La novedad está en el carácter indefinido, en el veto explícito a inversiones de rivales y en la claridad con la que se establece que la capacidad de decisión de Washington en materia de seguridad no caduca, aunque Groenlandia algún día se independice.
Desde América Latina, el procedimiento resulta familiar. Washington ha perfeccionado durante más de un siglo la técnica de convertir la “cooperación en seguridad” o la “protección de aliados” en control de facto sobre territorio y recursos, sin necesidad de anexionar formalmente.
Guantánamo es el ejemplo más claro y más antiguo: un arrendamiento “perpetuo” firmado en 1903, justificado por necesidades de seguridad naval, que Cuba nunca ha podido recuperar. El Canal de Panamá y su zona aledaña funcionaron bajo la misma lógica durante décadas. Bases en Honduras y El Salvador se justificaron casi siempre con el mismo lenguaje: proteger la estabilidad regional, contener amenazas y, de paso, asegurar influencia y acceso privilegiado. El estilo cambia según el presidente —unos lo hacen con diplomacia discreta, otros con amenazas—, pero el resultado suele ser parecido.
En el caso de Groenlandia, el cálculo es transparente. La isla concentra minerales críticos, controla rutas árticas cada vez más navegables y ofrece una plataforma ideal para sistemas de defensa. Dejar que China o Rusia ganen terreno allí habría sido un error estratégico para Occidente. El problema no es el contenido del acuerdo, sino el método y la memoria que despierta.
Groenlandia no cambió de dueño. Solo cambió de administrador de seguridad. Y ese administrador, a partir de ahora, tiene llave permanente.
Es una fórmula que América Latina conoce demasiado bien.