Hace unas semanas, un grupo de personas adolescentes «farmeando aura» se viralizó en internet. Hubo sorpresa, risas, indignación, memes, apelativos y fijación; a mí me pareció curioso que, de repente, la discusión pública girara en torno a una de las etapas más olvidadas de la vida.
El Patronato Nacional de la Infancia estima que en Costa Rica viven cerca de 449.062 adolescentes con edades entre los doce y los diecisiete años (8,5% del total de la población), la mayoría en las zonas fronterizas del país, que coinciden con los cantones con menor desarrollo, según el Atlas de Desarrollo Humano Cantonal 2026.
Tenemos pocos «puntos de aura» ganados con las personas adolescentes. El Ministerio de Educación Pública (MEP), por ejemplo, reportó que, para 2026, solo el 83,5% (375.262) de la población adolescente asiste al III Ciclo y Educación Diversificada en 912 colegios, sin contar las modalidades alternativas.
La IV Encuesta Nacional de Juventudes del Ministerio de Cultura y Juventud, por su parte, señaló que el 92,4% de las personas adolescentes estudia y que el 15% trabaja. La misma encuesta identificó que la población joven del país requiere atención y acciones urgentes para disminuir o dejar de consumir alguna sustancia, manejar el estrés excesivo y tratar situaciones relacionadas con la ansiedad y la depresión.
En las zonas rurales, las personas adolescentes y sus familias enfrentan desafíos para acceder a servicios básicos y de seguridad social, a vivienda digna y a oportunidades educativas en igualdad de condiciones.
Según la neurociencia, la adolescencia es la segunda etapa más crítica, después de la infancia, para el desarrollo neurofisiológico, cognitivo y psicosocial; no obstante, es la que más tendemos a olvidar —a menos que realicen «batallas de aura»— y la que pierde prioridad en las políticas públicas. Esto trae consecuencias insospechadas para las personas adolescentes que crecen y se desarrollan en condiciones de vulneración social, por lo que es impostergable repensar la manera en que estamos acompañándolas.
Una forma concreta de hacerlo es invirtiendo en el aprendizaje socioemocional. La evidencia científica sugiere que las habilidades socioemocionales tienen un carácter versátil y son esenciales en los entornos educativos, ya que promueven la convivencia favorable y permiten el desarrollo de habilidades para las relaciones interpersonales, la empatía y la regulación emocional, fundamentales para afrontar las demandas y los retos que enfrentan las personas adolescentes en su vida cotidiana.
La literatura científica confirma que la competencia socioemocional es un factor protector para la salud mental y, además, un recurso para compensar los efectos de la adversidad en distintas áreas, como el rendimiento académico, que es crucial para la movilidad social. También existe evidencia que asocia positivamente el aprendizaje socioemocional y la autoestima.
Por otro lado, la resiliencia —esa capacidad que nos permite enfrentar y superar la adversidad— se enseña y se construye desde muy temprano, pero resulta crítica en la adolescencia, particularmente cuando las personas crecen en contextos de alta o extrema vulneración. Sin embargo, la resiliencia no es una capacidad que se desarrolla solo a nivel individual: requiere el anclaje de lo sociocomunitario y debe abordarse como un proceso dinámico de factores de riesgo y protección.
Desde el enfoque de derechos, conviene revisar críticamente las condiciones y oportunidades que el Estado y la sociedad están brindando para el desarrollo integral de las personas adolescentes en igualdad de condiciones. Esto implica, por ejemplo, un replanteamiento de la forma en que el MEP está desarrollando la competencia socioemocional desde el currículo oficial, así como su promoción en entornos educativos no formales e informales, donde distintas instituciones como el MCJ tienen inherencia.
Asimismo, conviene repensar la prioridad de la inversión en las políticas públicas, identificando oportunidades específicas y accionables para que las personas adolescentes desarrollen todo su potencial en el contexto sociocomunitario y asegurando, a nivel municipal, entornos que garanticen su desarrollo integral —físico, psicológico, moral, social y espiritual— y donde sus voces sean escuchadas y realmente tomadas en cuenta en el diseño y la implementación de las acciones que les afectan.
En el imaginario costarricense persiste la visión negativa y pesimista de la etapa de la adolescencia —«aborrescencia»— como un problema por resolver, y no como una oportunidad para acompañar, aprovechar y potenciar la «explosión» de capacidades de las personas adolescentes, que pueden convertirse en un «aura» poderosa para enfrentar la adversidad y ser partes activas y protagonistas en sus barrios, comunidades y el país.