La violencia infligida a Ana Istarú en los pasillos de la Asamblea Legislativa, documentada por varios medios el día de la comparecencia del ministro de Cultura para justificar el drástico recorte presupuestario de la institución, retrata una patología recurrente del poder contemporáneo en Costa Rica. Ante el comentario certero de la artista respecto de que “el cine está volando”, la respuesta del ministro no fue el debate democrático, sino un desplante intimidatorio: se devolvió a señalarla con el dedo y a esgrimir unas encuestas prepandémicas con interpretaciones a conveniencia para justificar que en Costa Rica “no se consume cine”.
Pretender culpar al sector creativo de que la ciudadanía no asista a las salas es de una profunda deshonestidad intelectual, cuando la realidad estructural es que la gran mayoría de comunidades del país carecen por completo de salas de cine o de cualquier infraestructura cultural accesible —una carencia que es absoluta responsabilidad de la inacción estatal—. Este episodio de prepotencia exhibe la constante de la gestión actual: la intolerancia frente a la crítica y el desprecio absoluto por quien cuestiona.
Esto se ancla con una ruina de mayor calado estructural: es muy curioso que las autoridades del Ministerio hayan postergado tanto tiempo la reglamentación de la nueva ley del Centro de Cine y Audiovisual. Además, la orfandad de dirección en la institución, a estas alturas, no es casualidad: coincide de manera precisa con el año en que recetan un recorte general del 48% al presupuesto de la institución.
Sin jerarquía desde mayo por la parálisis administrativa infligida, se defienden los recortes mutilando programas clave como el CRFIC, con caídas superiores al 70%. Se recorta lo que no están en capacidad de entender o cualquier cosa que se mire con suspicacia ideológica. La coartada de la encuesta negativa contrasta con la materialidad de un ecosistema audiovisual a lo largo y ancho del país que sí genera consumo, encadenamientos y empleo, exporta talento, articula pymes y construye el acervo audiovisual: la memoria del país.
Cuelan la excusa de que el ajuste responde al dinero gastado en la remodelación del Cine Variedades. Lo cierto es que el presupuesto cultural cae en picada desde antes, y un inmueble patrimonial, por más noble que sea, o para montarle una placa institucional con nombres y años de gestión, no justifica la mutilación de un sector entero de creadores. Respecto del daño grave al CRFIC, valga mencionar que el Variedades jamás ha sido casa del festival de cine; fue una sede más hace años, cuando el encuentro se llamaba distinto y tenía un perfil infinitamente menos robusto, competitivo y profesional que el alcanzado por el actual proyecto. Usar esa falacia nostálgica para desmembrarlo es tomarles el pelo a las 15.000 personas que asistieron de manera “gratuita” a la pasada edición.
Y he encomillado la palabra anterior porque no existe nada “gratuito”: existe la subvención estatal. Detrás de cada función en cualquier festival artístico hay años de formación, ensayos, insumos técnicos, maquinaria, tecnología y el pago justo a los trabajadores de la cultura, solo por mencionar algunos elementos. Se financia con los impuestos de la ciudadanía que labora y aporta al erario público. Es el esfuerzo de creadores retribuido por el Estado para el goce colectivo de un público que ya pagó su boleto fiscal vía tributaria. El Ministerio no es solo una máquina productora de eventos “gratis”. La labor del Ministerio de Cultura va mucho más allá, y de él dependen directa e indirectamente casi quinientas mil personas entre artistas, creadoras, artesanas, estudiantes y técnicas. Ignorarlas es no escuchar a una décima parte de la población.
La miopía de este desmantelamiento institucional se vuelve todavía más cínica cuando el propio Ministerio de Cultura y Juventud publica con bombos y platillos las películas seleccionadas para representar al país en los Premios Óscar y los Premios Goya. Para los Óscar competirá Si no ardemos como iluminar la noche, dirigida por Kim Torres y rodada en el Pacífico costarricense; para los Goya, la selección es Siempre soy tu animal materno, dirigida por Valentina Maurel. Ambas obras han cosechado grandes éxitos internacionales, pero, más allá de su palmarés, exponen de golpe el modelo de producción virtuoso y altamente rentable que la inversión pública estatal activa en la cultura del país.
Tomemos el caso de Si no ardemos como iluminar la noche, película que justamente se estrena esta semana en salas comerciales: mediante una inversión semilla de cerca de $40.000 a través del fondo concursable El Fauno, la producción logró apalancar capital privado y recursos internacionales por casi $600.000. De esa cifra total, más de $360.000 se invirtieron directamente en suelo costarricense. Esto se traduce en un multiplicador económico: por cada $1 invertido por el Estado, la película atrajo y generó cerca de $9 de inversión dentro de la economía nacional.
Por su parte, el caso de la obra de Valentina Maurel ilustra con la misma claridad el impacto a largo plazo de los fondos públicos. Su película anterior, Tengo sueños eléctricos, fue beneficiada en su momento por El Fauno con aproximadamente $60.000, generando un retorno traducido en una inversión de coproducción europea y fondos privados cercana a los $460.000: una relación de $7,7 invertidos en el país por cada dólar estatal. Gracias a esa sólida carta de presentación internacional y a la carrera consolidada de su directora, su más reciente producción ni siquiera requirió de los fondos concursables costarricenses, de los cuales no pudo participar por un asunto meramente administrativo; sin embargo, su bagaje permitió atraer directamente 500.000 euros en capital externo hacia el ecosistema creativo. Destruir los fondos locales y ahogar al sector es ignorar deliberadamente que la cultura no es un gasto asistencialista, sino una industria de alto rendimiento económico y diplomacia cultural.
Las temáticas de estas obras seleccionadas, profundos espejos de nuestras complejidades sociales, que abordan desde la potencia y los quiebres de las juventudes y los afectos hasta las violencias y los vínculos filiales en contextos periféricos, revelan exactamente de qué está hecho el tejido vivo de nuestra cinematografía. El cine nacional es una herramienta de interrogación crítica y de profunda sensibilidad humana.
No es casualidad que organismos multilaterales de peso global consagren al cine y a la diversidad de las expresiones culturales no solo como pilares fundamentales para el desarrollo sostenible y la cohesión social, sino como auténticos vehículos de entendimiento internacional, diplomacia blanda y pacificación comunitaria. Invertir en cultura es construir puentes de empatía que desarman la hostilidad y desactivan las violencias estructurales.
La paradoja final exhibe así el más absoluto contrasentido de la gestión actual: mientras la inversión pública en cultura, cuando se respeta y se articula con inteligencia, es reconocida por los estándares internacionales más exigentes como vector indispensable de paz, reactivación económica y mitigación de la violencia, el debate institucional desciende al fango del amedrentamiento de género y la prepotencia contra quienes crean. Una contradicción insostenible que quedó registrada cuando el propio jerarca de la cartera echó su cuerpo encima de una artista costarricense.
¿Es este el estándar de rigor técnico, decencia pública y visión de Estado que la administración aspira a legar a la cultura costarricense?