Alumnos marcharon hasta la Asamblea Legislativa contra el expediente 25.725, que derogaría la ley que otorgó al colegio una finca de unos 10.000 metros cuadrados y ordenaría devolverla al MOPT para Ciudad Gobierno.
Estudiantes del Liceo de Costa Rica se manifestaron este miércoles frente a la Asamblea Legislativa para pedir a los diputados que revisen el proyecto de ley con el que el Poder Ejecutivo pretende recuperar para el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) un terreno que una ley de 1974 otorgó al centro educativo y que ahora el Gobierno busca incorporar al proyecto Ciudad Gobierno.
La movilización salió desde el Liceo y llegó a las inmediaciones del Congreso durante la mañana, con participación también de estudiantes del Colegio Superior de Señoritas. Allí se acercaron a conversar con los manifestantes diputados de Liberación Nacional, Frente Amplio y la Unidad Social Cristiana quienes los recibieron.
Alessandro Sotelo, presidente del Comité Ejecutivo Estudiantil del Liceo, señaló que la comunidad estudiantil no se opone a la construcción de Ciudad Gobierno, sino a que el proyecto implique que el colegio pierda el inmueble.
Nosotros no estamos en contra del proyecto de Ciudad Gobierno”.
El dirigente estudiantil agregó que los alumnos solicitan una reunión para discutir el expediente y revisar las consecuencias que tendría para el centro educativo. La representación estudiantil también anunció en días anteriores que buscaría apoyo legislativo para que, si el proyecto avanza, diputados planteen una consulta facultativa ante la Sala Constitucional.
La protesta tiene como origen el expediente 25.725, Ley para el desarrollo del proyecto de Ciudad Gobierno, que el Poder Ejecutivo presentó el 19 de agosto de 2026. La iniciativa autorizaría al Ministerio de Hacienda a contratar directamente con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) un esquema de arrendamiento de bienes por construir para desarrollar el complejo gubernamental.
En el caso específico del Liceo, la propuesta derogaría la Ley 5570 del 30 de agosto de 1974, mediante la cual el Estado otorgó al colegio un terreno utilizado durante décadas por el MOPT. El proyecto ordenaría a la Junta Administrativa reintegrar la propiedad al ministerio en un plazo máximo de 30 días naturales y encargaría al Ministerio de Educación Pública (MEP) adoptar las medidas necesarias para garantizar la continuidad de las actividades educativas.
La disputa por esa propiedad antecede al actual proyecto. El MOPT ocupó el inmueble durante décadas y, en 2012, la Sala Constitucional le ordenó desalojarlo para permitir que el Liceo tomara posesión. Posteriormente ambas partes acordaron un arrendamiento, mediante el cual el ministerio pagaba un canon al colegio por continuar utilizando la finca.
El conflicto volvió a surgir en 2023, cuando el MEP, el MOPT, el entonces Ministerio de Vivienda y la Junta Administrativa suscribieron un convenio para posibilitar el uso del terreno dentro de Ciudad Gobierno. Estudiantes y un egresado acudieron entonces a los tribunales y el Tribunal Contencioso Administrativo ordenó anotar una demanda sobre la finca mientras analizaba la legalidad de aquel convenio.
La Sala Constitucional también conoció recursos relacionados con el caso, pero sostuvo que las controversias sobre la legalidad del convenio, la titularidad y la forma de disponer del inmueble correspondían a la jurisdicción ordinaria. El MOPT finalmente entregó el inmueble al Liceo el 22 de enero de 2024, según consta en una resolución posterior de la Sala Constitucional.
La discusión judicial sobre el convenio de 2023 tampoco cuenta todavía con una resolución de fondo. El Tribunal Contencioso Administrativo acogió posteriormente una gestión de prejudicialidad presentada por la representación del Estado y suspendió el trámite del proceso hasta que se resuelva o termine por otra causa el expediente 22-005315-1027-CA.
El nuevo proyecto plantea ahora una vía distinta a la intentada en 2023: en lugar de sustentar el traslado únicamente en un convenio interinstitucional y en las normas reglamentarias sobre las juntas educativas, propone que la propia Asamblea Legislativa derogue la ley que entregó el terreno al Liceo y ordene su reintegro al MOPT. El expediente se encuentra actualmente en estudio de la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración.
Con esta valla, el Liceo de Costa Rica evidenció por años la ocupación sin pago del MOPT a uno de sus terrenos.