El Consejo de Rectores apoyó el expediente 25.412, aunque pidió precisar el texto para que utilice el concepto constitucional de “gasto público en la educación estatal”.
El Consejo Nacional de Rectores (Conare) manifestó su respaldo al proyecto de ley que busca excluir de la aplicación de la regla fiscal el gasto público destinado a la educación estatal, incluida la educación superior universitaria.
La iniciativa, tramitada bajo el expediente 25.412, propone incluir dentro de las excepciones de la regla fiscal los recursos destinados a los distintos niveles de educación pública.
El proyecto también contempla los recursos dirigidos a instituciones, programas y acciones orientados a garantizar el acceso, la permanencia y la culminación de los estudios.
Conare señaló que la propuesta debe analizarse a partir del artículo 78 de la Constitución Política, que establece que el gasto público en educación estatal, incluida la superior, no será inferior al 8% anual del producto interno bruto (PIB).
Según el Consejo, ese mandato constitucional debe considerarse junto con las disposiciones destinadas a garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
El pronunciamiento añade:
La regla fiscal constituye un mecanismo para controlar el crecimiento del gasto público y contribuir a la sostenibilidad de las finanzas públicas. Conare reconoce la importancia de este objetivo, pero considera que su aplicación debe guardar correspondencia con las obligaciones establecidas en la Constitución Política en materia de educación".
El Consejo señaló que la exclusión propuesta permitiría que las restricciones al crecimiento del gasto no constituyan una limitación para avanzar hacia el porcentaje de financiamiento educativo establecido en la Constitución.
En el caso de las universidades públicas, el proyecto incluye expresamente los recursos destinados a las instituciones de educación superior estatal y al propio Conare. Al respecto, desde Conare destacaron:
Esta disposición tiene relevancia para la planificación y desarrollo de las funciones que corresponden al Sistema de Educación Superior Universitaria Estatal en materia de docencia, investigación, extensión y acción social, así como para las acciones dirigidas a favorecer el acceso, la permanencia y la graduación de las personas estudiantes".
Según el órgano, la exclusión tendría efectos sobre la planificación y el desarrollo de las funciones universitarias de docencia, investigación, extensión y acción social, así como sobre los programas destinados al acceso, permanencia y graduación de estudiantes.
Conare pide ajustes al texto
Aunque respaldó la iniciativa, Conare planteó varias precisiones técnicas para el trámite legislativo.
Una de ellas consiste en modificar el concepto utilizado en el título del proyecto. Actualmente, la iniciativa habla de “inversión en educación pública”, mientras el artículo 78 de la Constitución utiliza la expresión “gasto público en la educación estatal”.
Conare considera que esta última denominación tiene un alcance más amplio y recomendó incorporarla al proyecto, con una referencia expresa a la educación superior.
También pidió precisar que la exclusión de la regla fiscal abarque los recursos, transferencias, programas, servicios e instituciones directamente vinculados con los fines educativos establecidos en el artículo 78 constitucional.
Según el Consejo, esa delimitación permitiría definir con mayor claridad cuáles recursos quedarían fuera de la aplicación de la regla fiscal.
El expediente fue presentado el 19 de febrero de 2026 y actualmente se encuentra en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.