Marta Esquivel plantea establecer concursos públicos basados en idoneidad, mérito e igualdad de oportunidades para el ingreso y ascenso de las personas fiscales.
La diputada del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, presentó un proyecto de ley (expediente 25.777) que normaría la denominada Carrera Fiscal para regular el ingreso, permanencia, evaluación, formación, promoción y traslado de las personas fiscales del Ministerio Público.
La Carrera Fiscal abarcaría a quienes ocupen puestos de fiscal auxiliar, fiscal, fiscal adjunto I y fiscal adjunto II, además de otras categorías fiscales que puedan crearse por ley. Para el personal profesional, técnico, administrativo, operativo y de apoyo, la iniciativa aplicaría únicamente en materia de concursos, evaluación, capacitación y desarrollo profesional.
Según la exposición de motivos, el objetivo es establecer reglas objetivas y verificables para reducir la subjetividad en los procesos de nombramiento y promoción. Para ello, los ingresos en propiedad y los ascensos quedarían sujetos a concursos públicos de antecedentes y oposición, administrados por la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial.
Bajo este esquema, el fiscal general deberá nombrar en propiedad a quien ocupe el primer lugar disponible en el registro de elegibles y acepte la plaza. Solo podrá apartarse de ese orden por incompatibilidad, impedimento legal, renuncia, pérdida de un requisito o por un hecho objetivo grave directamente relacionado con el puesto, mediante una resolución motivada y recurrible.
El proyecto también limita los interinazgos y la figura de la inopia. Una plaza vacante ocupada interinamente deberá incluirse en el siguiente concurso ordinario o en una convocatoria extraordinaria que tendrá que abrirse dentro de los seis meses siguientes a la vacancia, salvo que exista una causa objetiva que lo impida.
La inopia solo podría utilizarse cuando no existan personas elegibles disponibles y resulte indispensable garantizar la continuidad del servicio. El nombramiento tendría una duración máxima de cuatro meses y podría prorrogarse una única vez por hasta tres meses adicionales.
Cómo funcionarían los concursos
La Dirección de Gestión Humana administraría los concursos y los registros de personas elegibles. Antes de cada convocatoria deberá publicar los requisitos, etapas, temario, metodología, nota mínima, factores de evaluación, ponderaciones, criterios de desempate y recursos disponibles.
Los concursos de ingreso y promoción podrán incluir:
- Pruebas de conocimientos: evaluaciones sobre materias como Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Derecho Constitucional, derechos humanos, atención de víctimas y otras áreas relacionadas con el puesto.
- Valoración de antecedentes: formación académica y experiencia profesional. La antigüedad y el desempeño interino podrán valorarse como experiencia, pero no generarán un ascenso automático.
- Ejercicios prácticos y formación inicial: resolución de casos y programas de formación a cargo de la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público, con apoyo de la Escuela Judicial.
- Entrevista estructurada: realizada por un tribunal de al menos tres personas, con preguntas previamente definidas. Su peso no podrá superar el 10% de la calificación total.
Las personas que alcancen la nota mínima ingresarían al registro de elegibles en orden descendente según su calificación. En caso de empate, se utilizarían sucesivamente la mayor nota en las pruebas de oposición, la calificación en los ejercicios prácticos, la experiencia específica y, de persistir el empate, un sorteo público documentado.
El registro tendría una vigencia ordinaria de tres años, aunque las bases del concurso podrían establecer un plazo mayor con una justificación técnica.
La propuesta también introduce evaluaciones periódicas del desempeño basadas en criterios objetivos relacionados con las funciones de cada puesto. Estas no podrán sustentarse exclusivamente en la cantidad de acusaciones, condenas, desestimaciones, absolutorias u otros resultados procesales, ni utilizarse para influir en el criterio jurídico adoptado de buena fe.
Cuando una evaluación detecte deficiencias relevantes, la persona deberá recibir un plan de mejora con apoyo institucional, capacitación y un plazo de al menos seis meses antes de una nueva evaluación. Un resultado insatisfactorio, por sí solo, no constituiría una falta disciplinaria.
La iniciativa utilizaría la estructura institucional existente y no autorizaría crear nuevos órganos, secretarías, plazas, dietas ni remuneraciones adicionales.
Plazas interinas y derechos adquiridos
El proyecto mantiene la estabilidad y los derechos de las personas fiscales y del personal de apoyo que ya tengan nombramientos en propiedad.
Para las plazas vacantes ocupadas interinamente, la Dirección de Gestión Humana tendría tres meses para elaborar y publicar un inventario y aprobar un cronograma de concursos. La totalidad de las convocatorias deberá iniciarse dentro de un plazo máximo de 12 meses, con prioridad para las vacantes de mayor antigüedad.
Las personas interinas podrán participar en esos concursos en igualdad de condiciones y el tiempo trabajado podrá considerarse como experiencia, pero su nombramiento temporal no les otorgará automáticamente derecho a la propiedad.
Antecedentes de la propuesta
La exposición de motivos fundamenta la iniciativa en los artículos 191, 192 y 33 de la Constitución Política, relacionados con la eficiencia del servicio público, la idoneidad comprobada y la igualdad de trato y acceso.
El proyecto señala que, aunque la Ley Orgánica del Ministerio Público (Ley 7442) otorga potestades de nombramiento a la Fiscalía General, no desarrolla un régimen legal integral para concursos, registros de personas elegibles, promociones, interinazgos y evaluación del desempeño.
La iniciativa recuerda que los esfuerzos por establecer una carrera fiscal forman parte de los procesos de modernización de la justicia impulsados desde la década de 1990. Cita dos programas financiados parcialmente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y señala que, en 2006, una licitación destinada al fortalecimiento de la gestión humana del Ministerio Público y al establecimiento y reglamentación de la carrera fiscal fue declarada infructuosa por el Consejo Superior del Poder Judicial.
La exposición de motivos también retoma cuestionamientos formulados por el magistrado Fernando Cruz Castro, quien ha señalado que reglas más claras para los nombramientos permitirían reducir la subjetividad y la concentración de poder en la Fiscalía General.
Cruz hizo esos señalamientos durante la presentación del informe anual de labores del fiscal general, Carlo Díaz, ante Corte Plena, según informó Semanario Universidad. El magistrado calificó como una “falla que durante cuatro años no haya podido tener un reglamento de nombramientos” y añadió que “por supuesto, entonces todos los nombramientos se hacen conforme a criterios X, Y o Z, pero no institucionales”.
El proyecto también recuerda que en 2017 se elaboró otra propuesta de carrera fiscal que llegó a la Asamblea Legislativa y posteriormente fue archivada.
Tras su presentación, el expediente deberá ser asignado a una comisión legislativa para iniciar su trámite correspondiente.