La amortización de la deuda cae 19,9%, pero el pago de intereses aumenta 6,9%; el Gobierno deberá financiar con deuda el 37,7% del presupuesto.
El Poder Ejecutivo presentó este martes el proyecto de Presupuesto Nacional para 2027 (expediente 25.754) por ₡12,419 billones, una reducción de ₡392.839,5 millones, equivalente al 3,1%, frente al presupuesto actual de 2026. La propuesta equivale al 22,3% del producto interno bruto (PIB) proyectado para el próximo año y llegará ahora a discusión de la Asamblea Legislativa.
La comparación que utiliza el Ministerio de Hacienda no corresponde únicamente al presupuesto aprobado originalmente para 2026, sino al presupuesto inicial más las modificaciones presupuestarias tramitadas hasta agosto, que en conjunto alcanzan ₡12,812 billones. Si se excluyen el servicio de la deuda, las inversiones financieras y las pensiones, el gasto propuesto para 2027 cae un 1%, de ₡6,160 billones a ₡6,096 billones.
Una parte importante de la reducción general responde a los movimientos en las obligaciones de deuda. Hacienda presupuestó ₡2,239 billones para amortizaciones, un 19,9% menos que en 2026, mientras que los intereses y comisiones subirán un 6,9%, hasta ₡2,745 billones. En conjunto, las partidas de amortización e intereses suman ₡4,968 billones, equivalentes al 40% del presupuesto.
Más de un tercio se financiará con deuda
Hacienda proyectó ₡7,739 billones en ingresos para 2027, un aumento del 2,3% o ₡175.010,5 millones frente a la revisión de ingresos de 2026. Esos recursos cubrirían el 62,3% del presupuesto, por lo que el Gobierno necesitará conseguir ₡4,681 billones mediante endeudamiento para financiar el 37,7% restante.
El impuesto sobre la renta aportaría ₡2,606 billones, equivalente al 21% del financiamiento total, mientras que el impuesto al valor agregado (IVA) generaría ₡2,456 billones, un 19,8%. Otros ingresos corrientes sumarían ₡1,462 billones y el impuesto a los combustibles aportaría ₡657.535 millones.
Según Hacienda, por cada colón que reciba el Gobierno durante 2027 gastará ₡1,60, de modo que deberá financiar mediante deuda los restantes ₡0,60. El Ministerio calculó además que las partidas destinadas a amortización e intereses representan un desembolso promedio de aproximadamente ₡13.800 millones diarios.
Pese a la necesidad de endeudamiento, Hacienda proyectó un superávit primario equivalente al 0,5% del PIB, indicador que excluye el pago de intereses y amortizaciones, y un déficit financiero del 4,4% del PIB. La presentación oficial muestra que el resultado primario disminuiría desde el 1% estimado para 2026, después de alcanzar un 1,9% en 2024 y un 1,5% en 2025.
Salud y Vivienda aumentan; Trabajo sufre el mayor recorte
Entre las instituciones, el Ministerio de Educación Pública (MEP) mantendrá la segunda asignación más grande, después del servicio de la deuda, con ₡2,752 billones, aunque el monto representa una reducción del 0,7% respecto de 2026. Los regímenes de pensiones recibirán ₡1,318 billones, prácticamente el mismo monto que durante este año.
El Ministerio de Salud registra uno de los mayores incrementos absolutos: su presupuesto pasaría de ₡402.572 millones a ₡598.083 millones, un aumento del 48,6%. El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, por su parte, pasaría de ₡11.405 millones a ₡205.783 millones, para un crecimiento del 1704,3%.
En sentido contrario, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social enfrentaría una reducción del 54,8%, al pasar de ₡694.271 millones a ₡314.106 millones. También disminuirían los recursos del Tribunal Supremo de Elecciones en un 24,3%, los de la Presidencia de la República en un 20,7%, los del Ministerio de Agricultura y Ganadería en un 4,5%, los de Gobernación y Policía en un 3,7%, y los de Cultura y Juventud en un 3,4%.
El Poder Judicial recibiría ₡530.973 millones, un 1,9% menos; Seguridad Pública, ₡350.451 millones, un 1,7% menos; y Justicia y Paz, ₡219.729 millones, un 2,5% menos. Obras Públicas y Transportes subiría un 1,5%, hasta ₡455.119 millones; Hacienda crecería un 1,2%; el Ministerio de la Presidencia un 16,8%; y Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones un 4,8%.
Gasto social crece pese a reducción general
Por finalidad, Hacienda calculó ₡5,509 billones de gasto social, equivalentes al 9,9% del PIB y un 4,6% más que en el presupuesto actual de 2026. Esa estimación agrupa los recursos destinados a vivienda y servicios comunitarios, salud, actividades recreativas, cultura y religión, educación y protección social.
La clasificación funcional asigna ₡2,559 billones a protección social y ₡2,479 billones a educación, mientras que orden público y seguridad recibiría ₡924.548 millones y salud ₡399.282 millones. Hacienda también proyectó ₡734.908 millones en gasto de capital, equivalente al 5,9% del presupuesto, mientras el gasto corriente alcanzaría ₡9,358 billones, o el 75,3%.
Entre las inversiones que el Gobierno destacó figuran trabajos en la Ruta 1, la carretera a San Carlos, el corredor Barranca-Limonal, el tren metropolitano, escuelas y colegios y delegaciones policiales. El proyecto también incluye ₡34.907,5 millones para mantenimiento y conservación de la red vial nacional y ₡31.663,9 millones para prevención social de la violencia y lucha contra el crimen organizado.
El proyecto también contempla ₡126.731,9 millones para el Programa Nacional de Nutrición y Desarrollo Infantil del Ministerio de Salud, así como ₡64.803,8 millones para alimentación estudiantil, transporte y becas por medio del MEP. Para Justicia y Paz aparecen ₡7.862,7 millones vinculados con la lucha contra el crimen organizado, la gestión del Circuito de Alta Contención y programas de prevención de la violencia.
Hacienda pide cambios a los diputados
La presentación con la que Hacienda explicó el proyecto incluyó además mensajes de contenido político dirigidos a la Asamblea Legislativa. En una de las diapositivas, el Ministerio tituló una lista de propuestas con la frase "38 diputados patriotas deberían".
Entre las acciones planteó revisar exoneraciones y transferencias a universidades y municipalidades, reducir instituciones, eliminar diferencias salariales entre empleados públicos, replantear destinos específicos, recortar alquileres y lo que denominó “pensiones de lujo”, combatir el contrabando y la subfacturación, y buscar financiamiento mediante eurobonos.
La Asamblea Legislativa deberá tramitar ahora el proyecto bajo los plazos especiales establecidos para el presupuesto nacional. La Comisión de Asuntos Hacendarios tiene como fechas límite el 20 de octubre para votarlo y el 25 de octubre para emitir dictamen, mientras que el Plenario deberá realizar el primer debate a más tardar el 27 de noviembre y el segundo el 29 de noviembre.