La iniciativa de Kattya Mora obligaría a las municipalidades de San José y Montes de Oca a financiar por partes iguales las obras para atender las inundaciones en Barrio Dent y Barrio Escalante.
La diputada del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Kattya Mora Montoya, presentó un proyecto de ley (expediente 25.774) que obligaría a las municipalidades de San José y Montes de Oca a financiar por partes iguales la totalidad de las obras transitorias de contención y la solución definitiva de las inundaciones que afectan a Barrio Dent y Barrio Escalante desde 2023.
La propuesta declara de interés público la atención integral de la problemática y plantea la creación de una unidad ejecutora intermunicipal, que ambos gobiernos locales deberán instalar dentro de los 30 días hábiles posteriores a la entrada en vigencia de la ley.
Además, establece un plazo de 60 días hábiles para elaborar un plan integral de atención que incluya diagnóstico, cronograma, presupuesto e indicadores de avance. La solución definitiva deberá concluirse en un plazo máximo de 36 meses desde la entrada en vigencia de la ley.
La iniciativa también autoriza a la Universidad de Costa Rica (UCR) a brindar asistencia técnica, humana, material e incluso financiera.
Ambos concejos municipales deberán presentar un informe conjunto anual sobre el avance de las obras. El texto advierte que el incumplimiento activará de oficio investigaciones del Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) por el delito de incumplimiento de deberes.
La propuesta faculta a ambas municipalidades a realizar reasignaciones y modificaciones presupuestarias fuera de las restricciones ordinarias, así como a recurrir a créditos bancarios, donaciones y alianzas público-privadas, pero no fija una fuente de financiamiento para realizar las obras.
El proyecto fue presentado con la firma de respaldo de la diputada oficialista, Mayuli Ortega Guzmán, y ahora deberá ser asignado a una comisión legislativa para que inicie su trámite correspondiente.
Más de tres años de problemas
Según explica la exposición de motivos, en 1995, en el marco del Plan Maestro de Drenaje Pluvial (Drenaca), la Municipalidad de San José instaló una tubería de trasvase de 3,19 metros de diámetro para conducir las aguas de la quebrada hacia el río Torres, mientras que un tubo de rebalse de un metro se mantuvo como respaldo. Ese sistema funcionó sin contratiempos durante casi tres décadas.
En junio de 2023, sin embargo, la tubería de trasvase colapsó y se aplastó a 18 metros de profundidad, lo que dejó todo el caudal circulando por el tubo de un metro y provocó represamientos e inundaciones severas. El 10 de junio de 2024, una lluvia descargó 105 litros por metro cuadrado en menos de tres horas, el sistema colapsó y el agua afectó la entrada de la Facultad de Derecho de la UCR.
El proyecto detalla que la Ruta 39 (Circunvalación) se ha cerrado hasta ocho veces en un solo período lluvioso, que las clases en la UCR han tenido que pasar a modalidad virtual y que las inundaciones han mezclado aguas de la quebrada con aguas negras dentro de viviendas de la zona.
Vecinas de la comunidad expusieron el impacto ante una comisión legislativa el 8 de abril de 2026. El texto señala que Pilar Orellana Gallardo, de la Asociación de Vecinos Calle 39/Barrio Dent, describió el desgaste emocional que le genera cada lluvia.
Adicionalmente, la exposición de motivos recuerda que la Sala Constitucional, mediante la resolución 19583-2025, del 27 de junio de 2025, acogió un recurso de amparo presentado por vecinos de ambos cantones y ordenó a los alcaldes de San José y Montes de Oca ejecutar una solución de ingeniería definitiva en el plazo de un año, al considerar que la omisión municipal violaba el derecho a un ambiente sano.
La obra definitiva —un túnel o bypass diseñado por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y respaldado en marzo de 2026 por una mesa técnica integrada por la UCR, el Lanamme, el AyA y el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA)— tiene un costo estimado de US$14 millones, aproximadamente ₡7.200 millones. La alternativa de abrir el cauce, descartada por la mesa técnica, habría requerido US$52 millones en expropiaciones.
El proyecto recuerda que Montes de Oca dispone de apenas ₡800 millones de fondos libres dentro de un presupuesto anual de ₡13.000 millones y que, según su alcalde, Domingo Argüello García, el cantón está dispuesto a asumir un crédito bancario de hasta ₡5.000 millones, aunque ello implique sacrificar proyectos comunales.
San José, por su parte, se ha negado a comprometer un aporte equivalente al 50% de la obra, mientras que la UCR ha limitado su colaboración al diseño técnico sin aportar financiamiento, al considerar que el alcantarillado pluvial es competencia municipal.
Segundo proyecto sobre el mismo problema
El expediente 25.774 no es la única iniciativa que busca resolver el financiamiento de la obra. En setiembre pasado, el entonces diputado del Frente Amplio (FA), Ariel Robles Barrantes, presentó el expediente 25.262. Esa iniciativa ordena al Instituto Nacional de Seguros (INS) girar ₡6.000 millones de su capital acumulado a las municipalidades de San José y Montes de Oca para las obras de mitigación, con medidas transitorias para que la institución recupere esos recursos entre 2025 y 2027.